Suspendido presidente tras presidente desde su aprobación en 1966, el título III de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida como la Ley Helms-Burton por los senadores que la impulsaron con el objetivo de a
sfixiar económicamente a La Habana, entró en vigor el jueves y ya se han presentado las primeras denuncias en los tribunales estadounidenses para intentar recuperar propiedades confiscadas por la revolución. La empresa de cruceros Carnival, con sede en Miami, ha sido el blanco de las dos primeras reclamaciones.

“El gobierno comunista nacionalizó, expropió y confiscó la propiedad y el control” los puertos comerciales de La Habana y Santiago cuando sus dueños y sus familias salieron de la isla en 1960, reza una de las denuncias presentadas ayer, que se basan en una ley de sanciones contra Cuba de 1996 que establece que está prohibido realizar tráfico en una propiedad expropiada. Carnival Cruises empezó a ofrecer cruceros a Cuba en el 2016 al calor del deshielo promovido por la Administración Obama y su vicepresidente, Roger Frizzel, dijo ayer que seguirán operando con su esquema horario habitual. En su web, se pueden contratar cruceros de cinco días desde Florida a Cuba por a partir de 299 dólares. La empresa había comunicado hace poco sus planes de ampliar las rutas para salir de Virginia y Nueva York.






EE.UU. calcula que podría haber hasta 200.000 reclamaciones por valor de miles de millones de dólares

Las denuncias han sido presentadas por dos ciudadanos estadounidenses de origen cubano. “Por primera vez en 59 años, una víctima americana de un robo del régimen de Castro puede estar ante ustedes legítimamente y reclamar sus derechos de propiedad y reclamar compensaciones de aquellos que están utilizando nuestros bienes”, dijo ayer tras presentar la denuncia Javier Garcia-Bengochea, un neurocirujano residente en Jacksonville cuya familia era dueña del puerto de Santiago.

El gobierno castrista robó las propiedades de su abuelo “a punta de pistola”, aseguró por su parte el representante de la otra familia demandante, Mickael Behn, en una rueda de prensa a la salida de los juzgados. “Sabían perfectamente” quién era el propietario de los puertos en La Habana. “Sesenta años después, al fin vamos a obtener justicia de aquellos que robaron nuestra propiedad y de aquellos que han estado usando nuestros puertos para sus propios negocios”, añadió Behn con lágrimas en los ojos. Durante todo este tiempo, los dueños de Havana Docks Company siguieron manteniendo juntas de accionistas ficticias con la esperanza de un día poder reclamar su propiedad.

La posición de las empresas de viajes es que el uso de ciertas propiedades está protegido por la ley, con o sin suspensión del título III. Las denuncias presentadas en Miami pondrán a prueba por primera vez en los tribunales esta interpretación de la ley. Teóricamente, podría haber muchas más denuncias. El Departamento de Estado calcula que hay hasta 200.000 reclamaciones no verificadas, valoradas en decenas de miles de millones de dólares.

Expertos juristas advierten que la ambigüedad de la ley, los cambios en las relaciones económicas y las dificultades para probar la propiedad de ciertos bienes podrían dar al traste sin embargo con muchas denuncias. Las dos presentadas contra Carnival están en manos del dos abogados, uno de ellos, Roberto Martínez, que se ha apuntado varias victorias importantes judiciales contra el gobierno cubano.








Fuente: LA Vanguardia

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