Carlos García Juliá condenado a 193 años de cárcel por la matanza de Atocha poco después del fin de la dictadura franquista y prófugo desde 1994, está más cerca que nunca de regresar a España a cumplir lo que le resta de pena. El antiguo militante ultraderechista ha agotado todos sus recursos judiciales en Brasil para evitar ser extraditado a España. Su entrega está ahora pendiente solo de la firma del presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, según ha explicado a este diario su abogado defensor Daniel Mourad Majzoub.

El español fue detenido hace trece meses en São Paulo tras una fuga de décadas que le llevó también a Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina y Venezuela. El condenado, que cometió el asesinato de Atocha con 24 años, tiene casi 70. Es reclamado para que cumpla los 3.855 días que le restan de los 30 años de pena máxima que le fue impuesta en los años ochenta por matar a cinco personas en un bufete de abogados laboralistas Madrid, intento de asesinar a cuatro más y por tenencia de armas. Era militante de la formación ultraderechista Fuerza Nueva. Cuando fue detenido, en diciembre de 2018, García Juliá vivía en São Paulo con residencia legal bajo una falsa identidad venezolana y trabajaba como conductor de Uber. Tiene pareja y una hija.

El abogado defensor explica que la firma del presidente Bolsonaro no es un mero trámite y recuerda el caso del ultraizquierdista Cesare Battista, que tras ser condenado por cuatro asesinatos en los sesenta se refugió en Brasil. El entonces presidente Lula da Silva se negó a entregarlo a Italia. Es un caso muy sonado aquí en Brasil que Bolsonaro ha utilizado de manera reiterada para acusar a Lula y al Partido de los Trabajadores de amparar a terroristas. Mourad recalca que Bolsonaro “es un militar de ultraderecha”. 

Tras la firma presidencial, Brasil tiene 60 días para entregar al preso a España. En este periodo, ambos países tienen que acordar la fecha y lugar de entrega, y las condiciones en las que se realizará el traslado. García Juliá está encarcelado desde su detención en un ala de la superintendencia de la policía de São Paulo destinada a los presos inmersos en procesos de extradición.

“La estrategia desde el principio fue ganar tiempo”, explica el abogado Mourad, que sostiene que por cada día que su cliente pasa encarcelado en Brasil -o como estuvo, en Bolivia- se computa como tres días de pena en España. Asegura que ese cómputo se apoya en el caso del Dioni, un famoso atracador de bancos que también se refugió en gigante sudamericano.

El militante ultraderechista fue condenado en España en 1980 por haber sido uno de los autores materiales de la masacre en la que fueron asesinados a tiros tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo en Madrid. Tenía 24 años cuando perpetró la matanza y fue condenado por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio.

El condenado quien cumplió tan solo 14 años de prisión se encontraba prófugo desde la década de los noventa, cuando obtuvo la libertad condicional y viajó a América Latina, donde se le perdió la pista hasta que fue arrestado en diciembre de 2018 en Sao Paulo, donde vivía bajo una identidad venezolana falsa y trabajaba como conductor de Uber.

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó inicialmente la extradición el pasado agosto, pero el preso presentó varias apelaciones que fueron rechazadas hasta que el 26 de diciembre dio por cerrado el recorrido judicial del caso en este país, según ha confirmado una portavoz.




Fuente: El Pais

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