Los decretos-leyes de carácter social aprobados por el Gobierno después de la convocatoria de las elecciones generales supondrán para las arcas públicas un gasto de 910 millones de euros, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En estas estimaciones están recogidas el coste la ampliación a ochos semanas del permiso de paternidad, el subsidio para desempleados de más de 52 años, la cotización de cuidadoras de familiares dependientes y las ayudas a familias con hijos a cargo.

La Airef ha revisado ligeramente a la baja su previsión de déficit público para el 2019, basada en la situación de prórroga de los presupuestos generales del Estado. Así, pasa del 2,2% al 2,1% del PIB, muy lejos en todo caso del objetivo oficial del 1,3% consensuado con Bruselas. Esta rebaja de una décima frente a la previsión del pasado mes de enero tiene que ver, explicaron desde el organismo que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas, porque la reducción de la recaudación tributaria ante la ausencia nuevos presupuestos es inferior al recorte en el gasto. Calculan que se han dejado de ingresar casi 3.000 millones de euros, vía impuestos, mientras que se reduce en unos 3.700 millones (incluidos 2.4000 millones en inversiones previstas inicialmente). Fuentes de la Airef insisten en que, en todo caso, ya a principios del 2019 habían tenido en cuenta las medidas de los ‘viernes sociales’, la subida de las pensiones, de los salarios de los empleados públicos así como las subidas de cotizaciones aprobadas a principios de año.





Por subsectores, la Airef espera que las corporaciones locales vuelvan a registrar un superávit del 0,5% del PIB, el desfase de la administración central será del 1% (cinco décimas menos que el año pasado), mientras que las comunidades autónomas repetirían el 0,2% (el objetivo es del 0,1%) y los fondos de la Seguridad Social tendrá un déficit del 1,4% (a distancia de la meta del 0,9%).

Sobre el comportamiento de las autonomías, el organismo que dirige José Luis Escrivá ve una “ligera mejoría” y considera que una docena de comunidades tienen probabilidades de cumplir con el objetivo del 0,1% de déficit del 2019. Catalunya, uno de los siete territorios con los presupuestos prorrogados, aparecen en el grupo de los cumplidores.




Fuente: LA Vanguardia

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