PSOE, Más Madrid y Podemos protestaron este miércoles contra la celebración el miércoles 10 de julio de un pleno de investidura sin candidato en la Comunidad de Madrid, una fórmula que consideran contraria al Estatuto y al reglamento de la Asamblea, el Parlamento regional. Juan Trinidad, el presidente de la Cámara, que pertenece a Ciudadanos, anunció esa opción el martes pese a que el socialista Ángel Gabilondo, ganador de las elecciones, quería someterse a la votación que elige al presidente, a la que habría acudido con 64 de los 67 votos necesarios. Así, PP, Ciudadanos y Vox ganaron tiempo para seguir intentando pactar un Gobierno.

Los partidos de izquierdas recordaron ayer que el artículo 18 del Estatuto de Autonomía establece que “el Presidente de la Asamblea (…) propondrá a esta uno de sus miembros como candidato a la Presidencia”. Ese mandato, reiterado en el artículo 182.1 del reglamento de la Cámara, no especifica que el aspirante deba tener garantizados los apoyos. Hay, además, precedentes de investiduras fijadas pese a que aparentemente se encaminaban al fracaso, como la de Rafael Simancas en 2013.

Algunos diputados argumentan, por otro lado, que el artículo 182.3 del reglamento —el que permite convocar un pleno sin candidato, como se ha hecho ahora— solo está previsto para cuando no haya ningún aspirante dispuesto a dar el paso, para evitar situaciones como la que se dio en 2015 en el Congreso, cuando Mariano Rajoy declinó el encargo del Rey.

“Es una vergüenza”, lamentó Isabel Serra, de Podemos. “Esto es saltarse el Estatuto, utilizar la presidencia de la Asamblea para fines partidistas y utilizar las instituciones como cortijo”, siguió. “Vamos a seguir denunciando esta tropelía, esta estafa a la democracia, a la voluntad de los madrileños. Está clarísimo por qué están haciendo esto: para alargar su paripé”, añadió. Y destacó: “Las tres derechas se pondrán de acuerdo, porque comparten un mismo proyecto, y mientras tanto van a impedir a otros candidatos que puedan exponer su programa de gobierno pese a que tienen más apoyos”.

“El artículo 18 en ningún momento establece que el aspirante tenga que tener los apoyos necesarios, porque para eso está el pleno de investidura, que tiene capacidad decisoria”, razonó Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid. “Y para aplicar el artículo 182.3 del reglamento, que es el que permitiría un pleno sin candidato, es evidente que tiene que concurrir que no haya ninguno dispuesto a presentarse, que es justo lo contrario a lo que ocurre”, siguió. “El reglamento y el Estatuto no se pueden estrangular de una forma tan burda para que un partido gane tiempo en sus negociaciones”.

Trinidad se limita a alegar que durante su ronda de contactos con los portavoces de los seis grupos con representación en la Cámara detectó “la ausencia de un candidato viable a la investidura”. El presidente sustentó esa afirmación en la negativa rotunda que le trasladó el candidato de Cs, Ignacio Aguado, a negociar con el PSOE, reiterada por Isabel Díaz Ayuso (PP) y Rocío Monasterio (Vox), lo que haría imposible que Gabilondo alcanzara los 67 votos necesarios.

Reconsideración

Sin embargo, recordaron los socialistas, cada diputado es dueño de su voto. Suya es la decisión de lo que hace en la investidura. Y hurtar a Gabilondo la posibilidad de convencer a representantes de otras formaciones en un debate de investidura —necesitaría tres síes o cuatro abstenciones— “coincide con los intereses de PP, Cs y Vox”.

“Hay un espacio de discrecionalidad [en la labor del presidente], y por tanto respetado queda la interpretación que él haga, pero hay mucho debate en las redes y los medios en el sentido de si esa discrecionalidad ha tenido alguna dosis, que yo simplemente cito aquí, no me refiero a mi y lo que piense yo, de arbitrariedad”, apuntó Gabilondo. “Presuponer lo que se vaya a votar en un pleno es mucho presuponer”.

El PSOE estudia cómo hacer frente a la situación. Como primera medida, su grupo parlamentario valoraba presentar un escrito en la Cámara pidiendo al presidente que reconsiderara su decisión, sin renunciar por ello a la vía legal. Sin embargo, fuentes parlamentarias reconocen la dificultad de que acudir a los tribunales tenga éxito.

“Cualquier resolución de un órgano parlamentario tiene presunción de legalidad”, señala un interlocutor con experiencia en la política parlamentaria autonómica y nacional. “La única vía sería que un candidato alegara ante el Tribunal Constitucional que han sido vulnerados sus derechos fundamentales”, sigue. «Una indemnización a lo sumo», acota. «El poder de los presidentes de Mesa es muy amplio, incluso para saltarse el reglamento y el Estatuto». 

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Fuente: El Pais

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