La guerra abierta entre el Gobierno central y el de Madrid por la política fiscal se resume en un número mastodóntico: los 48.292 millones de euros que han dejado de ingresar las arcas públicas regionales por las sucesivas rebajas impositivas decididas por los Ejecutivos del PP entre 2004 y 2019, según cálculos de la consejería de Hacienda. La continuidad de esa política enfrenta ahora al Gobierno central —formado por PSOE y Podemos— y el autonómico —PP y Cs—. Mientras que los partidos que sostienen al primero acusan al Ejecutivo regional de competencia desleal —dumping fiscal, le dicen, señalando que Madrid busca atraer a las grandes fortunas de toda España—, las formaciones que sustentan al segundo se escudan en las buenas cifras macroeconómicas, defienden que así se dinamiza la economía y el empleo, y retan al resto de autonomías a seguir su receta.

«Madrid es el ejemplo de una política neoliberal del PP que se envuelve en la bandera de todos mientras divide y confronta territorios», lanzó el lunes Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, en referencia al impuesto del patrimonio —bonificado al 100% en Madrid— y los de sucesiones y donaciones —al 99%—. «Y eso sí que rompe y divide España», añadió. «No se defiende la unidad de España atacando fiscalmente a tus vecinos, o eliminando o recortando impuestos a los grandes patrimonios para intentar atraer capitales de otras comunidades», abundó, recordando que el PSOE es partidario de una «armonización fiscal».

Esa propuesta ya la defendió Pedro Sánchez para el impuesto de sucesiones a finales de 2019 —»Tendremos que acabar con los dumpings fiscales», dijo sobre Madrid—. Y en ella ahondó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pasada semana. «Lo que pretende el Gobierno es que no se produzca competencia desleal entre comunidades autónomas», detalló la representante del PSOE, que ha pactado con Podemos impulsar una tributación mínima por el impuesto de sociedades; eliminar exenciones; y «resolver las asimetrías» en la financiación de las Comunidades.

En el Gobierno de Madrid, esas expresiones suenan igual que los tambores de guerra.

«Cualquier intento de limitar la capacidad normativa de la Comunidad será ilegal, y anticonstitucional, y será un ataque directo al pluralismo político», dijo el viernes el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. «Si dicen: tiene usted capacidad normativa, pero no la puede ejercer más que en una banda de uno o dos puntos, significa que han hecho que el socialismo sea obligatorio».

La pelea ante las cámaras desvía la atención de las dificultades que afronta el Gobierno de Madrid para mantener viva su racha de 16 años consecutivos bajando impuestos en la región. Durante la campaña electoral, Isabel Díaz Ayuso prometió una rebaja «histórica» de 300 millones. Una vez lograda la presidencia, acotó su promesa, vinculándola a los vaivenes de la economía. Finalmente, el Ejecutivo registró en la Asamblea un proyecto de bonificaciones del IRPF que ahorraría 16,4 millones a unos 30.000 madrileños. Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, único socio posible para sacar la medida adelante, juzgó la propuesta como poco ambiciosa para una Comunidad con 22.000 millones de Presupuesto. Peor. Registró una enmienda a la totalidad.

Desde entonces, el Ejecutivo regional celebra que Madrid se ha convertido en la Comunidad que más aporta al PIB nacional, o que ha batido su récord de ocupados… mientras prorroga los Presupuestos de 2019 y no negocia el proyecto para los de 2020.

Presupuestos de 2021

Según el equipo de Díaz Ayuso, todo depende de que el Gobierno apruebe las cuentas del Estado, lo que puede llevar hasta el verano, en cuyo caso tendrá que resolver una duda: ¿Compensa elaborar los Presupuestos para 2020, o es mejor centrarse en los de 2021?

En ambos casos, las dificultades que afronta el Ejecutivo son máximas. Cuando el borrador de las cuentas esté listo, llegará una durísima negociación con Vox, que exige medidas ideológicas (como el veto parental educativo) a cambio de su apoyo. Y son votos decisivos: no parece haber más posibles socios.

«Es dinero que no viene a una Comunidad en la que hay 33.000 millones de deuda y muchas necesidades», dice sobre las rebajas del PP Pilar Sánchez Acera, del PSOE. «Y hay que ver dónde se produce el grueso: en el impuesto de patrimonio y el de sucesiones, lo que afecta, mayoritariamente, a los que más recursos tienen. No son rebajas que beneficien a todos por igual. Benefician a los que más tendrían que aportar».

Así, el Gobierno podría recaudar unos 550 millones anuales más solo con reducir las bonificaciones de las herencias de más de un millón (del 99% al 60%) de 5 (del 99% al 25%) y de 10 (del 99% al 10%), según cálculos de la oposición.

 «Los más beneficiados son las grandes herencias, los grandes patrimonios y los grandes vendedores de inmuebles», amplía Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid.

«Existen injusticias flagrantes: 400 de las 600 fortunas más grandes del país están en Madrid para no pagar el impuesto del patrimonio, lo que supone erosionar la recaudación en Madrid y en el resto de España, porque es dumping fiscal», critica Jacinto Morano, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. «Con los 50.000 millones que se han rebajado en estos años, Madrid no tendría deuda y podría haber invertido 14.000 más en servicios públicos».

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Fuente: El Pais

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