La Albufera de Valencia es uno de los humedales más importantes de Europa. Y su estado siempre es objeto de preocupación. Esta mañana la Fiscalía de Valencia no ha dudado en calificar de «alarmante» el descenso de los niveles de agua del lago de la Albufera en el mes de junio. Lo atribuye a la actuación de la Junta de Desagüe y alerta de la «gravedad del daño al equilibrio y sostenibilidad medioambiental» en el parque natural distante 10 kilómetros de Valencia. Además, reclama la imposición de multas «coercitivas» a la citada Junta de Desagüe, que es la encargada de gestionar los niveles del lago, a la vez que insta a la Generalitat, gestora del parque y competente en materia medioambiental, a tomar el control «del manejo de las compuertas» que comunican el lago de la Albufera con el mar.

La Junta de Desagüe es una institución que preside la alcaldía de Valencia, pero es autónoma y está controlada en la práctica por los agricultores arroceros cuyos campos rodean el lago. Se rige por una normativa aprobada en 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera. En junio, los arroceros abrieron las compuertas y el nivel se situó por debajo de lo establecido en la orden de la Generalitat de 2018 (entre 5 y 10 centímetros y entre 10 y 25 centímetros por encima del nivel del mar, según las épocas del año). Tras un requerimiento de la Generalitat, en julio se restituyeron los niveles, aseguran desde el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento, propietario del lago. «La situación hoy no es alarmante porque se he recuperado el nivel», destaca el director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat, Fran Quesada, y lo corrobora el vicealcalde y responsable de la Albufera, Sergi Campillo.

En cualquier caso, el problema puede volver a repetirse. Por eso, la Fiscalía, que ya abrió una investigación en 2016 por el bajo nivel de agua, sostiene que las medidas adoptadas hasta el momento no han sido eficaces y que la Junta de Desagüe prioriza el interés de los campos de arroz sobre el equilibrio ecológico del lago, con graves repercusiones para la flora y la fauna del parque natural cuya extensión es de 21.120 hectáreas. El ministerio público ha pedido a la Generalitat que, ante la «persistencia y reiteración» de los incumplimientos de los niveles del lago, sustituya a la Junta de Desagüe en su labor.

El presidente de la junta, José Pascual Fortea, admite que desaguaron significativamente el lago: «Bajamos los niveles porque, después de sembrar en mayo, a mediados de junio el arroz quiere ver el sol. Hace falta para que crezca». Fortea niega, sin embargo, que su gestión haya dañado la biodiversidad del lago, como mantiene la Fiscalía y concluye también un informe que el ministerio público encargó en 2016 al forense especialista en ecotoxicología del Instituto de Medicina Legal de Valencia.

«Si no fuera por nosotros y las comunidades de regantes, L’Albufera no existiría. Y si intentan quitarnos el control, nos opondremos y lo defenderemos. Nuestros derechos tienen siglos, no cuatro días. Y lo que está haciendo aquí la Fiscalía empujados no sé por quién es un atentado total contra los agricultores de L’Albufera», dice el presidente de la Junta de Desagüe. De las  15.000 hectáreas del cultivo de arroz en el Parque Natural de La Albufera se obtiene una producción de unas 115.000 toneladas sobre una total nacional de unas 740.000 toneladas.

El director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat asegura que aún no han recibido la notificación de Fiscalía y la que la estudiará. Reitera que su intención es lograr el mayor consenso posible, a pesar de la dificultad de concitar los intereses de arroceros, pescadores, cazadores, ecologistas y las tres administraciones (la Generalitat, el Ayuntamiento y el Gobierno central). Y recuerda que el mayor problema de la Albufera es la reducción de las aportaciones de agua del Júcar. Y a menor masa de agua dulce, mayor salinización de la laguna, separada por una estrecha lengua de tierra (restinga) del mar, a la que está conectada a través de tres canales o golas por donde desaguan los arroceros. Desde los ochenta, no ha dejado de dismunir la aportación de las aguas del Júcar, cuyas extracciones se sitúan cada vez más en la parte alta del río.  

Quesada, sin embargo, pondera el reciente acuerdo alcanzado con la Confederación Hidrográfica del Júcar para mejorar su aportación con ocho hectómetros de agua al año. Incide que en la situación de la Albufera he mejorado mucho en los últimos años.

Investigación penal

La Fiscalía mantiene abiertas diligencias contencioso-administrativas y también una investigación penal para determinar si se ha cometido delito. Dentro de estas últimas ha solicitado informes a la Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat, a la Oficina Técnica del Parque Natural de L’Albufera, al Ayuntamiento de Valencia, al Instituto de Medicina Legal y al Seprona de la Guardia Civil.

Al mismo tiempo, la Fiscalía ha reclamado a la Generalitat que proceda a la ejecución forzosa de la normativa que, a instancias del propio ministerio público, adoptó el Gobierno autonómico en 2017 respecto al «manejo y gestión de las compuertas del lago de la Albufera por parte de la Junta de Desagüe y control por parte de la Oficina Técnica del Parque Natural». Una regulación que fue ampliada el año pasado.

Ante la reiteración de los incumplimientos, la Fiscalía ha reclamado a la Generalitat que imponga multas «coercitivas». Y, «en caso de persistencia en el incumplimiento de la resolución, y a fin de poner fin de forma efectiva y definitiva a la situación de daño medioambiental al lago de la Albufera, se proceda a la ejecución subsidiaria, sustituyendo la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por sí o a través quien designe, a la Junta de Desagüe en la gestión del manejo de las compuertas y el bombeo de desagüe del lago».




Fuente: El Pais

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