«¿Dónde está Woody?», se preguntaban los seguidores de Toy Story el pasado 28 de marzo en redes sociales. Disney España acababa de estrenar el último tráiler de la cuarta entrega de la saga. El personaje aparecía en el avance, pero no sonaba como siempre.

De tantas protestas, el nombre del famoso vaquero animado se convirtió en trending topic en Twitter. Faltaba su voz habitual, que es la de Óscar Barberán. El actor sigue sin firmar un acuerdo para participar en el filme que llega en junio a las salas de cine españolas. Otro intérprete le ha sustituido

La razón principal para esta falta de entendimiento es el enorme contraste entre su sueldo y los ingresos que genera una de estas superproducciones. Toy Story 3 recaudó en España en 2010 más de 30 millones de euros. Él cobraría por este trabajo, o por ser la voz principal de una película de superhéroes, cerca de 1.000 euros brutos, explica Barberán a EL PAÍS.

«Según el convenio de nuestra profesión, es lo que le corresponde a un actor de doblaje como protagonista de una película así. Por participar en ese tráiler, recibiríamos menos de 100 euros», asegura. El Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid (ADOMA) confirma que esas cifras son muy similares en todo el país.

Disney España afirma que José Luis Gil, el Juan Cuesta de la serie Aquí no hay quien viva, ya ha cerrado su participación para volver a ser Buzz Lightyear. Pero no Barberán. “Yo propuse una cifra hace tiempo para estar en la película y no he recibido respuesta”, comentaba el Woody español horas después de que apareciera el tráiler de Toy Story 4.

Tras meses de silencio, la compañía se ha puesto en contacto con él para discutir su participación en la cinta, horas después de que este periódico preguntara por los sueldos que pagan a sus actores de voz en proyectos como este o la recién estrenada Dumbo. El estudio ha declinado en estos días dar declaraciones al respecto.

El intérprete catalán, como tantos otros compañeros, se ve obligado a negociar él mismo su contrato. Los intérpretes que resultan un reclamo publicitario por ser conocidos en televisión logran cachés más elevados. La gran mayoría de profesionales, en cambio, tienen que aceptar esas condiciones. “Es eso o nada. No tenemos representantes que protejan nuestros intereses”, dice. Su lucha no es solo contra Disney, sino contra la situación general de su profesión.

Óscar Barberán, en un estudio de grabación de Barcelona. La Fotográfica

El proceso de doblaje de un largometraje de estar características suele llevar 4 o 5 jornadas completas de grabación en un estudio, pero no son proyectos que lleguen cada día. Una solución para Barberán sería que todos los intérpretes “cobraran en función del número de salas en las que se va a estrenar la película en la que trabajan”.

Pero las majors, incluidas Warner o Universal, delegan el doblaje a estudios de grabación como SDI Media o Deluxe 103, que suelen ser el único interlocutor posible para los actores. “Si hay un caché que se salga del convenio, se consulta al estudio de cine, que toma la decisión final”, cuentan desde una de estas empresas, que también rechazan comentar sobre los sueldos del sector.

Según Adolfo Moreno, presidente del sindicato ADOMA, “cada vez es más común” exigir a los actores en su contrato de trabajo que cedan los derechos de su voz para muchos otros usos al margen de la película por el mismo sueldo o, en el mejor de los casos, una ligera subida. En ellos se llegan a incluir los productos comerciales, como juguetes y muñecos de los personajes principales que se venden en miles de tiendas del país, o los tráileres promocionales, que acumulan cientos de miles de reproducciones en Internet a cambio de entre 50 y 300 euros extra.

Los problemas de otros profesionales del doblaje de Europa con los grandes estudios son similares. El alemán Marcus Off, que ponía voz a Johnny Depp en la franquicia de Piratas del Caribe, llevó a Disney a los tribunales por una reclamación muy parecida a la de sus colegas españoles. Tras años de litigios, logró en 2016 recibir una cuantía muy superior a la estipulada en su convenio. “Si algo así ocurriera en España, el actor tendría muchos problemas para seguir trabajando. Ganaría una batalla, pero perdería la guerra”, asegura Moreno.

Óscar Barberán sigue encarnando a Tadeo Jones y ha sido habitualmente la voz española de Keanu Reeves. Desde 2017 se encuentra prácticamente fuera del doblaje por voluntad propia. Prefirió montar con otros dos compañeros de profesión Poldorf, su propio estudio de grabación.

Historia de un colectivo dividido

Una de las sesiones de doblaje en un estudio de sonido de Barcelona.
Una de las sesiones de doblaje en un estudio de sonido de Barcelona. Joan Sánchez

¿Cómo es posible que el gremio de los actores de voz mantenga sueldos muy similares a los de los años 90? La ausencia de un convenio laboral que se aplique en toda España es una de las causas. También una de sus eternas demandas sin resolver.

Cada comunidad autónoma tiene sus propias tarifas y las de estudios de grabación situados fuera de las grandes ciudades son incluso inferiores a esos 1.000 euros brutos por película.

Los profesionales de Madrid y Barcelona fueron a una huelga en 1993 que duró más de 100 días. Luchaban contra lo que llamaron en su día “un caso de competencia desleal” que apenas ha cambiado desde entonces.

“Ese parón no salió bien y dejó heridas dentro del sector que tardaron mucho en cicatrizar. Lograr un convenio estatal sigue siendo una asignatura complicada. Las empresas que forman la patronal no ayudan porque no crean una patronal de ámbito nacional con la que negociar. Así pueden seguir derivando trabajo a regiones donde se paga menos”, cuenta Moreno.

Consultados varios de esos estudios, ninguno de ellos da una explicación a la ausencia de una asociación nacional que unifique las condiciones de trabajo en todo el país.

En Madrid, tras una nueva huelga en 2017, se consiguieron mejorar ligeramente las tarifas. Pero siguen siendo muy similares a las de entonces, por lo que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector ha sido enorme en estos 26 años.

«En Barcelona optaron por otra estrategia y siguen a la espera de que el Tribunal Supremo falle sobre la validez o no de su convenio autonómico”, explican desde los sindicatos. Para ellos, su lucha diaria ni siquiera se centra en subir los cachés, sino en que las empresas cumplan con un convenio que es del siglo pasado, “algo que no siempre ocurre”, lamentan.




Fuente: El país

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