«Se ha trabajado inteligentemente» resume Carlos Babío, nieto de una mujer cuya casa quedó dentro de los muros del pazo de Meirás cuando las autoridades del régimen decidieron acrecentar la finca con las propiedades colindantes para mayor gloria del Generalísimo. Babío empezó investigando la expropiación forzosa de su abuela, una madre y viuda joven que quedó «en la miseria» en 1938, y acabó estudiando durante 22 años todo el proceso de «apropiación» de Meirás.

Hace cinco meses le telefoneó Fernando Martínez, director general de Memoria Histórica, y lo convocó a una reunión en el Ministerio de Justicia. En febrero, en Madrid, el alto cargo le anunció a Babío que iban a presentar la demanda civil del Estado que reclama la devolución del pazo y le pidió colaboración para que la Abogacía del Estado en A Coruña pudiese digerir la avalancha documental con la que ya se contaba y que un año antes había servido de base para dos dictámenes jurídicos de comisiones de expertos. Uno promovido por el Parlamento gallego y otro por la Diputación de A Coruña. Ahora, estos organismos que concluyeron que era posible legalmente reclamar la devolución de Meirás al patrimonio público aplauden el paso dado al fin por el Gobierno, una demanda que la Cámara gallega aprobó por unanimidad en 2018, cuando todavía era presidente Rajoy.

La primera comisión, la del Parlamento, se constituyó a finales de noviembre de 2017, estaba presidida por el profesor Xosé Manoel Núñez Seixas y conformada por 11 miembros procedentes del mundo académico, jurídico y cultural. Núñez Seixas se declara «profundamente satisfecho» y reivindica que este proceso que el miércoles acabó con la interposición de la demanda contra los Franco es también consecuencia del trabajo «bien hecho» en el marco del grupo de trabajo designado por la Cámara autonómica. Al final, explica Babío, autor junto al historiador Manuel Pérez Lorenzo del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, lo que ha pasado en estos tres últimos años ha sido que se ha «institucionalizado» un clamor que «ya estaba en la calle» hacía mucho tiempo y que empezó a ser tangible en 2007, cuando la Xunta (entonces gobernada por PSOE y BNG) inició el proceso para declarar BIC el inmueble histórico.

«Todo indica que la demanda está bien fundamentada, bien armada, y con razonables posibilidades de éxito», opina Núñez Seixas, profesor de la Universidade de Santiago. La reclamación incluye un documento hasta ahora desaparecido —localizado por los abogados del Estado en el Archivo de Protocolos Notariales de A Coruña, prácticamente inaccesible para quien no acuda autorizado—, en el que consta que Meirás fue comprado por más de 406.000 pesetas por la llamada Junta pro Pazo (el grupo de hombres del régimen en la provincia) a la nuera de Emilia Pardo Bazán en 1938. Este escrito demuestra, según el Gobierno, que el contrato de compraventa formalizado por 85.000 pesetas a favor de Franco en 1941 y que le valió para inscribir la propiedad a su nombre en el Registro de Betanzos es «fraudulento».

El acta notarial del 38 era clave para poder demostrar la Abogacía del Estado la ilegalidad del proceso. El resto de la documentación la obtuvo de los informes de los expertos gallegos y, sobre todo, de Babío y Pérez Lorenzo, que habían hecho acopio de ingente material para demostrar que Meirás funcionó hasta la muerte del dictador como residencia estival oficial del jefe de Estado, como un apéndice de El Pardo, con personal y oficinas gubernamentales propias. Tanto era así que la casa expropiada a la abuela de Babío se reformó y amplió para convertirse en residencia de los guardias civiles que custodiaban la finca del pazo todo el año.

La Diputación de A Coruña, que dio la primera vuelta de tuerca hace tres años al crear la Xunta pro Devolución do Pazo (en contraposición con la Junta pro Pazo del Caudillo creada en plena guerra), también aplaude que el caso haya llegado a los tribunales, en concreto, de momento, asumido por el juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña. Por su parte, la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pide que la reclamación judicial de Meirás sea solo «el primer paso» para «terminar con el expolio» y «el botín de guerra» de los Franco, conseguido a través de la «corrupción política y económica» y el «terror».

Feijóo: «Hay causa para reclamar»

Todos los partidos con representación parlamentaria celebraron ayer la noticia de la demanda del Gobierno contra los nietos de Franco y la sociedad mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia. Alberto Núñez Feijóo, jefe del PP de Galicia, mostró su satisfacción por que el Gobierno de España «coincida con los criterios del Ejecutivo gallego». «Hay causa para reclamar», aseguró, aunque luego avanzó que hay «dificultades de legitimación» para que la Xunta, que él gobierna, se persone como acusación en el proceso.

Benito Portela, el alcalde de Sada (por el partido Sadamaioría), donde se ubica el pazo, cree sin embargo que debe estudiarse la posibilidad de hacerlo, y el Ayuntamiento rastreará todas las vías legales para personarse en una causa que considera también suya. Hace un año, el mismo día en que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, Portela le envió una carta pidiéndole que restaurase la memoria histórica reclamando Meirás para el patrimonio público. Al poco tiempo, con la polémica sobre la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos en plena ebullición, Portela volvía a enviarle otra carta al presidente, porque no había obtenido respuesta.

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, insistió ayer en que la demanda es la prueba de que el Gobierno es «de palabra» y «cumple sus compromisos», mientras que Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea, anunció una proposición no de ley para reclamar a Feijóo que «la Xunta sea codemandante» en este «importante» paso que se acaba de dar. «No se puede bajar la guardia», advirtió el diputado Luís Bará, del BNG: el Gobierno debe tener «valentía» para llegar ahora hasta el final.

Adquisición “pública y pacífica”

Javier Casqueiro

La familia Franco, los siete nietos que pleitean contra el Gobierno por el proyecto de exhumación del dictador, no tiene aún ningún conocimiento directo de la demanda preparada por la Abogacía del Estado para recuperar la propiedad del pazo de Meirás. Fuentes próximas a su defensa explican, además, que tampoco les preocupa demasiado este intento porque creen que la ley les dará la razón y reconocerá que la histórica propiedad sigue siendo perteneciendo a los Franco. Desde que murió el dictador en 1975, la familia Franco sostiene que ha afrontado tres veces el pago del impuesto de sucesiones (del anterior jefe del Estado a su viuda, luego a su hija y de esta a sus nietos), ha asumido la costosa reforma integral tras el incendio de 1978 y ha disfrutado de ese pazo de forma “pública y pacífica” los últimos 43 años. Esos términos aluden al concepto jurídico de la “usucapión extraordinaria”, que es un modo de adquirir una propiedad cuando se cumplen una serie de requisitos que en el caso de los bienes inmuebles requiere el uso ininterrumpido, conocido y sin violencia, por 30 años.




Fuente: El Pais

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