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La historia de la fallida fusión entre Bankia y el Sabadell

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No es precisamente ahora el momento de más interés de Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell, por su competidor Bankia. Sus palabras, previas a la junta de accionistas del banco del pasado jueves y que algunos han querido interpretar con poco tino como de aproximación al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, mezclaban el recuerdo de algún episodio del pasado con la constatación de que actualmente una fusión entre ambas entidades es prácticamente imposible. La desconocida historia de los movimientos de Oliu para acercarse a Bankia se remonta al final del verano y el otoño del 2017.

Mariano Rajoy ocupaba la presidencia del gobierno y Luis de Guindos era su ministro de Economía. Bankia llevaba ya tiempo en manos de un Estado que tuvo que rescatarlo aportando 22.000 millones de euros, gracias a un préstamo, eufemismo mariano, de la troika.





Teóricamente, el Estado debía salir del capital de Bankia a los cinco años de su intervención, precisamente en el 2017, aunque el gobierno había aprobado aplazar su marcha dos años más, hasta el 2019. Plazo que, a su vez, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado al 2021.

Poco antes, en el verano de ese año 2017, el Banco Popular, que junto con el Sabadell y Bankia completaba el mermado grupo de la banca media española, había sido intervenido por la autoridad bancaria europea. Como consecuencia de esa desagradable sorpresa deparada por el sistema bancario español, casi nueve años después del arranque de la crisis financiera mundial, la suspicacia de los inversores volvía a proyectar su sombra sobre las entidades del sur de los Pirineos.


Mariano Rajoy dio luz verde a seguir adelante y Guindos también estaba a favor

Y tanto o más trascendente, la tensión en Catalunya se acercaba a su clímax, con la convocatoria de referéndum del 1 de octubre marcando el tempo de la política. Dinámica que ponía la economía española bajo la lupa de los mercados.

Entidades financieras como el Sabadell, pero también CaixaBank, seguían con preocupación los acontecimientos y estudiaban movimientos que, pocas semanas después, culminarían con el traumática traslado de sus centenarias sedes fuera de Catalunya.

Oliu se encontraba entre los pocos grandes empresarios autóctonos que había mostrado públicamente su disgusto con lo que estaba aconteciendo políticamente en Catalunya y había avanzado la posibilidad de esa marcha y ya había hecho varios movimientos en dirección al gobierno. De hecho, en un momento anterior, en el 2015, había pedido a Guindos un cambio legal para poder trasladar la sede del banco sin necesidad de convocar previamente la junta de accionistas. Algo que el ministro, en nombre del gobierno, hizo prestamente. Lo volvería a hacer de nuevo, también a petición de parte interesada, después del 1-O.





Así las cosas, en septiembre del 2017, el banquero catalán decidió dar un paso trascendente. Llamar a la puerta del gobierno para proponerle una fusión con Bankia, de la que el Estado tenía la gran mayoría del capital. Josep Oliu se reunió con Luis de Guindos y también con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Ambos se mostraron abiertos a explorar la operación y comenzaron a plantearse posibles escenarios.


Goirigolzarri había mantenido ya contactos con el BBVA y CaixaBank

Sobre la mesa, la fusión aportaba ventajas para todos los participantes. El gobierno, especialmente el liberal Luis de Guindos, estaba ansioso por encontrar la vía para salir del capital de Bankia. Una fusión con una entidad privada diluiría su paquete y al dar más liquidez a la acción, facilitaría posteriores desinversiones hasta la retirada total.

Asimismo, desde el punto de vista de la ordenación bancaria, máxime tras la crisis del Popular, Guindos podía aspirar a dejarlo estructurado de un plumazo en torno a cuatro grandes entidades (Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia-Sabadell), con la banca mediana prácticamente desaparecida, y un nutrido grupo de operadores más pequeños sin dimensión suficiente para generar problemas sistémicos.

Para el Sabadell, comportaría abandonar una zona de riesgo, la de las entidades de tamaño medio, que los mercados castigaban más a cada día que pasaba, incorporándose a la liga de los grandes.





Y, finalmente, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri se sacudiría el yugo público para tener un papel exclusivamente financiero. Desde el punto de vista de la lógica del negocio bancario, ambas entidades, según informan fuentes implicadas en su momento en los contactos, eran en aquel momento altamente complementarias. Bankia tuvo que vender, por imperativo europeo, más de 1.000 sucursales en Catalunya, Andalucía, Galicia y el norte de España, territorios en los que sí operaba el Sabadell.


El Popular había sido intervenido meses antes y en Catalunya se acercaba el 1-O

Para estudiar los posibles escenarios, se contrató a Citibank, que se encargó de plantear ecuaciones de canje, y operaciones para acelerar la salida del Estado del capital (que ya rebajaría de entrada su participación a la mitad de antes de la fusión). También para proponer esquemas de renuncia total o parcial del Estado a sus derechos políticos en la nueva entidad.

Un elemento clave, siempre que se plantean este tipo de operaciones, es el del reparto del poder. Desde el punto de vista de las valoraciones, en aquel otoño del 2017, ambas entidades tenían una dimensión similar. Bankia capitalizaba en bolsa unos 12.000 millones de euros y el Sabadell algo menos, unos 10.500. Según las fuentes consultadas, Oliu aceptó que desde el punto de vista de la gestión ejecutiva Goirigolzarri “ocuparía la posición preeminente”, aseguran fuentes implicadas directamente en las conversaciones. Podría repetirse un esquema que ya se había producido en el BBVA más de una década antes, cuando Goirgolzarri era el número dos, tras el presidente Francisco González, y el número tres Jaume Guardiola, ahora consejero delegado del Sabadell.





Ciertamente, Goirigolzarri ya había hablado también con los responsables de los grandes bancos españoles, especialmente CaixaBank y BBVA, pero las cosas no habían ido a más. En estos dos casos, sin embargo, la distancia entre el banco participado por el Estado y los dos grandes implicaba una fusión por absorción de este último por cualquiera de los dos primeros. La finalmente fracasada fusión con el Sabadell ofrecía más continuidad a su entidad, algo que también interesaba al gobierno, y una posición relevante para él mismo.

Pese a estos elementos, la operación no fraguó. A la crisis política catalana se sumó la marcha del gobierno de su principal valedor político, Luis de Guindos, elegido vicepresidente del BCE. Ahora, la operación se antoja imposible, por lo menos en los términos en los que se planteó en el otoño del 2017. Bankia capitaliza más de 7.000 millones de euros y Sabadell en torno a 5.000.








Fuente: LA Vanguardia