Aunque puso el grito en el cielo, el Govern ha aceptado finalmente iniciar las negociaciones con el Ejecutivo español con el fin de hacer efectivo el decreto que prevé el incremento salarial de un 2,25% y el retorno del 10% de la paga extra del 2013 a los trabajadores públicos. De lo contrario, si no se hubiera iniciado este diálogo, el Ministerio de Política Territorial, que dirige Meritxell Batet, ya había avisado mediante un requerimiento enviado al Govern de que presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional que dejaría en suspenso las medidas aprobadas si no se llega a un acuerdo.





El encargado por parte del Gabinete catalán de establecer contactos será el conseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, en el marco de la comisión bilateral Generalitat-Estado.

A pesar del alboroto, Batet aclaró la semana pasada que el Gobierno no tiene ninguna intención de frenar el decreto y que la devolución de aquella paga extra estaba garantizada. Pero Batet señaló que se ponía en duda la medida porque sólo las administraciones que cumplen con los objetivos de déficit y deuda y la regla de gasto tienen vía libre para aprobar iniciativas de esta índole.


Entre 2019 y 2020

El Govern responde a las críticas de inacción con un plan de 247 proyectos de ley

También el aumento de los salarios está en cuestión. El ministerio aducía que veía la aprobación “controvertida” porque excluye expresamente que no afectará a gastos de acción social.

Al fin y al cabo, según el Gobierno, se podría resolver sentándose en la mesa. Pero como previa, la consellera de Presidència y portavoz del Govern, Meritxell Budó, no obvió cargar ayer las tintas tras el Consell Executiu contra el Gobierno de Pedro Sánchez: “Nos parecería muy grave que el Gobierno español quisiera invalidar el retorno de estos derechos laborales a los trabajadores públicos catalanes”, denunció. Para el Govern, no hacía falta ningún requerimiento y habría agradecido, según dijo Budó, una mera nota de aclaración.





El Govern tendrá que entenderse con el Ejecutivo central para superar un primer escollo para devolver este 10% de la paga extra del 2013. Tendrá más dificultades, porque el 30% dependía de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat del 2019, y el 60% debería abonarse en el 2020.


Hechos de Coripe

El Gabinete lleva ante la Fiscalía el fusilamiento del muñeco que imitaba a Puigdemont

Mientras tanto, el Govern de Quim Torra quiso dar ayer carpetazo a las acusaciones de inacción y aprobó un plan normativo para el 2019 y el 2020 donde se recogen todos los proyectos de ley y las normas reglamentarias que el Ejecutivo catalán prevé tramitar. En total, 199, además de otras 48 que están actualmente en trámite. La lista de todas estas iniciativas está en el portal de transparencia.

El Consell Executiu también resolvió ayer presentar una denuncia ante la Fiscalía por la quema y el fusilamiento del muñeco en Coripe (Sevilla) que representaba a Carles Puigdemont. El Govern ve indicios de incitación al odio.








Fuente: LA Vanguardia

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