La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este martes a la Sala de lo Penal que abra una investigación contra la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs por adjudicar a dedo varios contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017. El ministerio público pide al Supremo que la cite como investigada, previa solicitud al Congreso del permiso (el llamado suplicatorio) para actuar contra ella al estar aforada como parlamentaria. El alto tribunal tendrá ahora que decidir si abre una causa contra la diputada y si la cita directamente a declarar, como pide la Fiscalía, o recaba previamente alguna prueba más.

En un escrito firmado por el fiscal Javier Zaragoza, el ministerio público recoge los argumentos y hechos relatados por el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona en la exposición razonada que envió al Supremo pidiendo que asumiera la investigación de Borràs. Según La Fiscalía, hay indicios de que durante la etapa en la que la hoy diputada estaba al frente de la ILC, un organismo público dependiente de la Generalitat, hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados por esta institución a favor del Isaías Herrero, que había colaborado anteriormente con Borràs en un máster que impartía en la Universidad de Barcelona (UB). La diputada aprobó presuntamente contratos por importes inferiores a 18.000 euros para poder adjudicarlos de forma directa y sin necesidad de un concurso público. La investigación cifra en 260.000 euros la cantidad defraudada por la ahora diputada.

La Fiscalía, como la juez instructora de la causa en Barcelona, cree que Borràs participó “material y directamente” en esa operación y, “abusando de dicha función”, adjudicó “de manera arbitraria todos los contratos de programación informática” a su amigo Herrero. Ambos actuaron supuestamente de común acuerdo para defraudar a la institución mediante el fraccionamiento ilegal de los contratos y falsificando los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes para simular la participación de terceras personas independientes para beneficiar a Herrero y causando un “claro perjuicio” al erario público.

En todos los contratos adjudicados a su antiguo colaborador, Borràs «propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente su pago», señala el fiscal, que detalla en su escrito, uno a uno, los 18 expedientes adminsitrativos tramitados a favor de Herrero, que suman 259.863 euros.




Fuente: El Pais

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