Los datos vuelven una y otra vez a lo mismo: la privatización de Madrid no cesa. Lo apunta Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), después de desgranar el informe de esa organización sobre la situación y evolución de la Atención Especializada en las Comunidades Autónomas de 2010 a 2019. Madrid es la región que lidera varios indicadores con esta tendencia, como el porcentaje de camas privadas sobre el total (27,72% en Madrid versus 5,13% en La Rioja) o el aumento de la frecuentación de las consultas de especialistas en la privada, 1,34 consultas por año y habitante (frente al 0,34 de Castilla y León).

Desde que se produjeron las transferencias de competencias del Estado a las Comunidades, “Madrid ha tenido una clara estrategia de privatizar el sistema sanitario público de una forma relativamente pausada”, alega Sánchez Bayle. El médico recuerda “picos” como los periodos de Gobierno de Esperanza Aguirre y la apertura de nueve hospitales de gestión privada: “Pero nunca ha habido descanso, ha seguido incrementándose las derivaciones a los privados o los presupuestos al grupo Quirón, por ejemplo”.

Entre los datos de la FADSP, están los de las pruebas diagnósticas de imagen. En 2017, las resonancias magnéticas oscilaban entre las 124,73 de Madrid y las y 31,69 de Murcia. Y el informe apunta que estos números “son difíciles de valorar porque se desconocen datos sobre la adecuación y/o sobreutilización de estas exploraciones [tanto en Madrid como en el resto de regiones]”. El pasado diciembre, otro informe de UGT sobre la Atención Especializada reflejó que en los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplicaba por tres el de la pública, según los datos del sindicato, que lo desgrano en varias áreas, como el concierto para pruebas radiodiagnósticas: aumentó un 333,2% entre 2015 y 2019; y, de entre los hospitales de la Comunidad de Madrid, la Fundación Jiménez Díaz es la que registraba mayor tasa en estas pruebas, 126,3 por cada 1.000 habitantes. Explica Sánchez Bayle que cada dato hay que verlo “en su contexto, porque no siempre son lo que parece a simple vista”.

Eso es lo que ocurre con la inversión en Atención Especializada sobre el total del gasto en Sanidad. En porcentaje, Madrid es la Comunidad que más destina (69,2%), sin embargo, según explica Sánchez Bayle, “no lo es teniendo en cuenta que esta es la segunda región que dedica menos dinero por año y habitante a la sanidad pública, y esta infrapresupuestación lleva ocurriendo muchos años”. Además, añade el médico, no siempre dedicar mucho dinero a la especializada es positivo: “En este caso significa que destina muy poco a la Atención Primaria, que requiere de una inversión fuerte y urgente porque es el primer peldaño de la Sanidad y tiene que funcionar bien”. Al otro lado, están Extremadura (56,1%), Castilla-La Mancha (57,1%) y Castilla y León (58,7%). «Estas tres últimas claramente por ser las que tienen una mayor dispersión geográfica y una red más extensa de Atención Primaria», apunta el texto.

Decisiones políticas

Los datos del informe de la FADSP no son los únicos que refrendan esta tendencia. De forma más o menos tangencial, numerosas decisiones políticas afectan al buen funcionamiento de la sanidad pública. Por ejemplo, el pasado octubre se detectó que el programa de detección precoz del cáncer de mama (Deprecam) llevaba paralizado nueve meses en la capital. Desde enero de 2019 y hasta el pasado octubre, ninguna mujer de entre 50 y 69 años recibió cita para hacerse la rutinaria mamografía en Madrid debido a un retraso en el convenio con las clínicas privadas que se encargan de las pruebas.

En ese sentido, el pasado verano, la plataforma Audita Sanidad denunció que la sanidad madrileña había adjudicado a dedo el 99,7% de sus contratos en 2016, de los 486.562 contratos que firmó, y que supusieron 1.402 millones de euros, solo 1.443 fueron por licitación pública, el resto, 485.119, fueron contratos menores, en los que no tiene que existir concurso ni publicidad, por 698 millones de euros. Poco después, esa misma organización publicó un informe en el que revelaban que en 2017 el 54,3% de los 1.965 contratos adjudicados por el procedimiento de contratación pública por la Consejería de Sanidad recayó en empresas relacionadas con lobbies sanitarios.

A veces, arguye el presidente de la FADSP, «los números ni llegan a ser tan negativos como la realidad que hay detrás». Habla del número de quirófanos existentes, que ha tenido poca variación —ha crecido en España un 0,01, pasando de 0,09 a 0,1—, pero que en Madrid se ha mantenido estable (0,1 por cada 1.000 habitantes). «Eso no es lo malo en este caso, aquí no es los que tienes sino los que usas y cómo los usas. Si tienes más quirófanos pero solo los abres de nueve de la mañana a dos y media de la tarde, es lo mismo o peor que si se abrieron los que ya están de nueve de la mañana a nueve de la noche», explica.

Uno de esos ejemplos es el Hospital Central de la Cruz Roja (HCCR), según la Federación denunció el pasado octubre, se encuentra en «una clara situación de infrautilización en su área quirúrgica que contrasta con la elevada lista de espera existente en la Comunidad de Madrid (80.013 pacientes según los datos de la Comunidad de Madrid en Septiembre de 2019) y con los 162.140 pacientes derivados a los cinco centros de gestión privada que tienen financiación pública en la Comunidad de Madrid». Este centro tiene nueve quirófanos, 42 camas quirúrgicas «con una ocupación que no llega al 50% la mayor parte del año. Y que en periodos de puentes o vacaciones se llegan a cerrar las 42».

«Lo de siempre», espeta Sánchez Bayle: «Es cuestión de decisión política». Algo que comparten sindicatos y organizaciones en defensa de la sanidad pública desde que comenzó esa privatización «paulatina, pero sin descanso» a la que hace alusión este médico. Guillén del Barrio, del MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad), lo refrenda: «Cuando hay determinadas formaciones políticas la tendencia es a privatizar, es lo que quieren, y se da dinero de todos a empresas privadas sobre las que además no se tiene control ni se vigila que hagan buen uso de esos recursos públicos. Una frase que se refleja en un sinnúmero de denuncias de sindicatos y organizaciones sobre diversos problemas como la aparición reiterada de ratas en los hospitales o uniformes y batas sucias, ambos servicios (lavandería y limpieza) externalizados. En resumen, para del Barrio, «el lobo está guardando al rebaño».

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Fuente: El Pais

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