La autopsia de Ramón Barrios, de 18 años recién cumplidos, no determinó signos de violencia, a pesar de que fuera arrojado contra su cama durante una maniobra de contención ejecutada por el personal de seguridad del centro Teresa de Calcuta, en Brea del Tajo, Madrid. El joven cumplía en aquellas dependencias dedicadas a los menores infractores su tercer fin de semana de arresto por un delito de daños. No volvió a salir jamás. Ocho años después, las paredes de Villaverde, su barrio, todavía le recuerdan. Junto al portal de la familia, embebido en un paraje sin asfaltar, destaca una pintada que nadie se ha atrevido a borrar: “Ramón, ni olvido ni perdón”.

El aniversario de su muerte, acontecida el 9 de julio de 2011, coincide con un caso similar sucedido la semana pasada en otro centro gestionado por la misma entidad, la asociación Ginso, en Tierras de Oria, Almería. Allí, un menor marroquí murió a causa de las cinchas que le rodearon las muñecas, los tobillos y el tórax. El mismo protocolo de sujeción mecánica que le fue aplicado a Ramón, pero esta vez el forense no aduce muerte por causas naturales y encuentra “signos asfixiáicos generales muy evidentes con livideces extensas de color azul oscuro”. En Almería, las cámaras los grabaron todo y el informe describe cómo pasados 10 minutos de la actuación el joven “está sujeto de pies y manos, deja de moverse y continúan poniéndole el cinturón abdominal, ya sin resistencia y sin percatarse de que ha perdido la conciencia”.

La familia de Ramon Barrios, el chico que fallecio hace ocho años en un centro de menores de Madrid gestionado por Ginso. De izqda a dcha: Mari Carmen Crespo, (hermana de Ramon), Esther Serrano (madre), Sixto Barrios (tio), y Sergio Barrios (hermano), en su domicilio en el barrio de Villaverde. Jaime Villanueva

La causa de Ramón se archivó sin que el juez le permitiera a la familia llevar a cabo una segunda autopsia. Ellos la solicitaron después de que en el Tanatorio Sur advirtieran moratones. Entonces detuvieron el sepelio y se guardó el cadáver durante una semana en una cámara frigorífica a la espera del fallo. Sixto Barrios, de 55 años, muestra las fotografías que consiguió tomar aquella tarde calurosa, cuando el maquillaje comenzaba a desaparecer sobre el cuerpo sin vida de su sobrino dejando a la luz los fatales signos: “Tenía el cuello roto, sería del golpazo que le dieron en la mandíbula. ¿Y dicen que esto es normal? Yo no se lo he pintado”, rememora. Y agrega: “No tuve tiempo de abrir más la funda para comprobar si había marcas en las muñecas”.

Según relata Mari Carmen, de 29 años y hermana de Ramón, el centro ordenó, sin consultarlo previamente, la incineración del cuerpo. Lo impidieron a tiempo. El día del fallecimiento, el chico padecía un fuerte dolor de muelas que le mantuvo insomne. Llamó persistentemente a los vigilantes por el interfono de su habitación hasta que, a las tres horas, aparecieron. Cuando lo hicieron, Ramón estaba alterado por la tardanza y procedieron a inmovilizarle: “Ellos mismos dijeron al testificar que se pasaron en la contención. Vieron que el chico no reaccionaba y cuando quisieron levantarlo ya no respiraba”.

El informe elaborado por el centro Teresa de Calcuta indica que se aplicó contención física y también contención mecánica, esto es, correas. La operación solo cesa “tras observar que el menor se encuentra inconsciente, no respondiendo a ningún estímulo”, según apunta el texto. En España este método es legal y no existe un único criterio para su puesta en práctica. La falta de unificación procedimental genera diferencias sustanciales en la aplicación de la contención mecánica entre un centro u otro. Un informe de la ONU firmado por el relator Juan E. Méndez recomendó su abolición al considerarla una forma de tortura.

La hermana de Ramón se pregunta todavía hoy por qué se les negó un segundo estudio forense. Cuando la noticia apareció en prensa, varios médicos contactaron con la familia ofreciéndose a realizarlo gratis aduciendo razones éticas. Mari Carmen lanza además otro interrogante: “¿Dónde está el informe del SUMMA? Fueron los primeros en certificar la muerte de mi hermano. Ese papel nunca ha aparecido”. Eran las tres de la madrugada y el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid trató de reanimar a Ramón sin éxito. Este personal de emergencias extrahospitalarias no fue llamado a declarar en el juicio.

“Nosotros lo único que queremos es que esto no vuelva a pasar”, subraya Mari Carmen, que ha recibido la noticia del fallecimiento del joven en Almería con gran pesadumbre: “Me ha removido mucho. ¿Cuántos más chicos tienen que matar para que cierren las instalaciones de Ginso?”. Para ella esta clase de instituciones necesitan invertir más en educadores; poner el acento en el cuidado y el acompañamiento y no solamente en la seguridad. “No se dan cuenta de que son chavales que están en centros de reinserción, donde tienen que estar para salir mejor, no peor o muertos”.

Una asociación denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid denunció en diciembre de 2018 a la asociación Ginso por contribuir, supuestamente, a la financiación ilegal del Partido Popular en tiempos de Esperanza Aguirre. En 2005 se autorizó un convenio de colaboración entre la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) y la entidad sin fines de lucro Ginso en el que se incluía la construcción del centro de menores Teresa de Calcuta y su explotación. Según la diputada regional Isabel Serra, la asociación sirvió de tapadera para la derivación de fondos públicos a las arcas del PP mediante unos informes sobre delincuencia juvenil por un valor de 160.000 euros. Aquellos estudios jamás fueron publicados.

Serra ha confirmado a este medio que la Fiscalía aún no se ha pronunciado al respecto del informe que ella misma depositó en dependencias judiciales: “Ginso forma parte de un entramado de empresas que han servido para la financiación irregular del Partido Popular madrileño, como Isolux, Ibadesa o Inypsa. Esas tres aparecen en los informes del caso Púnica y Lezo, que implican al expresidente Ignacio González y al exconsejero Francisco Granados”, denuncia.

Métodos coercitivos

La Comunidad de Madrid dispone de seis Centros de Ejecución de Medidas Judiciales para menores de entre 14 y 18 años. Cuatro de ellos (140 plazas) son de titularidad pública y los otros dos (130 plazas) están gestionados a través de sendas concesiones privadas. En 2010, un año antes del fallecimiento de Ramón Barrios en el Teresa de Calcuta de Brea del Tajo, Amnistía Internacional emitía un informe sobre esta clase de espacios en nuestro país. El dossier señalaba que allí los jóvenes eran objeto de “contenciones físicas y químicas sin observar las reglas internacionales para la protección de los menores privados de libertad”. Además, alertaba de “castigos corporales, aislamientos forzados como medida disciplinaria, humillaciones y revisiones invasivas de carácter abusivo”. Sus páginas denunciaban la opacidad de los centros de menores, cuya gestión no contaría con “mecanismos reales y efectivos de supervisión por las administraciones públicas”.

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Fuente: El Pais

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