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La fábrica de sátrapas | Internacional


¡Chihuahua! Es una exclamación que algunos mexicanos usan para expresar sorpresa, entusiasmo o molestia. Justo las reacciones que Chihuahua y su gobernador están provocando en el país en su cruzada en contra del Ministerio de Hacienda y el uso faccioso y electoral de los recursos fiscales. Durante años creímos que los gobernadores corruptos eran resultado de la caída del presidencialismo y la descentralización, de la ausencia de contrapesos. En su primer año Javier Corral, gobernador de Chihuahua, ha mostrado que en realidad los abusos de estos sátrapas regionales fueron producto de un diseño político y financiero orquestado desde la federación para apoyo del PRI nacional y sus campañas. En el fondo no fue la descentralización del poder sino la sofisticación de la centralización lo que dio lugar a estos abusos.

Veamos. Muchos gobernadores de alternancia suelen emprender investigaciones judiciales sobre la administración anterior. Los más recientes: Miguel Ángel Yunes en Veracruz sobre Javier Duarte; Carlos Joaquín en Quintana Roo sobre Roberto Borge; y Claudia Pavlovic en Sonora sobre Guillermo Padrés. Los tres casos derivaron en ordenes de aprehensión y divulgaron escándalos de corrupción indignantes. Pero al final queda la impresión de que tras la llamarada inicial y saciado el apetito de venganza o las promesas de campaña, los gobernadores dejan que el sistema decida los alcances de las investigaciones. En última instancia, las posibilidades de cárcel para esos exgobernadores y sus círculos de colaboradores y familiares corruptos están sujetas a las necesidades de imagen de la presidencia y a los amarres políticos que dicte el calendario electoral.

Lo de Javier Corral en Chihuahua ha sido distinto. El gobernador panista no sólo enfiló las baterías en contra de su antecesor priista, César Duarte, un ladrón donde los haya, sino también contra la estructura federal que provocó las corruptelas. El enfoque de Corral es correcto; hasta ahora todas las “vendettas” se han limitado a los operadores materiales, sin abordar al sistema financiero diseñado desde el centro para prohijarlos. Ahora se ha puesto en evidencia que la proliferación de abusos de los gobernadores no fue resultado de la descentralización de los poderes (algo que habíamos tomado como un subproducto de la caída del régimen presidencialista) sino el fruto de una estrategia financiera diseñada desde el centro y, en última instancia, destinada a favorecer al centro.

El ramo 23, una partida presupuestal ambigua y hasta cierto punto discrecional, existe desde los años ochenta pero adquirió niveles astronómicos recientemente (en 2016 ejerció el equivalente a poco más de 12.000 millones de dólares). Mediante el simple recurso por parte de Hacienda de subestimar sus ingresos del año siguiente, logra canalizar a este rubro montos que superan el presupuesto de varias secretarías. Y, más importante, incluye la partida de proyectos para el desarrollo regional que si bien se asigna desde las Cámaras (de allí que se le conozca como la partida de “los moches”) es la Secretaría de Hacienda la que los aplica y les da seguimiento. En la práctica una enorme “bolsa chica” que el Gobierno federal y, ahora está visto, sus operadores políticos ejercen de manera discrecional y de cara a los intereses electorales y facciosos del PRI nacional.

Corral ha puesto en evidencia el puente financiero que se estableció entre funcionarios de Hacienda, de la tesorería de Chihuahua y del comité nacional del PRI para hacer llegar a ese partido recursos originalmente destinados a aquella entidad. Por desgracia no fue una excepción. Parte de los delitos que se imputan a los ex gobernadores de Sonora, Quintana Roo o Veracruz, se presume, fueron orquestados por la misma vía.

La denuncia que ha hecho Javier Corral ha sido un torpedo en la línea de flotación de Hacienda; un ministerio que se suponía se manejaba con criterios técnicos y al margen de la alternancia política. Y la respuesta de estos financieros a la acusación ha sido por demás reveladora y torpe: detuvieron en represalia la asignación de recursos del ramo 23 a Chihuahua. Y tampoco es que hubieran detenido mucho, desde que llegó Corral la entidad ha recibido 61 millones de pesos; los otros estados un promedio de 1,023 millones.

El gobernador de Chihuahua ha emprendido una marcha política a la Ciudad de México en demanda de las partidas que la federación ha retenido a su Administración. Su lucha es importante, pero lo que verdaderamente está en juego es la corrupción política endémica que nunca debió invadir al sistema hacendario de nuestro país. Esperemos que el desenlace de esta marcha sea algo más que un cheque de muchos dígitos.

@jorgezepedap




Fuente: El país

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