La titular del Juzgado número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha ordenado en la mañana de este lunes a la Guardia Civil la práctica de varias entradas y registros relacionados con el brote de listeriosis originado en la fábrica sevillana de Magrudis, el mayor registrado en España, que se ha cobrado tres muertes, ha causado, al menos, siete abortos y ha afectado a más de 200 personas. A las ocho de la mañana, los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) han precintado la sede de la empresa en el polígono El Pino. También han procedido al registro de los domicilios relacionados con cinco personas vinculadas a la cárnica, a las que se ha detenido tras concluir las inspecciones pasadas las once, informan fuentes de la investigación. Entre ellas se encuentran José Antonio Marín Ponce, a quien la juez considera «administrador de hecho» de Magrudis, y sus dos hijos. Uno de ellos, Sandro José Marín Rodríguez, aparece en el registro mercantil como administrador y socio único.

Tres de los arrestados van a ser trasladados a las dependencias de la Guardia Civil y otros dos están dirigiéndose hasta la sede de Magrudis. Está previsto que se realicen nuevos registros tanto allí como en una nave anexa, que la empresa podría estar utilizando como «fábrica clandestina».  

La juez admitió a trámite la querella interpuesta por la asociación de consumidores Facua la semana pasada. En el auto se dictaminó que José Marín y su hijo Sandro podrían haber incurrido en delitos contra la salud pública y de lesiones. En el escrito se confirmaba que la empresa conocía desde el pasado mes de febrero que sus productos estaban contaminados por listeria, una información que ocultó a las autoridades sanitarias y ante la que no adoptó ninguna medida correctora.

En el auto, la juez hacía mención a un informe aportado por los laboratorios Grupo Microal, que está investigando la Guardia Civil. Esos laboratorios realizaron análisis de dos muestras de carne de Magrudis en febrero, constatando la presencia de la bacteria. «Cuando saltó la crisis, comunicamos por correo electrónico a la empresa que uno de sus aislados ya había aparecido contaminado mucho antes. Como no hicieron nada, lo pusimos en conocimiento de la justicia», explicó a este diario José Antonio Borrás, fundador y propietario de Grupo Microal.

Tanto Facua como el Defensor del Paciente han recibido denuncias de personas que comieron carne mechada mucho antes del 15 de julio, fecha en la que la Junta constató que había un brote.

El Gobierno andaluz activó la alerta sanitaria sobre la carne mechada de la empresa Magrudis el pasado 15 de agosto. El 21 amplió la prohibición a otras ocho variedades de elaborados y el 28 a dos tipos de chorizos. Técnicos del Ayuntamiento de Sevilla descubrieron que la fábrica comercializaba una segunda línea de productos que incluían hasta 50 tipos distintos de elaborados, un hallazgo que llevó al Consistorio a sospechar que la cárnica contaba con alguna otra nave que no había declarado, puesto que ninguno de ellos estaba almacenado en la sede del polígono El Pino. Entre los registros ordenados este lunes por la juez se encuentra un local anexo.

En el arranque de la crisis, quien apareció ante los medios como responsable de la empresa fue Sandro Marín, el único que aparecía en los registros como administrador único. Este diario desveló que el verdadero dueño de Magrudis, José Marín, usó a su hijo de testaferro tras dejar tres empresas con deudas en 20 años.

Una empresa rodeada de irregularidades

Magrudis se inscribió en el Registro Mercantil en 2013, pero inició su actividad empresarial sin contar con licencia de apertura del Ayuntamiento de Sevilla. La declaración responsable que sustituye esa autorización mientras se tramita no se presentó hasta diciembre de 2018. Sin embargo, la Junta de Andalucía inscribió a la cárnica en el registro sanitario del ministerio en 2015. Pese a no tener licencia de apertura ni declaración responsable de actividad, el Ayuntamiento realizó tres inspecciones a la fábrica en 2015, 2016 y julio de 2017. En esa última visita, la inspectora rebajó la calificación de la empresa de A a C, alegando que la cárnica había reducido su ámbito de distribución de la provincia de Sevilla al término municipal de la capital andaluza, si bien la crisis demostró que Magrudis distribuía a Madrid, Extremadura y Cataluña. La rebaja del nivel de riesgo implica que la periodicidad de las inspecciones pase de 12 meses a 18.

El Ayuntamiento de Sevilla es competente en materia de seguridad alimentaria y son sus inspectores municipales quienes la ejercen. En la actualidad cuenta con 13 veterinarios que ejercen tareas de inspección. Desde el Colegio Andaluz de Veterinarios han llamado la atención sobre la necesidad de ajustar efectivos en función de la población y el número de empresas y establecimientos que tienen que revisar y es una reclamación que han trasladado a la Consejería de Salud.

Las irregularidades de Magrudis rebasan el ámbito municipal. En julio de 2019, la empresa realizó una ampliación de sus instalaciones de la que debería haber informado antes a la Junta de Andalucía, y hubiera necesitado de una inspección sanitaria previa para autorizar esas obras. Magrudis lo comunicó a la Administración el 31 de julio, cuando ya había comenzado a producir elaborados. Además, la cárnica tampoco está inscrita, como es preceptivo, en el Registro de Industrias Agroalimentarias dependiente de la Consejería andaluza de Agricultura y que también implica estar sujeta a inspecciones y a sanciones.




Fuente: El Pais

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