Si algo saben es resistir. Si en algo creen es en su poder interior. Y también en sus vías de hecho, porque con ellas han hecho sentar y negociar a todos los gobiernos, sin excepción, desde 1986. Y si en algo se están equivocando es precisamente en abusar de la Minga y entrar en el desgastante pulso institucional para el desbloqueo en las principales vías del suroccidente colombiano, la vía Panamericana entre Cali y Pasto, dejando sin conectividad terrestre a más de 5 departamentos, pérdidas que aumentan cada día.

Y sin embargo sus reclamaciones deben ser atendidas. Y de manera diferente. La Minga bloquea. El Gobierno de turno firma un acuerdo en torno a sus reclamaciones después de días de gases lacrimógenos y el sonido del bastón de mando, el arma más potente contra el asfalto. A los siguientes meses, un porcentaje de los acuerdos se incumple, y vuelve y juega el mismo círculo.

Pero ahora hay una situación distinta: el proceso de paz con las FARC implicaba unos acuerdos fundamentales para esos territorios sembrados de coca y corredores estratégicos para la violencia del narcotráfico. Aún se los estamos debiendo. Esta es la historia de un Estado que debe y una sociedad acreedora. Y cuándo al que se le debe es a un indígena, la ecuación es a otro precio incluido el moral, ese que no se compra y solo se paga con la tierra y los derechos.

Un análisis de Camilo González Posso plantea realidades que explican lo que ocurre en el Cauca, uno de los territorios que ha cobijado históricamente a los indígenas de diversas etnias. Las cifras tienen que ver con las más de 7 mil hectáreas de marihuana sembrada, la utilización de los corredores por Ecuador y Buenaventura para sacar la coca de la creciente resiembra de cultivos ilícitos en una desgraciada retoma de la zona del Pacífico por parte de disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN, delincuentes comunes y narcotraficantes que no quieren perder las rentas ilegales, incluyendo las de la minería de oro.

Y como si fuera poco, están los muertos, los líderes sociales asesinados y las amenazas a todo aquel que apueste por una economía legal, por la sustitución de cultivos y proyectos productivos.

Las reclamaciones ancestrales reaparecen cada año a manera de protestas y los Gobiernos, todos, responden de la misma manera, militarizando, enviando a los delegados de los ministerios involucrados y la Minga se radicaliza. Bien valdría la pena que los indígenas, ahora ya de varios departamentos y no solo del Cauca, aceptaran la propuesta de un capítulo real y cumplible en el Plan de Desarrollo. Y que el gobierno reconozca que no puede convertir sus territorios en cementerios de la diversidad explotando para multinacionales; y que los cambios en el mecanismo de consultas previas les amenaza el único instrumento con el que al menos retrasan las decisiones que pueden afectar a sus comunidades.

La Minga no se desvirtúa por decir que es política, y que están haciendo oposición. Todo es política o acaso ¿qué hacen los gobiernos? Claro que es política, en buena hora lo es. Lástima que se mezcle con bloqueos y estos afecten los derechos de los otros. Y claro que están infiltrados por los delincuentes que quieren mantener el estado de las cosas para que el tráfico de drogas continúe. Pero nada de eso significa que la protesta no sea legítima.

Recuerdo que el exministro y experto negociador José Noé Ríos siempre que ocurren estas situaciones pide entender que la Minga es un evento ancestral. Que se celebra cada año el 12 de octubre para conmemorar el descubrimiento de América, donde ubican el despojo de sus tierras y el exterminio, pero que desde 1991 esas mingas son reivindicativas de sus derechos. Y sus peticiones son las mismas: sus tierras, la ampliación de los resguardos indígenas y la administración de justicia y ahora otros temas descalificados como políticos, como el fracking y la JEP, pero es que son precisamente los que afectan su tierra y la construcción de un futuro en paz.

Es necesario hacer uso del decreto que dejó el gobierno pasado que permite una mesa permanente para llegar a acuerdos cumplibles. No cerrar la mesa y que eso implique el compromiso de no bloquear la Vía Panamericana. Para monitorearlo existe el Cedisco, el centro del diálogo social y solución de conflictos de Colombia en el que podrían apoyarse. Pero ya. Cada día es una amenaza para una vida. Son miles de millones en pérdidas y un pulso que siempre pierden los Gobiernos.




Fuente: El país

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