España

La investigación a Trapero por sedición se amplía ya hasta el 1-O


Continuará… La declaración de Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d´Esquadra –investigado por sedición en la Audiencia Nacional– concluyó ayer sin que la juez instructora, Carmen Lamela, acordase ninguna medida cautelar contra él ni tampoco en relación a los presidentes de las organizaciones soberanistas Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez. La cuarta investigada, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, no compareció por motivos de salud. Pero todos ellos volverán a ser citados en los próximos días, una vez sus defensas tengan tiempo de analizar un voluminosos informe de la Guardia Civil que abarca no sólo los disturbios frente a la consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, sino hechos anteriores y posteriores a esa fecha que llegan incluso al 1-O.

La Fiscalía solicitó a Lamela que aplazara la declaración para que las defensas de los imputados tuvieran tiempo de conocer al detalle el contenido del informe, de más de 300 folios y que incluye vídeos y audios, y no pudieran alegar indefensión ni invocar a posteriori posibles causas de nulidad en la instrucción. La negativa de la magistrada llevó al fiscal Miguel Ángel Carballo a aplazar la posible petición de medidas cautelares contra Trapero y el resto de investigados a esa segunda comparecencia por ahora sin fecha, pero que en todo caso no parece probable que se produzca la próxima semana. Y es que, según hizo hincapié la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una nota de prensa, su decisión debe tomarse «valorando todo el material obrante en las actuaciones y con todas las garantías» para los investigados. No en balde, para el Ministerio Público, se trata de un informe «que puede resultar trascendente para determinar en toda su dimensión el alcance de la imputación a los cuatro investigados».

Durante casi una hora, Trapero defendió –como era de esperar– la actuación de los Mossos en la jornada del referéndum ilegal y pretextó que se enteró del dispositivo para evitarlo por los medios de comunicación. Insistió, según una nota difundida por la Policía autonómica, en que se adoptaron «las medidas adecuadas» y se quejó de que su defensa apenas ha tenido tiempo para conocer el contenido de las actuaciones. A la Fiscalía, según aseguraron fuentes jurídicas, las explicaciones de Trapero le parecieron «poco convincentes».

Lamela solicitó a Trapero, según fuentes presentes en la declaración, que de cara a esa segunda comparecencia aporte las comunicaciones de los Mossos con la Guardia Civil durante el 1-O.

Tanto Cuixart como Laplana (ésta por videoconferencia y alegando, como se ha apuntado, motivos de salud) se acogieron a su derecho a no declarar. Sí lo hizo, aunque sólo contestando a las preguntas de su abogado, el presidente de la ANC.

A laspuertas de la Audiencia Nacional, y tras concluir su comparecencia ante la juez Lamela, Cuixart explicó que se negó a declarar «no hemos cometido ningún delito y no reconozco la competencia de este tribunal». Sánchez, por su parte, aseguró que contestó sólo a las preguntas de su abogado para dejar claro que «en el ánimo de los 50.000 manifestantes en ningún momento estaba alterar el orden constituido». «Hicimos lo posible y lo imposible para que la movilización fuese un éxito», dijo, negando que alentasen el acoso a las Fuerzas de Seguridad frente a la Consejería de Economía donde, pese a que los registros concluyeron a las diez de la noche, los últimos agentes no pudieron abandonar el edificio hasta las siete de la mañana.

Ante esa segunda citación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sí ha dejado claro que «velará» para que se aperciba a Trapero, Sánchez, Cuixart y Laplana de que, si no comparecen sin causa justificada, «serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado».

En el atestado elaborado por la Guardia Civil se dejaba constancia de que los agentes sitiados pidieron hasta en seis ocasiones sin éxito ayuda a los Mossos para salir de la consejería.




Fuente: La Razón

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