Los presidentes autonómicos han propuesto este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, distintos ritmos en la desescalada en sus respectivas regiones, en una reunión por videoconferencia en la que unos presidentes han pedido moderación y prudencia y otros un acortamiento de plazos.

El proceso de desconfinamiento ha centrado buena parte de la undécima reunión dominical, que ha analizado además otras demandas de planes específicos para la reactivación de la economía y del turismo, y de financiación, a lo que el Ejecutivo ha respondido afirmando que en junio se entregarán a las autonomías 6.000 de los 16.000 millones del fondo contra la covid-19.

En ella, según han revelado varios ejecutivos autonómicos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado que «si nada se tuerce» muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma «en los próximos días» y la totalidad del país recuperará la movilidad a finales de junio o principios de julio.

La Comunidad de Madrid, que mañana pasará a la fase 1, ha reclamado celeridad en el proceso de desescalada y para ello su presidenta Isabel Díaz Ayuso ha solicitado aplicar medidas de las fases 2 y 3, como abrir centros comerciales al 40%, la vuelta progresiva a las empresas y flexibilizar horarios de los paseos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha pedido plena colaboración para que la elecciones vascas del próximo 12 de julio se desarrollen con seguridad y plenas garantías, ha instado a levantar la emergencia sanitaria en la región al considerar que Euskadi «ha superado lo peor de la crisis».

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha anunciado que pedirá que toda la Comunitat pase a la fase 2 de desescalada a partir del 1 de junio, después de que, tras la recomendación de prudencia que hicieron los técnicos la semana anterior, los indicadores hayan señalado que esta autonomía «va en la buena dirección».

Más crítico se ha mostrado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ha reprochado al Gobierno su «falta de sensibilidad» al volver a dejar a Granada y Málaga una fase por detrás del resto de su territorio y se ha cuestionado si el final de la alarma en las distintas autonomías se hará también «a la carta».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que Galicia pueda salir del estado de alarma una vez que concluya la fase dos, en la que entrará a partir de mañana lunes; y ha vuelto a reclamar que los gallegos puedan desplazarse libremente entre las cuatro provincias.

En este sentido se han pronunciado también el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que, además de pedir que se permita la movilidad entre las dos provincias extremeñas, ha propuesto que se amplíe a provincias de otras autonomías que estén en la misma fase.

También el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que, tras respaldar al Gobierno en la decisión de prorrogar el estado de alarma y defender a ultranza todas las prórrogas del confinamiento, ha planteado que se autorice la movilidad de los ciudadanos entre las provincias de una misma comunidad una vez se acceda a la fase 2.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, considera que la pandemia económica puede ser «más grave» que la sanitaria, de ahí que sea partidario de adelantar los plazos, siempre que sigan los datos positivos, de cara a recuperar cuento antes la economía.

Otra visión bien distinta llega desde Asturias, donde el jefe del Ejecutivo del Principado, Adrián Barbón, ha defendido la necesidad de mantener el estado de alarma «como mínimo» hasta finales de junio para evitar que los desplazamientos entre comunidades en distinta fase de desescalada pueda provocar rebrotes.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la «prudencia» para hablar de desescalada y de la asimetría en el estado de alarma, aunque ha avanzado que pedirá que la comarca leonesa de El Bierzo y otras zonas básica de salud rurales puedan adelantar su fase 2 al 1 de junio.

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, tampoco se plantea dejar el estado de alarma, que en su comunidad espera que se culmine a finales de junio o principio de julio, coincidiendo con el fin de la desescalada, y ha sopesado la opción de acogerse a la posibilidad de ampliar el aforo permitido en terrazas y el interior de los bares hasta el 50 % frente al 40% previsto en un principio.

La misma decisión que han tomado los presidentes de Murcia y Aragón, Fernando López Miras y Javier Lambán, respectivamente, quienes han anunciado que ambas regiones permitirán en la fase 2 de la desescalada el aforo máximo permitido de hasta el 50 por ciento en hostelería, el máximo de la horquilla de entre 30 a 50 que permitía el gobierno central.

Desde Cataluña la demanda que realiza el presidente Quim Torra al Gobierno ha sido principalmente económica: en concreto exige 13.000 millones de euros, 9.000 por deudas históricas acumuladas y 4.000 por los gastos extraordinarios por la crisis de la COVID; y ha vuelto a insistir en que se opondrá a la prórroga del estado de alarma mientras no devuelva competencias a Cataluña.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha reclamado la adopción de medidas urgentes para la reactivación de sectores económicos fundamentales como la automoción, la vivienda y el turismo.

Su homóloga en el Govern de Baleares, Francina Armengol, también considera crucial impulsar el turismo, de ahí que haya solicitado recursos estatales para reducir el precio de los billetes de avión para favorecer los viajes nacionales al archipiélago.

El presidente canario, Víctor Ángel Torres, ha destacado la importancia de que se reactive el sector del turismo a partir de julio, cuando comenzarán a llegar turistas a España, pero remarca que se haga con «todas las garantías».




Fuente: Agencia Efe

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