La Guardia Civil ha irrumpido esta mañana en dependencias de la Generalitat en busca de documentación sobre el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. Fuentes judiciales han confirmado a EL PAÍS que no se trata de un registro, sino de un requerimiento de «expedientes administrativos» relacionados con el supuesto gasto público del 1-O. Los agentes han entrado, entre otros, en la sede del Departamento de Exteriores.

Esta enésima intervención de la Guardia Civil en dependencias de la Generalitat ha sido ordenada por la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil. Pese a que ha dado ya por concluido el grueso de la investigación —ve indicios de delito contra unas 30 personas, entre ellas altos cargos y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont—, algunas pesquisas aún siguen adelante. La Fiscalía solicitó que se requiera nueva documentación para acreditar el gasto público en la consulta independentista —en particular, el pago de observadores internacionales— y la juez lo autorizó.

Vestidos de paisano, los agentes han irrumpido en el Departamento de Exteriores de la Generalitat, uno de los órganos clave en la organización del referéndum. Esta nueva solicitud de información llega cuando ya se ha celebrado, en el Tribunal Supremo, el juicio contra los líderes independentistas por su participación en el procés. Además de rebelión y sedición, los 12 acusados se enfrentan también al delito de malversación de fondos públicos por organizar el 1-O con recursos públicos.

La investigación sobre el procés, sin embargo, se ha desdoblado en dos causas judiciales. La mayor parte de las pruebas que se han manejado en el Supremo, de hecho, han salido de las indagaciones ordenadas por el anterior titular del juzgado 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Aunque el Supremo ya puso punto final a la instrucción, el juzgado de Barcelona siguió recabando más indicios sobre los gastos del referéndum.




Fuente: El Pais

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