Una pancarta: “Cuidado con sus pertenencias no se lo dejen a la Iglesia”. Otra: “No nos damos por vendidos”. Y otra más. “14 inmuebles. Venta irregular. Arzobispado implicado”. Alrededor de 200 vecinos de Fusara se concentraron este domingo frente a la catedral de la Almudena de Madrid para pedir una reunión con el arzobispo Carlos Osoro. La razón es la venta de los 14 inmuebles en el centro de Madrid que pertenecían a Fusara, una de las 64 fundaciones que tutela la Iglesia en la Comunidad. Fusara responde a un acrónimo de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio, cuyo objeto es “educar a menores de edad carentes de medios económicos con enseñanza católica”. O dicho de otra manera: resulta de la fusión de dos fundaciones en 2008 que contaban con estos inmuebles, de cuya administración proveían fondos para sus dos colegios concertados y sus dos residencias.

En estos 14 bloques de pisos viven actualmente más de 200 familias en alquiler. Pero el pasado 30 de julio el patronato formado por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; la alcaldesa, Manuela Carmena; la delegada del Gobierno, Paz García Vera; el decano del Tribunal de la Rota, Carlos Manuel Morán, y dos sacerdotes de la capital, acordaron la venta de los inmuebles a 14 sociedades opacas por más de 70 millones de euros, tal y como desveló EL PAÍS el 17 de octubre.

Ahora, los vecinos han interpuesto una querella criminal contra algunos miembros del patronato por administración desleal, que todavía no ha sido admitida a trámite. Borja Buenafuente, de 41 años, fue uno de los primeros vecinos en recibir un burofax con la información y acudió esta mañana a manifestarse: “Recibí un burofax en septiembre donde se me decía que mi casero ya no era Fusara, sino una sociedad limitada”. ¿Por qué se han vendido estos inmuebles? “Preferimos gestionar oficinas a gestionar pisos”, cuentan fuentes del Arzobispado. 

La pasada semana la venta volvió a llegar a la Asamblea: «¿Ha autorizado el Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación y Juventud, la venta de los 14 inmuebles de Fusara?», preguntó el grupo socialista. «No», respondió la consejería. ¿Qué significa esto a niveles jurídicos? «La función del protectorado no es autorizar esa venta», cuenta un portavoz de la Consejería de Educación. «Nosotros no tenemos que autorizar nada, simplemente tenemos que velar por el fin fundacional. No es nuestra competencia. No es el fin del protectorado». Así es, pese a la contundencia de la respuesta. La ley de fundaciones de la región es muy laxa al respecto, un hecho que permite que numerosas fundaciones enajenen sus bienes sin ningún control previo: 

La ley de fundaciones de la Comunidad nació en 1998 y explica que, a la hora de vender el patrimonio de una fundación, se ha optado por un régimen flexible que consiste en la mera comunicación al Protectorado de tales negocios para su control a posteriori, en lugar del control ex ante. Es decir, todo lo contrario a la ley nacional que sí exige una comunicación al Protectorado antes de iniciar cualquier proceso de venta. ¿Por qué se aplica la ley autonómica y no la ley nacional? Porque estas fundaciones que tutela la Iglesia tienen su ámbito de actuación en Madrid. Si hubieran tenido en la capital y otras ciudades de España se le habría aplicado la ley nacional. «Con esta ley autonómica de Madrid no se está ejerciendo ningún control en las fundaciones. Ni antes, ni después de las ventas. Por eso se están produciendo tantas irregularidades. Hay que reformar esta ley cuanto antes», señalan fuentes jurídicas consultadas.

A esto también hay que sumar que cada consejería de la Comunidad de Madrid tiene su propio protectorado. A Fusara le corresponde la consejería de Educación porque esta fundación se dedica al ámbito educativo. Pero a la fundación Santísima Virgen y San Celedonio le corresponde la Consejería de Familia. Esta fundación, que también tutela la Iglesia, vendió la parroquia de San Jorge y una residencia de ancianos por 37 millones de euros a la Universidad de Nebrija en noviembre de 2018.  “La idea es crear una residencia de estudiantes, un campus y posiblemente hasta una facultad”, dicen fuentes de la Universidad.  Pero las 19 monjas, los 163 ancianos y los 29 trabajadores de la residencia tendrán que abandonar estas instalaciones de 18.512 metros cuadrados el 18 de noviembre de 2021. La Iglesia les ha prometido la construcción de una nueva residencia para todos ellos, pero todavía no ha comprado ningún terreno. 

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Fuente: El Pais

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