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La sombra de la doctrina Messi

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Los asesores fiscales se quejaron ayer de que Hacienda se está “apoyando” en la sentencia del Tribunal Supremo contra Leo Messi –en la que los jueces expresaron su “extrañeza” por que ni la Fiscalía ni la Abogacía
del Estado hubieran señalado a los que asesoraron al futbolista– para aumentar las denuncias contra ellos por responsabilidad penal en casos de fraude. “Estamos muy preocupados. En nuestra opinión, se está denunciando a los asesores fiscales sin base suficiente”, declaró el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

El fisco utiliza, aseguró Alemany, el toque de atención del Supremo en el 2017 por la ausencia entre los acusados de los asesores fiscales del jugador del FC Barcelona, cuando estos “llegaron a un acuerdo para colaborar con la justicia y ser exculpados”. El Supremo ratificó la condena del jugador a 21 meses de cárcel y una multa de dos millones de euros por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda. La doctrina Messi plantea que, en casos de fraude, a los asesores fiscales les puede alcanzar la responsabilidad penal, principalmente como partícipes, en calidad de presuntos inductores, cooperadores necesarios o cómplices.






Sólo vía electrónica

Aedaf critica que Hacienda abandone el papel para la tramitación de la renta

“El asesor fiscal cumple su labor de informar, quien toma la decisión es el cliente. Damos unas pautas para que el cliente decida”, defendió Alemany. Por ello, desde la Aedaf, reclamaron “una norma clara, una jurisprudencia valiente y una mayor especialización en delitos fiscales de los jueces de lo penal”. Si no están claros los límites de la responsabilidad, concluyeron, se está coartando el derechos del contribuyente a recibir “una buena asesoría”.

Durante la jornada anual de Aedaf, celebrada ayer en Madrid, los asesores fiscales también mostraron su preocupación por la eliminación del papel en cualquier trámite relacionado con la presentación de la declaración de la renta. Una decisión, destacó Javier Gómez Taboada, vocal responsable de estudio e investigación de Aedaf, que “deja fuera” a unas 350.000 personas. “Legalmente era la administración quien tenía la obligación de poner al servicio del contribuyente tecnología para facilitar la comunicación; ahora, el derecho del contribuyente se ha convertido en obligación sistemática de usar los medios electrónicos”, indicó Gómez Taboada.

Además, Alemany sembró dudas sobre la obligación de tener que hacer más gestiones en la página de la Agencia Tributaria, “que registra cada movimiento sin garantizar la protección de esos datos, que forman parte del derecho a la intimidad de los contribuyentes sobre sus datos patrimoniales”.

Entre las cuestiones a debate en la jornada, también analizaron el impacto de la transposición de la directiva sobre intermediación fiscal que obligará a los asesores a informar a la Administración de operaciones “con un componente fiscal agresivo”. Sobre todo, resaltaron, en España donde, a diferencias de otros países europeos, no está regulado el secreto profesional de los asesores fiscales.








Fuente: LA Vanguardia