El informe de los letrados de la Mesa ha avalado este viernes que el Congreso suspenda «automáticamente» a los cuatro diputados independentistas en prisión preventiva. La decisión se ha tomado en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no del reglamento de la Cámara baja, según el documento. Fuentes de la presidencia de la Mesa explican que ahora se estudiará el escrito jurídico y la Mesa decidirá cómo se les apartará, aunque recalcan que no hay duda de que la suspensión de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez es ya un hecho. Hoy mismo perderán esa condición y serán suspendidos, añaden.

Los abogados han dejado en manos de la Mesa del Congreso «el alcance de la suspensión mientras dure la situación de prisión» de los diputados, incluida «la determinación del número de miembros de derecho de la Cámara» durante el tiempo que dure la suspensión, «a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta». Con esta consideración, los letrados dejan abierta la puerta a que se considere que el número total de diputados pase de 350 a 346, una decisión clave para votaciones como la de la investidura.

El debate sobre quién y cómo se debía tomar la decisión de suspender a los cinco parlamentarios encausados por el procés ha provocado esta semana un insólito pulso con intercambio de mensajes entre el Congreso, el Tribunal Supremo y la Fiscalía. Los letrados han concluido que la decisión corresponde a la Mesa de la Cámara y que se debe aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque el alto tribunal no citara este artículo en el auto del pasado 14 de mayo que remitió al Congreso con la intención de que pusiera en marcha la suspensión.

La Mesa del Congreso se vuelve a reunir a partir de las 12.30 de este viernes para debatir el informe a los letrados que PP y Ciudadanos rechazaron porque defendían que no era necesario y que la suspensión se podía acordar de forma automática.

La Fiscalía pidió el miércoles al Supremo que ordenara a las Cortes suspender de forma “inmediata” a los dirigentes independentistas recluidos. En un escrito registrado en el alto tribunal, la Fiscalía consideraba que el Congreso debía aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión de funciones de los cargos públicos procesados por rebelión que estén en prisión preventiva. El ministerio público argumentaba que este precepto es de “obligado cumplimiento” y el Supremo debía comunicarlo así a las Cámaras para que suspendiera a Junqueras, Turull, Rull y Sànchez, que obtuvieron escaño en el Congreso, y a Raül Romeva (ERC), senador.

El mismo miércoles, la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, trasladó al Supremo la responsabibilidad diciendo que «la función jurisdiccional corresponde al poder judicial» y envió un escrito en el que le reclamaba que «informara a la Cámara de las consecuencias de la aplicación de la ley procesal» sobre los cuatro diputados. La respuesta del Supremo situó de nuevo la decisión en el Congreso. El presidente del tribunal que juzga a los líderes independentistas, Manuel Marchena, envió ayer un escrito a Batet en el que rechazaba elaborar el informe solicitado por la presidenta sobre la posible aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). 




Fuente: El Pais

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