Hace apenas unas semanas, la prensa europea y, de rebote, la nuestra propia, analizaba el fenómeno, en forma de interrogante, de si España se había convertido en un Estado fallido o corría el riesgo de serlo. De fondo residía y reside la sensación de desgobierno, de crisis institucional y de falta de estabilidad para la aplicación del poder con garantías básicas para todos los ciudadanos.

Un elemento más latía y late, y es el del control de fronteras, más en la medida en que las nacionales coinciden, en la separación con África, con las europeas.

Mientras todos los esfuerzos se concentran en el combate sin tregua contra la pandemia, Canarias padece una crisis migratoria sólo equiparable, en los números y el dramatismo, a la de hace un tiempo, la denominada ‘de los cayucos’.

Hace horas hemos conocido la llegada nada menos que de 1.500 inmigrantes irregulares. Centenares de personas, entre ellas numerosas mujeres y menores de edad, permanecían hacinadas en un recinto en el que la capacidad apenas debería superar los 400, con el agravante de que 45 de ellos daban positivo por covid. El colmo de los colmos. Decenas y decenas de embarcaciones, no sólo pateras, arribando y rescatadas por Salvamento Marítimo para ser asistidas por el Servicio de Urgencias Canario, la Cruz Roja y personal de distintos centros de salud.

El Hierro, La Gomera, Gran Canaria… el goteo es constante y la presión es ya insoportable, descontando el drama humano que llevan consigo las víctimas de las mafias a las que pagan para ‘viajar’.

El hecho cierto es que el Estado no está funcionando, y por supuesto no está a la altura (llueve sobre mojado) para atajar este desafío; y las protestas las están protagonizando, y con razón, todo tipo de colectivos, incluidas cofradías de pescadores.

La incapacidad del tándem Iglesias-Sánchez para gestionar este reto, con el añadido de que ahora se produce la llegada de magrebíes con pasaporte pidiendo hotel (“lo nunca visto”, como reconocen las propias FFSS), no puede tener como excusa los esfuerzos ímprobos y omniabarcantes en la guerra contra el coronavirus.

España acredita, oleada tras oleada, sin remedio, la inutilidad de los acuerdos alcanzados con los países de la ribera sur del Mediterráneo y el Atlántico para poner punto final a un fenómeno que sólo produce, a todas las partes, terribles quebraderos de cabeza.

Hace apenas unas semanas, la prensa europea y, de rebote, la nuestra propia, analizaba el fenómeno, en forma de interrogante, de si España se había convertido en un Estado fallido o corría el riesgo de serlo. De fondo residía y reside la sensación de desgobierno, de crisis institucional y de falta de estabilidad para la aplicación del poder con garantías básicas para todos los ciudadanos.

Un elemento más latía y late, y es el del control de fronteras, más en la medida en que las nacionales coinciden, en la separación con África, con las europeas.

Mientras todos los esfuerzos se concentran en el combate sin tregua contra la pandemia, Canarias padece una crisis migratoria sólo equiparable, en los números y el dramatismo, a la de hace un tiempo, la denominada ‘de los cayucos’.

Hace horas hemos conocido la llegada nada menos que de 1.500 inmigrantes irregulares. Centenares de personas, entre ellas numerosas mujeres y menores de edad, permanecían hacinadas en un recinto en el que la capacidad apenas debería superar los 400, con el agravante de que 45 de ellos daban positivo por covid. El colmo de los colmos. Decenas y decenas de embarcaciones, no sólo pateras, arribando y rescatadas por Salvamento Marítimo para ser asistidas por el Servicio de Urgencias Canario, la Cruz Roja y personal de distintos centros de salud.

El Hierro, La Gomera, Gran Canaria… el goteo es constante y la presión es ya insoportable, descontando el drama humano que llevan consigo las víctimas de las mafias a las que pagan para ‘viajar’.

El hecho cierto es que el Estado no está funcionando, y por supuesto no está a la altura (llueve sobre mojado) para atajar este desafío; y las protestas las están protagonizando, y con razón, todo tipo de colectivos, incluidas cofradías de pescadores.

La incapacidad del tándem Iglesias-Sánchez para gestionar este reto, con el añadido de que ahora se produce la llegada de magrebíes con pasaporte pidiendo hotel (“lo nunca visto”, como reconocen las propias FFSS), no puede tener como excusa los esfuerzos ímprobos y omniabarcantes en la guerra contra el coronavirus.

España acredita, oleada tras oleada, sin remedio, la inutilidad de los acuerdos alcanzados con los países de la ribera sur del Mediterráneo y el Atlántico para poner punto final a un fenómeno que sólo produce, a todas las partes, terribles quebraderos de cabeza.

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Fuente: Estrella Digital

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