Cuando Miguel Figueroa tenía 24 años abandonó Puerto Rico jurando no volver. Más de medio millón de personas ha hecho lo mismo en la última década, reduciendo la población de la isla hasta los 3,1 millones. El anémico censo despide sin tregua a una diáspora que se hace fuerte en Estados Unidos, donde viven 5,5 millones de boricuas. La ciudadanía estadounidense de la que goza la población por ser un Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos —un estatuto entre la autonomía y la dependencia— ha servido como válvula de escape para la crisis económica que padece la isla desde finales de los años noventa.

El éxodo, la crisis económica, los desastres naturales, Gobiernos poco eficaces y una tensa relación con Estados Unidos han marcado el ritmo de una isla formateada para levantarse. Faltaba un escándalo político para crear una tormenta perfecta de hartazgo que ha sacado durante dos semanas a la población a la calle hasta que logró, el pasado miércoles, la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló.

Figueroa, que superado por la nostalgia regresó en 2015 tras 12 años en EE UU, fue uno de los miles que salió a la calle.

La revolución pacífica contra Rosselló fue la respuesta a la filtración de un chat grupal que este mantenía con sus asesores más cercanos en el que se mofaban de las víctimas del huracán María, que azotó la isla en 2017, de las mujeres, de los homosexuales, y de prácticamente todos los boricuas. Fue la gota que colmó el vaso en una isla tan castigada. Además de los insultos, las conversaciones dejaron al descubierto malas prácticas del Gobierno. La sociedad sintió que no solo se estaban riendo de ellos, sino que también les robaban. «Estoy seguro de que la isla no volverá a ser igual. Las protestas nos han cambiado para siempre», afirma Luis Vásquez, diseñador de 26 años, que no conoce a nadie que no haya participado de esta rebelión. Solo su abuela, que le aclaró que si tuviera la salud necesaria, habría salido.

Vásquez, como otros, quiere seguir en la calle para evitar que se haga con el cargo la sustituta de Rosselló, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, también salpicada por sospechas de corrupción.

Del malestar por el escándalo político cuelga el que genera periódicamente la relación con la superpotencia. Ocurrió en

octubre de 2017, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó durante cinco horas la agonizante ciudad de San Juan tras el paso del huracán María. Aún no se sabía que la cifra total de muertes sería de 3.057 ni que la tasa de suicidios aumentaría un 20% respecto al año anterior, según la Administración de Servicios de Salud Mental y Control de la Adicción. Sí se sabía que el Gobierno de la isla se había declarado en bancarrota y que, en un referéndum no vinculante apenas unos meses antes, el 97% de los votantes había elegido la opción de que Puerto Rico se convirtiera en el Estado 51º de EE UU, pulverizando las opciones de independizarse o continuar como un ELA. El republicano solo se refirió a un tema en su visita: «Hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico». Prometió ayuda mientras lanzaba rollos de papel higiénico a los damnificados por el huracán.

El exgobernador Aníbal Acevedo (2005-2009), del Partido Popular Democrático, defiende un diálogo serio con EE UU para «revisar la relación política y económica entre ambos», sumado a una reforma del modelo democrático local, lo que requeriría un cambio constitucional.

«La crisis económica y fiscal es una responsabilidad compartida de Puerto Rico y EE UU. Nosotros hemos fallado, me incluyo, pero desde 1997 en adelante todas las decisiones del Congreso estadounidense sobre Puerto Rico han sido negativas», acusa Acevedo, refiriéndose al año en que se decidió eliminar paulatinamente los principales incentivos fiscales a las compañías norteamericanas en Puerto Rico para estimular la inversión de capital y atraer industrias manufactureras. «Ellos nos habían dado ese modelo», reclama, y critica que a los gobernadores no les dieron herramientas contra la crisis.

En el momento en que la deuda puertorriqueña ascendía a 70.000 millones de dólares [unos 62.900 millones de euros] en 2016, EE UU aprobó la ley Promesa para ofrecer un camino a la reestructuración a través de una Junta de Control Fiscal (JCF) que supervisara el caos financiero.

«Yo los comparo un poco con Star Wars. No los ves, no dan la cara y están controlando nuestras vidas. Es parte del surrealismo mágico de esta isla», opina Miguel Figueroa. Durante las protestas, la JCF ha sido cuestionada por los manifestantes por no haber reparado en las malas prácticas que se achacan a la Administración de la isla, cuando las expectativas de la gente también eran que atajara la corrupción. «La JCF no se ha dado cuenta de que este despertar del pueblo se va a girar en contra de ellos. El hecho de que sean apartidistas no los libera de las presiones ante la calle», advierte el exgobernador Acevedo.

Volver a la calle

«Es muy raro que el Gobierno federal [de EE UU] no haya dicho una sola palabra, no mandaran al Ejército, no pasara nada… Viendo la manera de proceder de Trump creo que lo que quiere es justificar la retirada de los fondos a Puerto Rico y darle más poder a la JCF con el pretexto de que ‘obviamente no sabemos gobernar», teme, por su parte, la escritora Mayr Santos Febres.

La organizadora del Festival de la Palabra, el encuentro literario más importante de la isla, atribuye el papel destacado del mundo artístico en estas protestas, con la participación de artistas como Ricky Martin y Bad Bunny, a una acción que se cocinaba desde hace años para atender las necesidades culturales que el Gobierno no cubría. «Ese trabajo de las ONG y las redes sociales dieron las herramientas al pueblo para organizarse».

La escritora cree que parte de la solución a la crisis actual pasa por incluir a los grupos de acción ciudadana dentro de la gobernanza. De no ocurrir, vaticina: «La gente se va a ir a sus casas, va a estar un ratito ahí y va a volver a la calle».

“Wanda, no te vistas”

A pesar de que Puerto Rico logró que por primera vez en su historia que un gobernador dejara el puesto por presiones de la ciudadanía, los boricuas sienten un sabor agridulce mientras mastican la victoria. El gobernador saliente, Ricardo Rosselló, quien abandonará el cargo el 2 de agosto, ha designado como su sustituta a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, también bajo sospecha de corrupción. En teoría, debería ser el secretario de Estado quien ocupara el sillón de la Fortaleza, pero Luis G. Rivera Marín es uno de los 15 miembros del Gobierno que han dimitido tras el escándalo del chat.

Un grafiti en la calle de la Resistencia dice: “Wanda, no te vistas”, advirtiéndole de que ahora la presión caerá sobre ella. El pasado jueves, la Oficina de Ética Gubernamental confirmó que están investigando a Vázquez por su negativa a indagar irregularidades relacionadas con la gestión del devastador huracán María en 2017.




Fuente: El Pais

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