Después de una jornada caótica, con 41 estaciones del metro destruidas, 308 detenidos, 156 policías lesionados y al menos una docena de civiles heridos, Santiago de Chile amaneció este sábado destruido en distintas zonas y bajo el control de los militares. El Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) acudió al Ejército para tomar el control de la ciudad, tras la violenta jornada del viernes, con protestas contra el alza del precio del metro, que se desbordaron con el paso de las horas. Incendios de autobuses, coches, bancos, sedes de compañías multinacionales como Enel y saqueos de tiendas y supermercados en diferentes zonas de la capital. Las autoridades del Ejecutivo se mostraron desbordadas y la clase política, en general, sin respuesta ante un fenómeno de descontento profundo que trasciende el alza del boleto del subterráneo.

 Con el decreto de Estado de emergencia, que restringe para los ciudadanos la libertad de traslado y de reunión por 15 días, el Ejército toma el control de buena parte de la Región Metropolitana de Santiago, bajo las órdenes del presidente. Esta medida no había sido utilizada en Chile desde la dictadura, salvo con ocasión de desastres naturales, como el terremoto de 2010, cuando la socialista Michelle Bachelet recurrió a ella para controlar el desorden público en el sur del país. En esta ocasión, no resulta evidente si los militares y carabineros lograrán controlar las manifestaciones y la violencia. Este sábado, se replicaban las protestas y los enfrentamientos en dos puntos neurálgicos de la ciudad –plaza Baquedano y plaza de Maipú– y las manifestaciones de descontento por medio de cacerolazos y bocinazos de coches se contagiaban en otras regiones del país.

 Las entradas masivas de usuarios saltando los accesos del metro sin pagar comenzaron la semana pasada, en paralelo al alza del precio del pasaje (de 1,13  a1,17 dólares), pero las movilizaciones se agudizaron entre el jueves y el viernes. Una de las principales críticas al Gobierno apunta a su poca capacidad de anticipación ante el fenómeno, junto con una respuesta que se enfocó, sobre todo, en lo policial. Recién en la madrugada del sábado, cuando Piñera anunció el estado de emergencia desde La Moneda, se abrió a un “diálogo transversal” para dar respuesta a la subida del precio del metro de la capital, que transporta a 2,8 millones de personas a diario. Hasta ahora, sin embargo, no ha querido revertir los aumentos de precio del transporte.

 La red de metro, uno de los mejores símbolos del país por su orden y buen funcionamiento, ha cerrado por completo durante el fin de semana y no es seguro que abra el lunes. El reciente aumento del pasaje que desató las protestas fue de 800 a 830 pesos en horario punta (1,13 a 1,17 dólares), pero se trata de la vigésima alza de los últimos 12 años. Cuando se inauguró el sistema de transporte público Transantiago en 2007 —actualmente rebautizado como Red Metropolitana de Movilidad— el precio era de 420 pesos (0,59 dólares). Aunque está subvencionado casi en la mitad, se trata de los más altos de la región, por encima del de Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. Los sueldos no han ido de la mano con el aumento del precio de transporte ni de la vivienda, que subió en Santiago un 150% su valor en la última década.

 Chile no ha acabado de resolver algunos de sus problemas estructurales. Existe consenso en que el sistema de pensiones requiere de una transformación profunda, porque son bajísimas respecto del nivel de vida que tienen los ciudadanos en su etapa activa. Ningún Gobierno en 30 años ha sido capaz de levantar la educación pública, destruida en la dictadura. Los medicamentos son significativamente caros, en relación no solo a la región, sino incluso a Europa. Un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensualmente y 11 millones de chilenos tienen deudas, según cálculos de la Fundación Sol. Los recientes escándalos de corrupción entre los Carabineros y el Ejército se suman a una larga lista de instituciones desprestigiadas frente a la sociedad, como el Ministerio Público, el Congreso, los partidos políticos y la Iglesia católica, donde el papa Francisco tuvo que hacer una limpia histórica por los escándalos de abusos contra menores.

El descontento de la sociedad chilena todavía no se analiza con la profundidad necesaria ni por las autoridades políticas ni por el mundo intelectual. Parece distinto al de 2011, cuando los estudiantes salieron a las calles en demanda de educación gratuita y de calidad, en el primer Gobierno de Piñera (2010-2014). Hace ocho años, se trataba de un movimiento organizado que tenía una clara agenda de reivindicaciones, liderado por los dirigentes estudiantiles que actualmente son diputados. En esta oportunidad, en cambio, se trata de una explosión difusa y múltiple –como explica el sociólogo chileno Eugenio Tironi–, que busca transgredir las normas que parecen naturalizadas y que hacen funcionar una sociedad de mercado como la chilena. No se trataría de una interpelación al sistema ni al modelo económico ni con los clásicos patrones de la derecha y la izquierda, sino con una indignación profunda hacia los grupos privilegiados.

 Lo ocurrido este fin de semana representa un reto político para los dirigentes de todos los sectores de un país como Chile, que presume de su estabilidad, de su crecimiento y de la fortaleza de sus instituciones desde el regreso a la democracia en 1990. También un desafío en materia de seguridad. El presidente Piñera, que hace un par de semanas indicaba que Chile era una especie de “oasis” en una América Latina convulsionada, en breve será el anfitrión de dos importantes cumbres mundiales: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en noviembre, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en diciembre.




Fuente: El país

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