1993. Cimientos socialistas. La operación se gesta en 1991, con los socialistas Felipe González en el Gobierno central y Joaquín Leguina en la Comunidad y Agustín Rodríguez Sahagún en el Ayuntamiento (CDS). Sus primeros pasos llegan dos años después cuando el entonces ministro de Obras Públicas y Transporte, Josep Borrell, adjudicó el desarrollo a un consorcio liderado por el banco Argentaria (ahora integrado en el BBVA). El proyecto preveía cubrir las vías del tren y reformar la estación de Chamartín, y construir sobre 310.000 metros cuadrados propiedad de Renfe ocupados por vías y espacios muertos en el entorno de la estación. Ese año se constituye la entidad Desarrollo Urbanístico de Chamartín (Duch), participada por Argentaria (72%) y la inmobiliaria San José (27,5%).

1997. La operación empieza a andar. La «prolongación de la Castellana e integración de las áreas ferroviarias de Chamartín y Fuencarral» se integra en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) y los tres gobiernos –central, regional y municipal– y Duch firman un convenio para crear el consorcio urbanístico «prolongación de la Castellana» y que se constituya el Consejo Rector.

1999. Luz verde al primer trámite. La Comunidad de Madrid y el Consejo Rector acuerdan modificar el PGOUM.

2000. Denuncia ante la justicia. Los antiguos propietarios de los terrenos, a quienes expropiaron a mediados del siglo XX para construir la estación de Chamartín, llevan la operación a los tribunales. Piden revertir la expropiación, porque el plan general cambia el uso del suelo que la justificó.

2002. La burocracia avanza. El Gobierno regional (con Alberto Ruiz-Gallardón, PP) aprueba la modificación urbanística de prolongación de la Castellana, pese a las reticencias iniciales del Ayuntamiento (con José María Álvarez del Manzano.

2008.  Acuerdo entre administraciones. El Gobierno central (PSOE) y el local (PP), firman un convenio para la gestión y ejecución de la operación.

2009. Espaldarazo de la justicia. La Audiencia Nacional rechaza la demanda de las 1.100 familias expropiadas que pedían su reversión. El Ayuntamiento aprueba el plan parcial de prolongación de la Castellana.

2011. Fin aparente del periplo administrativo. El proyecto pasa por su último trámite en el Ayuntamiento antes de comenzar las obras.

2013. Un juez paraliza el plan. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula parcialmente el plan urbanístico por permitir construir rascacielos de más de cuatro alturas.

2015. Acelerón y frenazo. Las tres administraciones reforman el proyecto bajo el nombre Distrito Castellana Norte (DCN), con una inversión prevista de 6.000 millones de euros. En febrero el Ayuntamiento aprueba el plan para urbanizar más de tres millones de metros cuadrados y en abril el Tribunal Supremo ordena al TJSM revocar la nulidad de algunos aspectos del proyecto. Tras las elecciones y el cambio de Gobierno, el Ayuntamiento (Ahora Madrid) solicita revisar la edificabilidad y la reducción del coste de infraestructuras.

2016. Rebaja del proyecto y bloqueo. El Ayuntamiento plantea reducir a la mitad el área urbanizable (hasta 1,7 millones de metros cuadrados) y el número de viviendas a 4.600. En el pleno, junto al PSOE, rechazan la operación y Castellana Norte recurre la decisión.

2017. Borrón y cuenta nueva. El Tribunal Supremo confirma la sentencia que anula la Operación Chamartín de 2011, pero en julio el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y DCN alcanzan un preacuerdo.

2018. Acuerdo definitivo. Fomento, el Ayuntamiento y Distrito Castellana Norte llegan a un cuerdo en abril. El proyecto, revisado, prevé construir 10.500 viviendas y construir sobre 2,66 millones de metros cuadrados. En septiembre comienzan de nuevo los trámites administrativos.

2019. El proyecto llega al pleno. El proyecto ha recibido más de 3.200 alegaciones. Después de estudiarlas, el gobierno de Manuela Carmena quería llevar el proyecto a la comisión del ramo en febrero o marzo para aprobarlo en el pleno municipal antes de las elecciones de mayo. Los plazos se alargaron y el último informe preceptivo, emitido por la Comunidad de Madrid, llegó al Ayuntamiento el 20 de mayo, seis días antes del 26-M. Carmena desistió entonces de elevarlo al pleno y finalmente llega en la primera sesión del nuevo mandato, el 25 de junio.




Fuente: El Pais

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