Vistas telemáticas, teletrabajo o deliberaciones por videollamada. La crisis del coronavirus ha forzado a la justicia a adaptarse a una digitalización aún precaria, en un ámbito muy aferrado a la cultura del papel, aunque el sector advierte: sin inversiones, no habrá modernización definitiva.

Cuando se reanude la actividad ordinaria tras el parón por el estado de alarma, los juzgados deberán combinar los medios telemáticos con el trabajo presencial para evitar aglomeraciones en los edificios, lo que pondrá a prueba su capacidad tecnológica, desigual entre autonomías.

¿Los cambios han llegado para quedarse o se regresará irremisiblemente al papel?

LA JUSTICIA BAJO EL ESTADO DE ALARMA

La pandemia ha forzado la implantación de medios tecnológicos hasta ahora difícilmente concebibles en la justicia, como vistas virtuales y declaraciones telemáticas de detenidos prácticamente generalizadas, para minimizar el trasiego en los edificios.

Pero también ha evidenciado «deficiencias en la digitalización de la justicia» y disparidades entre comunidades, lo que hace necesaria una mayor «coordinación», alerta Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio.

Entre las comunidades tecnológicamente más avanzadas se sitúan Navarra, Aragón, Cantabria o Cataluña, donde la directora general de Modernización de la Justicia, Montse Muñoz, señala que cuando se inició el confinamiento un 24 % del personal estaba en condiciones de teletrabajar y ha habido más de un millar de vistas virtuales.

Con el estado de alarma, el Departamento de Justicia de la Generalitat ha habilitado un sistema de multiconferencias a través de cualquier dispositivo móvil, al margen de los 566 equipos de videconferencia instalados desde hace años.

En la Comunidad de Madrid, subrayan fuentes de la consejería de Justicia, existen 370 espacios para videoconferencias en las distintas sedes; con la crisis, se ha extendido la firma digital del 43 al 53 % de los magistrados y se están tramitando licencias que permitan el teletrabajo de los diferentes operadores jurídicos.

Pero pese «al esfuerzo de la consejería de implementar las nuevas tecnologías en los últimos años», en la ciudad de Madrid, con una alta litigiosidad, la decana de los juzgados, María Jesús del Barco, subraya el retraso en digitalización: «Madrid es una máquina gigantesca donde todo cuesta ponerlo en marcha».

Más avanzados están en Barcelona, según su decana, Mercè Caso, quien subraya que todos los jueces pueden acceder al expediente electrónico digital, salvo en el orden penal, y las deliberaciones telemáticas son habituales en algunas secciones de la Audiencia.

Eugènia Gay, decana de los abogados de Barcelona, discrepa de ese optimismo: «Han faltado medios para poder desarrollar el correcto funcionamiento de los juzgados», lo que ha impedido, en su opinión, que muchos funcionarios pudieran trabajar desde casa.

LA FINANCIACIÓN

La respuesta es unánime: la falta de inversión es el principal escollo para la renovación tecnológica de la justicia.

«Es un problema fundamental de inversión», asevera tajante la juez decana de Madrid, al igual que la de Barcelona, que admite que dependerá «de la capacidad presupuestaria del Ministerio y las autonomías».

Desde la administración, las expectativas no son muy halagüeñas: los 40 millones de euros incluidos en el plan de choque del Ministerio para paliar los efectos de la pandemia se destinarán principalmente a reforzar los juzgados más afectados, explican fuentes de Justicia.

«Evidentemente la inversión siempre es poca», admiten fuentes de la consejería madrileña de Justicia, que sin embargo destacan el esfuerzo: 35 millones de euros en digitalización en los últimos cinco años y un aumento del 23 % en el presupuesto para Justicia respecto a 2015.

En la Generalitat, reconoce Muñoz, la administración de justicia y su desarrollo tecnológico «no está entre los cinco primeros puestos de mayor inversión».

Y Eugènia Gay lanza una propuesta de futuro: la pandemia debe servir para reflexionar sobre la necesidad de aprobar un gran Pacto de Estado de la Justicia «que esté por encima de los intereses e ideologías partidistas, a través de un consenso, con voluntad de permanencia».

«NUEVA NORMALIDAD»

La «nueva normalidad» obligará a combinar tecnología y trabajo presencial en los tribunales, un proceso no exento de dificultades.

«Hoy en los juzgados de Madrid no se puede funcionar de manera digital. No todos los funcionarios pueden acceder a nivel remoto. Nuestro teletrabajo es llevarte el carrito con el procedimiento a casa y poner la sentencia», lamenta Del Barco, que explica no obstante que estos meses quizá se puedan habilitar turnos de trabajo presencial y telemático.

En Barcelona, aunque desde el colegio de abogados Gay opina que todavía faltan medios y formación, la juez decana cree que «trabajar telemáticamente de forma mucho más extendida será una realidad».

La Generalitat, subraya Muñoz, trabaja para que a finales de año el 67 % del personal judicial pueda teletrabajar de forma voluntaria, aunque sea con equipos propios; y en la Comunidad de Madrid se está impulsando un sistema para facilitar el trabajo remoto de los magistrados y funcionarios, precisan las fuentes consultadas.

GARANTÍAS PROCESALES

No son pocos los recelos que despiertan los medios telemáticos entre los juristas por el temor a que puedan colisionar con las garantías procesales.

Las juezas decanas dudan de que las declaraciones telemáticas deban generalizarse, particularmente en las comparecencias de detenidos, y advierten de que es indispensable comprobar la seguridad de los medios que se utilicen.

«En un trámite sencillo puede ser operativo, pero en otras ocasiones es mejor el contacto personal», objeta Del Barco. «Tener al abogado al lado, observar cómo reacciona el juez, si le está creyendo, es importante», añade Caso.

HORIZONTE: MAS ALLÁ DE LA PANDEMIA

Está por ver si la adaptación tecnológica puede traer un cambio cultural entre los togados, todavía inmersos en un mundo donde los carritos cargados de papeles y los expedientes atados con gomas forman parte del decorado habitual.

Vargues apunta que esta excepcionalidad «ha podido ayudar en el necesario cambio de mentalidad» del sector, como demuestra que se hayan disparado las solicitudes de firma digital entre los jueces.

Una visión que también comparten fuentes de la consejería madrileña de Justicia, que creen que la pandemia ha impulsado la apuesta por la digitalización tanto por la Administración como por la plantilla; mientras que la directora general de la consellería ve en esta situación una «oportunidad» al sentar las bases del modelo al que hay que avanzar.

(Esta información forma parte del especial de la Agencia EFE sobre los cambios sociales, económicos y culturales que pueden derivarse de la crisis sanitaria y que pretende contribuir al debate sobre lo que vendrá «después del coronavirus»).Miriam Mejías y Rossi García




Fuente: Agencia Efe

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