“Querido papá; hoy se cumplen 74 años de tu alevosa muerte junto a las tapias del Cementerio del Este. Aquel 8 de julio de 1939 temprano madrugó la madrugada”. El abogado jiennense Alfonso Ramírez Linde comenzaba así en 2013 la carta que escribió a su padre, uno de los 2.936 presos republicanos fusilados en el camposanto madrileño al término de la Guerra Civil. Solo tenía un año cuando su padre, un guardia de asalto del mismo nombre, fue encarcelado en la prisión de Yeserías y, posteriormente, ejecutado por un delito de adhesión a la rebelión militar.

Ramírez Linde ha tratado toda su vida de reparar la memoria de su padre. La lucha parecía tocar a su fin cuando el año pasado el Gobierno municipal presidido por Manuela Carmena anunció su intención de levantar un memorial en el cementerio de La Almudena que incluyera los nombres de los fusilados en la capital entre 1939 y 1944. Las obras comenzaron en mayo, pero se paralizaron dos meses después, tras la llegada del PP y Ciudadanos al poder. Ramírez Linde, que murió hace unos días, se marchó sin ver el nombre de su padre grabado en los enormes bloques de hormigón que erigen el proyecto.

“Llevamos mucho tiempo esperando. Quiero que se les repare antes de irme. Es un problema político, por eso se obstaculiza”, subraya Tomás Montero, de 81 años. Su padre fue fusilado en 1939, cuando él tenía un año. Un portavoz municipal alega que el memorial era “una imposición del Gobierno anterior” y que se ha paralizado su construcción para “evitar agravios, ya que una sociedad democrática tiene la obligación de honrar a todas las víctimas”. Este portavoz señala que el Consistorio se ha tomado “un periodo de reflexión”, pero no aclara si se retomarán las obras. Lo que sí asegura es que habrá un homenaje basado en la concordia.

Críticas al comisionado

El nuevo equipo de Gobierno, liderado por José Luis Martínez Almeida (PP), interpreta que el memorial no cumplía las recomendaciones del extinto Comisionado de la Memoria Histórica, creado por consenso de todos los grupos políticos en mayo de 2016 para asesorar al Ayuntamiento sobre cuestiones memorialistas. Antes de su disolución, en junio del año pasado, el ente recomendó levantar dos monumentos, uno para las víctimas de cada bando, a lo que nueve asociaciones respondieron con una carta conjunta en la que acusaban al comisionado de “poner al mismo nivel a quienes defendían la legalidad democrática y quienes la querían destruir”. Aprovecharon la misiva para pedir su extinción.

El comisionado, presidido por Francisca Sauquillo, aconsejó en un informe no vinculante que las identidades de las víctimas no figuraran en las placas del memorial. Su idea era que pudieran consultarse a través de un código QR para evitar así la polémica, ya que entre los nombres figuran 335 miembros de checas, centros de detención y tortura de la zona republicana durante la contienda. Uno de esos chequistas es el abuelo de Carlos Mañes, para quién su antepasado fue “víctima de un juicio sumarísimo en el que nadie pudo probar las acusaciones”. En su opinión, la paralización de las obras supone “una humillación para las víctimas”, que se enfrentan a una “nueva afrenta” 80 años después.

“Primero los fusilaron y ahora les niegan la memoria. Es una venganza política contra quienes defendieron la democracia y la libertad”, insiste Mañes. Desde la asociación Memoria y Libertad sostienen que se trata de una cuestión ideológica, y explican que entre los homenajeados no solo hay republicanos y personas vinculadas con la izquierda, también existen religiosos y, al menos, seis falangistas, como prueba una investigación publicada en la revista La aventura de la Historia por el historiador Daniel Oviedo. Los miembros del partido único fueron condenados por atracos a mano armada, un delito castigado entonces con la pena de muerte.

El monumento fue adjudicado en abril a la empresa Flodi S.L. por 210.000 euros. Las obras comenzaron el 12 de mayo, a pocos días de las elecciones municipales. Cuando el Ayuntamiento las suspendió dos meses después, el 12 de julio, se había completado el 80% del proyecto y apenas quedaban tres semanas para su finalización, explica Julia Chamorro, la arquitecta que dirige el proyecto. Chamorro afirma que nadie le ha informado del motivo de la paralización ni de si se va a retomar, pero interpreta que no existe esa voluntad cuando se ha pedido a la empresa que acopie todo el material del que dispone en la zona de construcción, rodeada por una valla metálica que impide acercarse y una malla verde que dificulta la visión.

Las obras se levantan sobre un antiguo parterre del flanco izquierdo de la puerta de O´Donnell. El objetivo es unir la tapia en la que tradicionalmente se homenajea a los fusilados, entre los que se encuentran Las 13 Rosas, con el memorial, un laberinto de placas de hormigón revestidas con placas de granito en las que se incluyen los nombres de las víctimas. Hasta ahora se han colocado láminas con unas mil identidades. Otras se encuentran amontonadas en palés, con los nombres grabados, pero también hay granitos vírgenes. Ángela de Paz, nieta de uno de los fusilados, clama una solución porque lo que están haciendo es “dejar pasar el tiempo como han hecho hasta ahora”. Cree que es necesario dar a las víctimas un lugar donde llorar porque, hasta entonces, no puede haber reconciliación. Y concluye: “Nos están robando nuestro pasado”.

Carabanchel se queda sin placa

La cárcel de Carabanchel no contará con paneles informativos que expliquen el uso de esas instalaciones durante la dictadura franquista, a pesar de que el comisionado propuso el enclave como Lugar de Memoria y que la intervención había sido aprobada por el Gobierno de Manuela Carmena en el pasado mandato. La concejal de Hacienda, Engracia Hidalgo (PP), aseguró en el pleno del 29 de julio que dicha intervención “solo serviría para dar una visión sesgada de nuestra historia”.

Hidalgo respondía así a una proposición de Arantzazu Cabello, edil de Vox. Julián Rebollo, presidente de la Plataforma Salvemos Carabanchel, califica la decisión como “un desatino” y rechaza “la política revisionista que está llevando el PP y Ciudadanos”, que “siguen consignas de la extrema derecha”. El penal estuvo en funcionamiento durante 55 años y fue construido con mano de obra forzosa de presos republicanos. Fue demolido en 2008 pese a las protestas de los vecinos, que piden que sus ruinas se conviertan en un centro de información y documentación.

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Fuente: El Pais

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