El gobierno de Manuela Carmena quiso modernizar la Policía Municipal, hacerla más consciente del respeto a los derechos humanos. Uno de esos intentos fue traer a Madrid un programa que en otras ciudades ha demostrado que reduce las identificaciones aleatorias racistas. Antes de implantarlo en el resto de la ciudad, puso en marcha un proyecto piloto en el distrito de Ciudad Lineal. El nuevo gobierno municipal, encabezado por José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Cs), se ha comprometido a eliminarlo. Las asociaciones de migrantes se han puesto en pie para luchar por sus derechos. «Es el momento de levantarnos y de trabajar para que este gobierno no toque ningún derecho más», proclama Cheikh Ndiaye, de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España.

El Programa para la Identificación Policial Eficaz (PIPE) nunca gustó a sectores mayoritarios de la policía, que se sentían cuestionados por el anterior gobierno municipal. El ensayo de siete meses, entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, fue un fracaso porque los agentes lo boicotearon. El protocolo para reducir el número de identificaciones racistas consistía en que los agentes debían cumplimentar unos formularios cada vez que identificasen o registrasen a alguien, con independencia del resultado. Después, deberían entregar una copia al ciudadano con información precisa acerca de sus derechos y de las vías de denuncia disponibles. De esta forma, las identificaciones deben estar justificadas y, como se ha demostrado en ciudades como Nottingham, se reducen las intervenciones policiales aleatorias basadas en la etnia de los ciudadanos.

El grupo municipal socialista ha convocado este viernes por la mañana en Lavapiés la reunión que supone el germen de un trabajo conjunto de representantes de asociaciones de personas que se ven afectadas a diario por el racismo. Para el portavoz socialista, Pepu Hernández, una medida de este tipo «da seguridad, tranquilidad, favorece la convivencia y genera más confianza en las actuaciones policiales» y contribuye a construir un Madrid «diverso, inclusivo, donde la convivencia sea esencial». Hernández ha denunciado el «desmantelamiento» del nuevo gobierno municipal de «cuestiones básicas para la defensa de derechos humanos». «Parece que la influencia de Vox está siendo muy importante en este Ayuntamiento», ha añadido.

Unir fuerzas

Después de este primer encuentro para conocerse y unir fuerzas, el movimiento asociativo de migrantes de todas las esquinas del mundo y, también, madres de hijos afrodescendientes, se ha citado para otra reunión la semana que viene. «Es algo que nos afecta a todos los colectivos y es el momento de levantarnos y de trabajar conjuntamente para que este gobierno no toque ningún derecho más», dice Ndiaye. «No vamos a permitir a este Gobierno de la derecha que siga privatizando derechos».

Elahí Mohammad Fazla, de la asociación Valiente Bangla, siente «dolor» cada vez que la policía le para después de 15 años de residencia en Lavapiés. «Como mi piel es negra, me piden la documentación. Es de vergüenza», lamenta. La comunidad bangladesí observa con «preocupación» los cambios que pueden venir con el nuevo gobierno.

Pagan impuestos como el resto, cotizan a la seguridad social, y se sienten madrileños. Pero ven cómo «en cualquier momento, en cualquier lugar», les para la policía. «Tengo potestad para reivindicar derechos», reivindica Ndiaye. «Uno es de donde se hace: yo nací en Senegal pero me hice aquí».

«Somos madrileños de pleno derecho», insiste Vladimir Paspuel, de Rumiñahui. «También queremos una ciudad segura, pero se nos termina culpabilizando a las minorías étnicas», denuncia. El PIPE, continúa «era un buen ejemplo para seguir instalándolo en otros distritos» y lograr «que no se identifique de forma violenta y arbitraria simplemente por la situación fenotípica».

La preocupación, el desasosiego, es la emoción que empapa el encuentro del tejido asociativo migrante. A Paspuel le inquieta que «cómo un puñado de concejales con actitudes antidemocráticas [en referencia a Vox] están escorando la política». «PP y Cs tendrán que decidir si se escoran a la extrema derecha o hacen una política de centro moderada, de facilitar la convivencia a todos los madrileños y madrileñas, de donde quiera que hayan venido», dice.

Frente a la intranquilidad, la acción. Los migrantes y españoles víctimas del racismo están decididos a hacer que su «voz se escuche». «Este es nuestro barrio, nuestra ciudad y nuestro país. Lo que queremos es vivir en paz», dice Paspuel. Todos están resueltos para impedir que se de ni un paso atrás.

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Fuente: El Pais

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