La futura normativa sobre acceso y conexión a las redes eléctricas, clave para el desarrollo de las energías renovables, está en pleno trámite legal. Se trata, por un lado, de un proyecto de real decreto, que el Ministerio de Transición Ecológica lanzó a audiencia pública en julio, y de una circular de la CNMC que completaría la futura regulación. Ambas normas podrían entrar en vigor a fin de septiembre u octubre.

Tras una dura pugna entre ambas instituciones por unas competencias que comparten, aunque la mayor potestad corresponde al ministerio, este elaboró una propuesta de RD que fija la caducidad de la avalancha de solicitudes de enganche acumuladas en los últimos años (hasta 430.000 MW cuando el sistema español solo tiene una capacidad de 105.000 MW, lo que demuestra su carácter especulativo); los tipos de permisos y los hitos que deben cumplir los inversores así como una moratoria de solicitudes de tres meses (desde el 24 de junio), hasta la aprobación de la nueva normativa.

En sus alegaciones al real decreto, la Unión Española Fotovoltaica (Unef) aplaude una norma que simplifica, da transparencia al proceso y “desincentiva a los agentes que no aportan valor añadido”. Sin embargo, la asociación pide que no se pongan barreras a pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, reclama un nuevo marco “que discrimine positivamente a aquellos proyectos que estén más avanzados frente a los que no lo estén”, aunque a estos se les haya caducado el plazo. Frente a la posibilidad que fija la disposición transitoria segunda del RD de que los promotores con el permiso caducado o que hubiesen renunciado al mismo vuelvan a solicitarlo para el mismo punto de conexión (tendrían preferencia) Unef plantea la celebración “de un concurso abierto”. La asociación considera esta opción “más ajustado a derecho”, mientras que la propuesta del Gobierno supondría una “judicialización”, por ser discriminatoria y poco objetiva y transparente.

Unef pide que, inmediatamente después de que entre en vigor el decreto, el operador del sistema (REE) publique la capacidad disponible y se dé un mes de plazo a los agentes para realizar solicitudes por esta capacidad. Una vez terminado el plazo, en los nudos con más demanda que oferta (capacidad disponible), “se establezca un concurso de méritos en base a criterios de madurez administrativa de los proyectos”.

En sus apreciaciones, la asociación pronostica que, una vez termine la actual moratoria de solicitudes, se va a producir un efecto llamada o efecto ventanilla, con muchas más peticiones que capacidad disponible. Una situación que pondría en entredicho la adecuación del criterio de prelación temporal que es el que rige actualmente. Una razón más para justificar la celebración de un concurso, “que premiaría a los proyectos más avanzados, descartando al resto”, según Unef.

Avales excesivos

La disposición transitoria segunda, insiste esta asociación, “otorga un derecho preferente a desarrolladores que han estado bloqueando durante más de siete años una capacidad de acceso sin poner en marcha sus instalaciones, motivo por el cual sus derechos de acceso habrían caducado”.

Así, en lugar de una “repesca” para proyectos con permisos caducados, se realizaría un concurso en el que puedan competir todos los agentes en igualdad de condiciones. Para Unef, “este concurso debe ser diseñado de forma que se filtren los proyectos maduros según requisitos no discriminatorios, eliminando la especulación, pero sin desincentivar la actividad de promoción ni perjudicar a los pequeños productores”.

La asociación rechaza, por otra parte, la cuantía de las garantías que fija el proyecto de real decreto para poder acogerse a la disposición transitoria segunda (250 euros/kW), pues tiene un efecto disuasorio, supone una barrera para pequeños inversores y además “no está justificado en un contexto en el que se están incorporando criterios para filtrar los proyectos maduros”.

En este sentido, propone avales de 40 euros/kW y que en las garantías se tengan en cuenta la prelación de las solicitudes ya en curso respecto a las nuevas y la asignación de capacidad en caso de escasez.




Fuente: El país

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