Verdad es un concepto que trasciende a la propia palabra: por mucho que tenga una definición en el diccionario, no hay una sola. En un juicio se contraponen dos verdades. Pero este juicio por el
procés
en el Tribunal Supremo no es corriente: no sólo se habla de hechos, de una verdad.

Desde el inicio hemos visto que se discute no únicamente lo que pasó en Catalunya en septiembre y octubre del 2017, sino también quién tiene legitimidad y en quiénes reposan las esencias de la democracia. Lo que ocurre es que al final los magistrados redactarán una sentencia, que es una verdad formal y que es la que cuenta: la narración oficial de unos episodios y si son punibles o no, y no la filosofía que los provocaron.






Martes 12

Diferencias visibles

En la primera sesión se evidenció que habrá dos modos de afrontar la defensa de los doce acusados. Una, más política, que habla de una desafección que se remonta a la sentencia del Estatut que en su opinión les daba la legitimación para emprender el procés; el relato del agravio. Otra, más apegada a lo sucedido y con la discursión de si sus clientes cometieron los delitos que se les imputan. Esta tiene fijada la vista en Madrid, en donde se dilucida el caso. La otra, de facto, se plantea esta vista como un primer round, posiblemente con mal desenlace, antes del asalto definitivo que se disputará en los tribunales europeos.

Lo que ocurre es que no sólamente las defensas miran a Europa. También lo hace el Tribunal. Desde el minuto uno. Al inicio de las sesiones, el presidente de la sala, Manuel Marchena, ya aludió a las normas europeas para distribuir los tiempos de intervención, incluso dando más y siendo generoso en la práctica. Los jueces son conscientes que se les va a mirar con lupa y preservarán al límite las formas, a fin de que nada se les pueda reprochar, cosa que también quedó clara cuando Marchena acotó el campo de la acusación pero dio manga ancha a las defensas. Ahora bien, que nadie se engañe, esto no presupone nada cara a la sentencia.





El día estuvo dedicado al primer alegato de las defensas y en esta clave política salió a relucir la cuestión de la persecución a Catalunya y, en consecuencia, de quién tiene legitimidad y quiénes son los demócratas. Los encausados obedecían al mandato supremo de las urnas, pero han sido perseguidos por el Estado de forma poco democrática; el Gobierno de la nación instrumentalizó a los tribunales en un racimo de procedimientos, en los que se ha buscado jueces a dedo y donde se han pisoteado todos los derechos fundamentales. España criminaliza ideas y quier acabar con el independentismo, se expuso. Lo dicho, y así quedó explicitado en los discursos en este sentido: esto ya lo arreglará Europa.


Miércoles 13

El Estado responde

Los fiscales no hicieron caso omiso de esta catarata de descalificaciones en su respuesta. Recordemos dos frases: “Este es un juicio en defensa de la democracia, del orden constitucional”; y “este es el juicio del triunfo de la democracia y del Estado de derecho”. Es el contrarrelato al procés: la legitimidad está en la Constitución y demócrata es quien cumple la ley, defienda lo que defienda. Este choque de legitimidades no es nuevo en las salas de justicia, ya afloró en el proceso del 9-N. Artur Mas argumentó que tenía un mandato de las urnas y que actuó democráticamente y el fiscal le respondió que el juicio también era democracia. El resultado fue que los políticos fueron inhabilitados.





En Madrid, la Fiscalía quiso abandonar la constelación de las ideas y bajar terreno de los acontecimientos, para definir que en España no se persiguen opciones políticas y que se va a manifestaciones y se vota con total libertad. Así, no se enjuicia al independentismo, sino los episodios de septiembre y octubre del 2017, que para ellos son sancionables. Así, el juicio es “la respuesta legal del Estado de derecho frente a actividades delictivas que no pueden quedar impunes”.


Jueves 14

Una conferencia y una disputa

Al tercer día se iniciaron los interrogatorios. Oriol Junqueras, el máximo cargo al que se juzga y al que mediante los acuerdos políticos se le encargó organizar desde su departamento el referéndum, no quiso contestar a las acusaciones y entabló un diálogo con su abogado, que casi parecía a veces una conferencia o una entrevista transmitida por el canal del Tribunal Supremo. De forma pasional y vehemente se declaró un preso político, demócrata, pacifista y buena persona, además de no ser un corrupto; definió que es un cargo electo que no había cometido ningún delito, porque poner urnas no es punible, pero impedir este ejercicio, sí. De nuevo, legitimidad y democracia.

Junqueras defendió el derecho a la autodeterminación y denunció que han querido dialogar, pero que la silla de enfrente siempre estaba vacía.





Joaquim Forn también mentó al diálogo y agregó que era partidario de elecciones para seguir esta senda y evitar el 155, pero que no fue posible.

Junqueras y Forn escenificaron esta divergencia de formas en defenderse: ideas contra hechos. Una disparidad que no sentó bien a todos los que comparten banquillo, pues a algunos no les gustó que el antiguo vicepresident, el político de más rango entre ellos, no se enfrentara a la Fiscalía y optara, prácticamente, por un monólogo. Los acusados no son un bloque sólido.

El exconseller de Interior se enfrentó a fiscales y abogacía del Estado. Vale la pena detenerse en varios aspectos de su testimonio. El primero, la dualidad en la que reconoció haber vivido: como político, estaba a favor del referéndum; como jefe de los Mossos, debía evitarlo. Es casi como el famoso bolero, Corazón loco. Con un añadido: en unas elecciones se da cuatro horas a los agentes para votar, el 1-0, no. La razón, que unas son legales y lo otro no, razonó.

La segunda, la eficacia de la DUI. No se votó ni se publicó en los boletines oficiales de la Generalitat o del Parlament. La pregunta es si todo era pura retórica. En lo que si coincidieron Junqueras y Forn es en achacar la violencia del 1-0 a Policía y Guardia Civil y en descalificar al Tribunal Constitucional por evitar el referéndum, que señalaron ni impulsar ni sufragar con fondos públicos, sin describir cómo se pudo entonces hacer.





Marchena recordó que sólo valdrá lo que se vea en la sala. La abogada del Estado expresó que este sólo era un juicio penal. No es del todo así, hay factores exógenos, pero al final la sentencia será una verdad formal, el relato oficial de un episodio. La filosofía y el juicio de la historia quedarán para más adelante.








Fuente: LA Vanguardia

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