El Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado finalmente a derribar por decreto ley la reforma laboral aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy allá por el año 2012, en plena crisis de la deuda en Europa. Los sindicatos han dejado constancia de esa retirada del Ejecutivo, y de su “decepción”, esta misma semana al recordarle a Sánchez que no ha cambiado la legislación, tal y como había prometido.

Sin embargo, la renuncia de la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a seguir adelante con una contrarreforma que ya tenía prácticamente ultimada, es reveladora de que en las tres últimas semanas se han producido trascendentes movimientos entre bambalinas con los agentes sociales y políticos como principales implicados. Una batalla de poder importante, pues Sánchez había considerado estratégico ese cambio legal para reforzar su discurso social, ante un sector socialmente próximo a los socialistas, de cara a las próximas elecciones.

La luz de alarma, en el sentido de intentar impedir la aprobación de esas medidas, la dio la CEOE nada más llegar a sus oídos que el Gobierno tenía en marcha los primeros trámites, justo cuando Sánchez anunció la fecha de las próximas elecciones generales. Esto es, a mediados del pasado mes de febrero.

Los cambios iban a afectar sobre todo a la ultractividad de los convenios (que permite prorrogar automáticamente su vigencia mientra no se negocia otro) que la ley del PP suprimió y los sindicatos quieren recuperar; la preeminencia de los convenios de sector sobre el de las empresas y el bloqueo a que estas últimas puedan descolgarse de los primeros; la modificación de la legislación sobre subcontratación y el control de los horarios de los trabajadores. Desde el primer momento, la CEOE desplegó un amplio movimiento de lobby o de presión, fundamentalmente en tres frentes.

El primero, directamente sobre el Gobierno, en especial sobre la ministra, a la que se le recordó que había prometido un cambio de la reforma laboral negociado con los agentes sociales. La patronal planteó que con ellos no se había negociado nada y que por ello les resultaba extraño que se anunciaran cambios. Asimismo, buen número de empresarios y de representantes de multinacionales hicieron lo propio de manera discreta en aproximaciones al ministerio no divulgadas. Alguna gran compañía estaba incluso en negociación de convenio y afectada por la ultractividad.

La segunda línea de trabajo fue la
presión directa a través de la opinión pública. Tarea asumida directamente por el presidente de la patronal, Antonio
Garamendi, bien a través de entrevistas, bien mediante declaraciones aprovechando comparecencias en actos diversos. Una actitud que, sin duda, ha colocado a la gran patronal española frente
al Gobierno de Sánchez, posición de riesgo si finalmente los resultados electorales le van bien al actual Ejecutivo socialista.

La tercera línea de trabajo, de nuevo discreta, fue moverse preventivamente para evitar que el potencial decreto ley de la ministra Valerio tuviera refrendo parlamentario. Es decir, intentar constituir una mayoría de bloqueo en la diputación permanente del Congreso, la que mantiene la actividad parlamentaria una vez las Cortes han sido disueltas por la convocatoria de elecciones.

A esta sutil tarea se aplicó el especialista parlamentario de la patronal y presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. No en balde, el exdiputado democristiano acumula a sus espaldas muchos años de parlamentario, varios de ellos de portavoz de asuntos económicos.

La Diputación la integran 64 diputados. La oposición al decreto contaba de entrada con los votos de los representantes de PP y Ciudadanos y UPN , con 24, 6 y 1 diputados respectivamente. Sánchez Llibre confirmó su apoyo con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y con la portavoz de asuntos sociales, Carmen Navarro. De igual modo procedió con el portavoz de Trabajo de Ciudadanos, Sergio del Campo.

Las piezas a convencer de verdad eran los representantes del PNV y los del PDECat, uno cada uno. Pocos, pero suficientes para alcanzar los 33 votos necesarios para conformar la mayoría de rechazo al decreto ley de contrarreforma laboral del Gobierno.

Sánchez Llibre concentró pues los esfuerzos en las conversaciones con los porta-
voces parlamentarios del PNV, Aitor Esteban y del PDECat, Carles Campuzano. Con el compromiso de ambos de rechazar el posible real decreto, la CEOE respiró tranquila y el Gobierno arrojó la toalla y desistió de seguir adelante ante la segura derrota parlamentaria.

El único punto que se salvó de la contrarreforma prevista ha sido la regulación sobre jornada laboral. Y todavía esta ha quedado descafeinada, pues la aplicación de la norma queda supeditada a su inclusión en los convenios colectivos.

El pasado miércoles, en una reunión conjunta del comité ejecutivo y la junta, la CEOE celebró la victoria. Antonio Garamendi explicó las gestiones realizadas y felicitó al presidente de la patronal catalana. Este, por su parte, informó a sus compañeros de los movimientos políticos realizados y todos dieron el asunto por zanjado. Por lo menos hasta el 28 de abril. Después, todo dependerá del resultado que arrojen las urnas.




Fuente: LA Vanguardia

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