La Fiscalía prevé mantener la acusación por rebelión y malversación contra Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Tras casi cuatro meses de juicio, el ministerio público considera, según fuentes de este departamento, que no hay razón para modificar las conclusiones recogidas en el escrito de acusación que presentó antes de la vista oral, en el que atribuía un delito de rebelión a los nueve acusados que están en prisión preventiva y, en el caso de los antiguos miembros del Govern de Carles Puigdemont, agravado con malversación. Tampoco prevé modificar en líneas generales la petición de pena para los acusados, que oscilaba entre los siete y los 25 años de cárcel.

Según la Fiscalía, todas las pruebas practicadas durante el juicio confirman las acusaciones contra la cúpula del procés. El tribunal ya ha fijado para la semana que viene la fase final del juicio: la presentación de los informes orales de la Fiscalía y las defensas. Pero antes, las acusaciones tendrán que elevar a definitivas las conclusiones provisionales con las que se presentaron al juicio. Es decir, indicar si sigue acusando a cada uno de los procesados por el delito que le atribuyó antes de la vista o si lo altera para alguno de ellos. Los magistrados quieren que ese trámite esté hecho esta misma semana y fuentes del ministerio público han confirmado que mantendrán la acusación por rebelión para los nueve presos preventivos: el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim For y Raül Romeva; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Sobre el líder de Òmnium, que está en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017 y para el que la Fiscalía pide 17 años de cárcel, se habían suscitado algunas dudas durante el juicio porque algunos testigos han rebajado su implicación en la concentración ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre y en unos incidentes ocurridos en Badalona. Sin embargo, la Fiscalía considera que tuvo una actuación “muy activa” el 1-O y que aunque el 20-S pudiera tener un papel más secundario que el de Jordi Sànchez, lo cierto es que estuvo también allí “liderando a la masa”. El ministerio público defiende que el delito de rebelión se configura a través de “una secuencia de hechos” que, como en el resto de acusados, se dan también en el caso de Cuixart.

El ministerio público prevé mantener también la acusación por malversación que se atribuye a todos los que formaron parte del Govern, incluidos los tres procesados que están en libertad (los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, acusados también de desobediencia), a los que se acusa de un delito de desobediencia. El ministerio público sostiene que, en principio, todos los exconsejeros son responsables del uso de fondos públicos para la consulta independentista ilegal porque suscribieron un acuerdo por el que se repartían de forma solidaria ese gasto. El tribunal tendrá que determinar luego si ese acuerdo se ha traducido en actos concretos que sirvan para individualizar las acusaciones y las condenas.

Las fuentes consultadas señalan que su informe puede recoger alguna novedad que no estuviera en el escrito de acusación, pero no relativa a nuevos episodios sino a la descripción “más detallada” de algunos hechos. Estos añadidos no implicarán, según estas fuentes, una “mutación” de los hechos recogidos en el escrito previo al juicio.




Fuente: El Pais

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