A José Luis Corchero, prejubilado de 63 años, le ha subido el alquiler casi 500 euros de un mes a otro. Pese a que sigue pagando cada mes su antiguo alquiler, este vecino de Torrejón de Ardoz asegura que se ha convertido en un “inquilino no deseado” para su nuevo casero, Fidere, la socimi del fondo de inversiones Blackstone. “Ahora quieren que pague más y le sume el IBI y un seguro de vivienda carísimo”, exclama indignado. “Lo que quieren es que nos vayamos”, concluye. El contrato de Corchero caducó el pasado 27 de julio y en su lugar recibió una propuesta de alquiler que se ve incapaz de asumir. Pese a ello, se niega a abandonar el piso en el que ya lleva viviendo cuatro años y que acondicionó para la silla de ruedas de su hijo, discapacitado tras un accidente de coche.

Corchero se ha dirigido este martes al Defensor del Pueblo enfundado en la camiseta naranja chillón del Sindicato de Inquilinas, plataforma de afectados por las subidas de alquiler. Una vez allí, junto a otros vecinos de barrios y pueblos de la periferia de Madrid que sufren su misma situación, ha presentado una carta ante el Defensor del Pueblo en la que exigen una renovación de sus contratos de alquiler.

Los vecinos aseguran que han ido recibiendo notificaciones que advertían que sus alquileres no iban a ser renovados, después de que Blackstone -la mayor inmobiliaria de España- comprara por debajo del precio de mercado sus bloques de viviendas. En su lugar, las distintas filiales del fondo de inversiones les ofrecieron un nuevo contrato con un precio que los inquilinos consideraban abusivo. En muchas ocasiones el nuevo alquiler llega a subir más del 80% que en el contrato anterior, según ha afirmado el Sindicato en un comunicado este martes. En el caso de Marco Trillo, también vecino de Torrejón de Ardoz, el nuevo arrendamiento que le ofrecieron superaba el 100% del anterior. En su bloque, el número 4 de la calle Juan Gris, ochenta familias permanecen sin contrato tras negarse a firmar los nuevos alquileres.

“Somos familias mileuristas. No pedimos que nos regalen nada, solo que nos den un alquiler justo”, explica Azucena Quesada, de 30 años y que asegura que ni Blackstone ni su filial Fidere, que compró su piso hace tres años, han querido sentarse a hablar con ella. Con dos hijos y dos trabajos, esta gestora de cobros por el día y camarera en una coctelería por la noche advierte que su antiguo contrato de alquiler aún no ha espirado, pero sí el de otros vecinos de su edificio. Por eso ahora se han sumado a la campaña Madrid contra Blackstone del Sindicato de Inquilinas, en el que demandan que los alquileres se negocien de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos y se estipulen según el Índice de Precios de Consumo (IPC). Revalorizar según el IPC un contrato de 2015, como es el caso de Quesada o de Corchero, supondría una subida del 4% del antiguo alquiler.

Carteles de la nueva campaña del Sindicato de Inquilinas: «Madrid vs Blackstone». A. Ponce

El contrato de alquiler de Andrés García, de 44 años y autónomo, concluye el 3 de octubre. Denuncia que al igual que los vecinos de su bloque de viviendas, situado en la Avenida de la Segunda República en Getafe, aún está a la espera del siguiente burofax de Blackstone. “Te avisan con poca antelación, para que no te dé tiempo a reaccionar”, critica. Su piso, que perteneció a un plan de vivienda joven de la Comunidad, ahora está en manos del fondo de inversiones. “En agosto recibimos una notificación que me decía que podía comprar mi piso por 160.000 euros, sin darme opción a seguir de alquiler”, critica.

Fue entonces cuando habló con el resto de inquilinos del edificio y enviaron una respuesta pidiendo negociar un alquiler “realista”. Su ejemplo lo han seguido también otros bloques de vecinos en el barrio de Carabanchel, Vallecas y de los municipios de Móstoles y Tres Cantos. Aún no han obtenido respuesta. García cree que su alquiler subirá a un precio desorbitado, pese a vivir en Getafe y no en el centro de Madrid. “Me van a hacer irme a Toledo. ¿Y luego, cuando suba el precio allí también, qué?”.

Para Javier Gil, uno de los portavoces del Sindicato “o se está con las familias y el artículo 47 de la Constitución o se está con Fidere y los Fondos Buitre”. Así lo sentenció este martes el joven activista ante la puerta del Defensor del Pueblo, mientras sus compañeros lo grababan para las redes sociales. La plataforma lleva meses pidiendo que Blackstone se siente a negociar con ellos, pero hasta ahora no lo han logrado. «Sabemos que la batalla será larga y que no lo tenemos nada fácil, pero también cada vez somos más quienes pensamos que la situación es insostenible y que son luchas como esta las que cambian leyes y ciudades».

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Fuente: El Pais

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