La segunda jornada de declaraciones testificales que ha tenido lugar en el Tribunal Supremo con motivo del juicio del procés ha tenido tres principales protagonistas: el lehendakari Iñigo Urkullu, la alcaldesa Ada Colau y el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido.

En el fondo, dos asuntos motivaban su presencia en este proceso, los sucesos del 20-S y del 1-O por parte de la edil y el exdirigente gubernamental, y la labor de mediación que el presidente vasco llevó a cabo entre el Gobierno de Rajoy y el de Puigdemont.


Íñigo Urkullu



Iñigo Urkullu
ha sido el primero en testificar para relatar con fechas exactas cada uno de sus contactos con Rajoy y miembros de su gobierno, y con Puigdemont y alguno de sus consellers o personas del ámbito social. Ha desvelado que fue el expresident quien le pidió que ejerciera esta labor y que se reunió con él en junio y en agosto. También se vio con Rajoy y con Santamaría y mantenía siempre una comunicación asidua con ambas partes. Su impresión era que ni Puigdemont quería declarar la DUI y prefería elecciones, y que Rajoy no quería aplicar el 155.





Tras los acontecimientos del 20-S ante la sede de Economia, el lehedakari avisó a Rajoy “que las cosas no debían seguir de la manera en que se producen, que todo se estaba yendo de las manos y había que medir mucho los pasos para no provocar fractura social”. Rajoy le contestó que, “en lo posible, haría lo mínimo y cuidaría lo máximo en todo aquello que se hiciera”.

En esa labor de mediación, propuso una metodología de trabajo. Presentó “cuatro o cinco propuestas” propuestas al Govern y al Gobierno central hasta que se aprobaron las leyes de desconexión en el Parlament. Eran propuestas de “diálogo, negociación, distensión” para “llegar a tres meses de distensión”. Propuso nombrar dos equipos formados cada uno por tres personas con “derivadas” como “que no hubiera DUI ni aplicación del 155 de la Constitución”. Además, las propuestas “tenían que llevar a declaraciones concordantes y encadenadas entre el Gobierno y la Generalitat”.

El 10-O, cuando se proclama y se suspende la DUI, Urkullu ha relatado que Puigdemont no quería hacer la declaración de independencia y así lo constató antes, durante y después del pleno. Y llegados al 26 de octubre, el expresident le comunicó que “ante la gente que se manifestaba fuera, que se estaba rebelando, y la presión en el grupo de JxSí, no podía convocar elecciones”. “Puigdemont me requería garantías” de que no se aplicaría el 155 “y yo le decía que no podía dar ninguna garantía”.


Gabriel Rufián


El diputado y portavoz de ERC,
Gabriel Rufián
ha declarado por considerarse pertinente su testimonio de los hechos ocurridos el 20 de septiembre, un día en el que estuvo presente en el lugar. Al respecto, ha tratado de rebatir el cargo de rebelión por esos hechos: “Me chirría que aquello fuera un tumulto, una rebelión. Yo me fui a merendar y dudo mucho que en una rebelión pueda uno salir a merendar”, ha espetado a preguntas de la defensa. Ha explicado que aquel día llegó a la Conselleria y vio a mucha prensa, guardias civiles, Mossos d’Esquadra y mucha gente, y que se enteró de que “estaban deteniendo a compañeros nuestros” delante de sus hijas. “El pueblo de Catalunya entiende que es tremendamente injusto que se detenga a gente frente a sus hijos a la cara”.





Con respecto al 1-O, Rufián ha relatado que vio “imágenes de policías y guardias civiles apaleando a señoras mayores frente a colegios electorales”. Y sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquel día, ha apuntado que no esperaban “que fueran a ser tan salvajes”.


Albano Dante Fachin


El exdiputado
Albano Dante Fachin
también ha sido llamado a declarar como testigo por haber estado presente en los sucesos del 20-S. Ha comentado que acudió frente a la conselleria de Economia por la mañana y se marcho a mediodía. “Cuando llegué había periodistas de Antena 3 y Telecinco subidos encima de los coches de la Guardia Civil, las fotos están ahí”, ha explicado.

El exdirigente de Podem ha asegurado que se “podía entrar y salir gente de manera bastante normal” y ha puesto como ejemplo el hecho de que es fumador. “Estaba fumando al lado de los agentes de la Guardia Civil y le pregunté a uno de ellos si les molestaba el humo”, ha relatado. Así que “la única preocupación que percibí y que podía ser motivo de molestia para los agentes de la Guardia Civil era que les molestara el humo de mi cigarro”. Fachin ha aclarado que no lo decía con ánimo de hacer ninguna broma sino porque “cuando se oyen descripciones, lo comparo con esa experiencia propia y real de casi respeto entre personas”.






Ernest Benach



Ernest Benach
ha tenido que responder a muchas preguntas técnicas de la Fiscalía y de la defensa de Carme Forcadell sobre la forma de actuar del Parlament, de la Mesa, de la junta de portavoces, los letrados y la secretaría general a la hora de tramitar las propuestas legislativas y establecer el orden del día de los asuntos a debatir en la cámara. La Fiscalía y la Abogacía han tratado de sonsacar del expresidente del Parlament de quién es la responsabilidad última de los asuntos que se tratan en pleno y si se puede rechazar iniciativas legislativas por no ser competencia autonómica.

“La aprobación (del orden del día) como concepto no me lo había planteado nunca”, ha comentado, pero ha reconocido que “quien tiene la responsabilidad última de los temas es el presidente del Parlament”. Benach ha querido matizar que “cada legislatura es un mundo” y que “en las anteriores a la que nos ocupa las cosas funcionaban muy distintas”. De esta forma, él nunca se planteó no admitir a trámite algo de lo prefijado y, en el caso, “hubiese hecho exactamente lo mismo que la señora Forcadell”, ha garantizado. Pero “eran momentos políticos muy distintos” y nunca vivió la experiencia de tener que situarse en contra del dictamen de los letrados. “No se dio nunca el caso”.






Ada Colau


La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau
, ha dado cuenta de un informe del Ayuntamiento en el que se señala que los servicios municipales no apreciaron daños materiales significativos en al manifestación frente a la conselleria de Economia y únicamente tuvieron que poner más vallas “para garantizar la movilización pacífica”. Su declaración se ha centrado en los hechos del 20-S y del 1-O. Del primero ha señalado que “la situación era muy preocupante y de gran alarma social” hasta el punto de tener una “sensación de estado de excepción” ya que se “producían situaciones que no habíamos visto en democracia”. Aunque ella no estuvo allí, sus compañeros del Gobierno municipal le informaron de manera permanente: “Todo lo que me referían es que había un comportamiento muy cívico por mantener la calma”, ha comentado.

Sobre el 1-O, Colau ha explicado que la noche antes fue a visitar varios colegios, “como ciudadana y como madre” y que fue a votar. “Al día siguiente estaba haciendo cola para ir a votar” hasta que “entonces empezaron a llegar guardia civiles, se vieron imágenes horribles de cargas policiales, que alteraron completamente la jornada”, ha relatado. Aunque el 1-O “fue organizado por la gente, por la ciudadanía autoorganizada”, estuvo manchado por las “imágenes de cargas policiales brutales”. Ante estas circunstancias, decidió llamar al delegado del Gobierno, Enric Millo, para exigirle que pararan estas acciones.





Colau ha reconocido que después de que el Tribunal Constitucional anulara el decreto de convocatoria del referéndum se reunió con el expresident Puigdemont y ambos entendieron que esa suspensión se limitaba a los “efectos jurídicos” de los resultados de la consulta, no a los “derechos políticos” para celebrarla, cosa que impulsaron. Ha explicado que en ese encuentro Puigdemont y ella estuvieron de acuerdo en “dar apoyo político” a la convocatoria para “no poner en riesgo penal a ningún funcionario”. “Queríamos que todo el mundo tuviera la tranquilidad para que se pudiera votar con normalidad. Entendíamos que la suspensión como tal era en sus efectos jurídicos, pero no estaban suspendidos los derechos políticos”, ha remarcado. De forma rotunda ha señalado que si lo que se está juzgando en el Supremo es la celebración del referéndum, también deberían estar sentadas en el banquillo “millones de personas”.


Juan Ignacio Zoido



Juan Ignacio Zoido
ha abierto el turno de tarde en el salón de plenos del Tribunal Supremo en una testifical clave para analizar el papel de los distintos cuerpos policiales durante la jornada del 1-O y la coordinación entre el Gobierno central y la Generalitat. Tanto es así que el testimonio del exministro de Interior se ha estirado unas dos horas y media.





En él, Zoido ha detallado que el contingente de la Policía Nacional y Guardia Civil destinado a Catalunya en el marco de la Operación Copérnico alcanzó, en su punto máximo, los 6.000 agentes. Agentes que, inicialmente, venían de “refuerzo y auxilio” a los Mossos. Un papel, a priori secundario, que según el exministro cambia cuando se constata la “ineficacia de otros cuerpos”, en clara referencia a la policía autonómica catalana.

En este sentido, Zoido ha subrayado que “el dispositivo de los Mossos era claramente insuficiente ante un referéndum declarado ilegal”. De hecho, a juicio del exalcalde de Sevilla, “si los Mossos hubiera movilizado su número habitual de 12.000 agentes en convocatorias electorales y no los 6.000 o 7.000 que movilizó, todo hubiera sido distinto”. A raíz de ello, Zoido ha señalado al mayor de los Mossos: “El señor Trapero no era muy colaborador, no le gustaba ser coordinado por el señor de los Cobos y mostraba reticencias”.

Siguiendo el hilo del operativo policial del 1-O, la pregunta clave que más han repetido las defensas ha sido quién daba las órdenes policiales durante la jornada del referéndum. “Los operativos, yo no daba las órdenes de lo que tenían que hacer”, se ha excusado Zoido, para descargar toda la responsabilidad en en su secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y en el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos –que declararán la semana que viene. “Los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado son profesionales y saben lo que tienen que hacer en cada momento”. “Yo he tenido por costumbre no entrar a diseñar ni valorar los dispositivos policiales, como los otros ministros”, ha agregado, en referencia a las mismas palabras que usó Rajoy el miércoles.

Finalmente, y cuestionado sobre las cargas policiales del 1-O, Zoido ha justificado la actuación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que “se encontraron ante concentraciones de personas que posteriormente se ha demostrado que estaban organizados”. “Los agentes tuvieron que hacer un uso racional y proporcional de la fuerza en algunos momentos”, ha zanjado.




Fuente: LA Vanguardia

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