La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar el suicidio de una mujer después de que se difundiera sin su autorización un vídeo de carácter sexual, grabado hace cinco años, entre sus compañeros de trabajo. Verónica, de 32 años y madre de dos niños pequeños, era empleada en la planta de Iveco del distrito madrileño de San Blas-Canillejas. La fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha pedido un informe a la Policía Nacional para determinar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito, según fuentes fiscales citadas por EFE.

Según fuentes policiales, se están “haciendo las gestiones necesarias para esclarecer lo sucedido”. Están analizando el vídeo, averiguando cuándo y cómo se filtró, quién lo hizo y quiénes lo compartieron; también si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma quien, por error, difundió por primera vez esas imágenes íntimas. También la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado actuaciones de oficio.

El suicidio se produjo el pasado sábado, después de que en días anteriores se difundiera el vídeo a través de mensajes privados y grupos de WhatsApp. Dos compañeros contaron en una entrevista al programa Espejo Público de Antena 3 que la mujer temía que las imágenes, grabadas antes de casarse, llegaran a su marido, lo que al parecer se produjo el pasado viernes. Tantos estos como más de un centenar de empleados de la fábrica se concentraron en la puerta de la planta, por segundo día consecutivo, en repulsa por la muerte. El acto concluyó con un aplauso para la fallecida.

«No hay derecho», ha dicho a los medios de comunicación, con indignación, una de las compañeras de la fábrica de Verónica, justo antes de fichar. «Creo que la gente no es consciente de lo que pueden suponer sus actos a veces, lo que puede llegar a desencadenar lo que para ellos podía parecer una broma», ha comentado a EFE un trabajador de las oficinas. «A lo mejor no lo vieron los 2.500 trabajadores, pero sí 2.000. A mí no me llegó ni lo vi, pero se vio por toda la zona, sabes quién lo tiene y quién lo puede enseñar», ha declarado un trabajador de otra sección de la fábrica. Otro empleado de Iveco asegura que “la difusión no fue tan extendida” y que “ni por asomo todo el mundo lo vio ni lo tuvo en su teléfono”.

¿Qué sociedad tenemos que para fastidiar la vida de una persona juega con la reacción asegurada y negativa de los demás?

Borja Adsuara, experto en Derecho Digital

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la dirección de la empresa el jueves pasado, que consideró que era un asunto personal y no de ámbito laboral, por lo que decidió no tomar ninguna medida, según Comisiones Obreras. Según algunos medios de comunicación, desde el departamento de Recursos Humanos instaron a la mujer a denunciar lo sucedido, pues puede ser constitutivo de un delito contra la intimidad, pero ella rechazó hacerlo. La empresa ha declinado hacer declaraciones sobre el suceso: “Ni confirmar ni desmentir nada”.

A la reunión con la dirección acudieron la trabajadora, operaria de la cadena de producción, dos delegados de CC OO y la responsable de igualdad en Iveco, durante la cual se abrió de manera informal el procedimiento, según explica Raquel Márquez, la abogada encargada del caso desde el sindicato. “El viernes, con el escrito ya terminado para continuar con la formalización del procedimiento, fuimos a buscar a la trabajadora, que en ningún momento dio su consentimiento para que ese vídeo se difundiera, pero ya se había marchado de su puesto debido a un ataque de ansiedad”. La respuesta de Iveco, cuenta Márquez, fue que se trataba de “un tema personal”. Y desde la empresa, dice, “están desolados y abrumados por lo sucedido y no quieren hablar con los medios de comunicación ni emitir ninguna declaración”.

Accidente de trabajo

La abogada explica que Comisiones Obreras interpondrá lo antes posible una denuncia ante la Inspección de Trabajo con el fin de que este suicidio se considere accidente de trabajo y se tomen medidas laborales y penales contra los responsables: “Esto está contemplado como acoso sexual, por lo que hay un incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, la empresa lo sabía y no hizo nada, ni evaluó el riesgo ni tomó medidas preventivas, así que también se incumple la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales”.

Y añade que hay una tercera línea, “gravísima, pero que excede del ámbito laboral”, que es la que alude al derecho fundamental a la imagen y la intimidad: “Si la Inspección de Trabajo lo considera como indicio de delito, y esto el día de mañana es penal y hay responsabilidades, iremos como acusación popular si podemos”. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cada una de las personas que envió o reenvió el vídeo puede enfrentarse a un delito contra la intimidad.

Para Márquez, además, “las relaciones de desigualdad que se dan en el lugar de trabajo influyen en el daño y en los riesgos psicosociales a los que, como en este caso, se enfrentó la trabajadora”. Asegura que el entorno laboral fue “determinante”: “Parece que como no es un accidente es menos visible, pero el daño está ahí y hemos de ser conscientes de su importancia. Esto debería servir para concienciar y que no vuelvan a producirse estos hechos”.

La sección sindical de CGT, a la que también pertenecía la trabajadora, ha lamentado la muerte y ha advertido de que no hará ningún tipo de declaración por respeto y «para preservar la intimidad y privacidad hasta que las investigaciones sobre esta muerte hayan finalizado y se hayan dirimido las responsabilidades oportunas». También ha pedido en un comunicado «paciencia y prudencia» para que «no se especule con lo acontecido hasta que se aclaren todas las circunstancias». La Central Sindical Independiente y de Funcionarios  —que reclamaba en un comunicado la creación de la figura de delegado sindical en materia de igualdad e insta a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía a abrir una investigación de oficio cree que la promoción de la igualdad también tiene que ver con “una cultura de respeto entre hombres y mujeres, desterrando, de una vez por todas, el machismo de los centros de trabajo. Esto es responsabilidad de todas y de todos. En este sentido, también se hace preciso una reflexión social sobre el uso de las redes sociales, también en ámbitos muy sensibles como es el de la Educación”.

Implicaciones legales y sociales

El Código Penal castiga con penas de entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad, y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación. Lo explica Borja Adsuara, abogado experto en Derecho Digital, que recuerda que esto fue una modificación en el Código Penal en 2015 y hacia la que ya se había apuntado tres años antes, cuando se difundió un vídeo íntimo de Olvido Hormigos, concejala de Los Yébenes, en Toledo. Hasta entonces, solo se consideraba delito la difusión de un vídeo de carácter íntimo si se había tomado en un lugar privado sin autorización del protagonista o si las imágenes habían sido robadas.

El castigo para la difusión de imágenes está incluido en el título X del Código Penal, que recoge los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. El artículo 197.7, establece penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para quien, “sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”. Además, amplía Adsuara, la pena se impone en su mitad superior “cuando estos hechos hayan sido cometidos por la pareja o expareja, o la víctima sea menor de edad o una persona especialmente vulnerable o cuando haya habido fines de lucro”.

Dice el profesor universitario que la calificación jurídica es “complicada hasta que no termine la investigación y se sepa qué ocurrió exactamente con el vídeo”, pero que esto tiene unas implicaciones que trascienden el ámbito judicial: “¿Qué sociedad tenemos que para fastidiar la vida de una persona juega con la reacción asegurada y negativa de los demás? Difundir el vídeo ya es una canallada, pero ir contra la víctima, redifundirlo, insultar, humillar y burlarse… Jurídicamente la gente no es cómplice, pero sí moralmente”. Apunta Adsuara que esto puede encajarse “perfectamente” como violencia machista: “Nuestra sociedad es herencia de una cultura judeocristiana en la que la sexualidad en general y en especial la de las mujeres no está bien considerada y la consideración social de cosas así es distinta para ellas y ellos. A unas se las machaca y a otros se les jalea”.

La violencia sexual en el día a día

Multitud de estudios nacionales e internacionales de Gobiernos, instituciones y organizaciones confirman desde hace tiempo la violencia sexual y el ambiente machista con el que las mujeres conviven en el día a día, tanto en entornos de ocio como en los laborales. El pasado 8 de marzo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios publicó una encuesta sobre más de 4.000 personas que revelaba que el 50% de las trabajadoras convive a diario con situaciones sexistas, el 40% ha soportado piropos o comentarios sobre su apariencia y el 32% ha recibido comentarios ofensivos por ser mujer. Además, los resultados revelaron que el 86% no comunica estas situaciones y un 77% asegura que en sus centros de trabajo no existen protocolos de acoso sexual o no los conocen.

Aunque la percepción social de la violencia sexual es cada vez más clara, según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de 2018, hay todavía situaciones que son difusas: “La mayor parte de la población se sitúa en un punto intermedio entre quienes condenan totalmente las actitudes sexistas y quienes las apoyan de forma clara. Los hombres muestran una mayor tolerancia que las mujeres hacia actitudes sexistas”. Según la investigación, en el caso de los comportamientos relativos a “compartir fotografías o vídeos de carácter sexual a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) sin el consentimiento de las personas que aparecen en el mismo” o a “chantajear a una mujer con difundir fotografías o vídeos suyos de carácter sexual”, más del 90% de los entrevistados considera que son comportamientos que, además de inaceptables, deben ser siempre castigados por la ley.




Fuente: El Pais

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