Trabajadores de Iveco, este miércoles en una concentración tras el suicidio de su compañera. En vídeo, se entrega el exnovio y presunto autor de la difusión del video sexual de la trabajadora de Iveco. Europa Press | ATLAS

Fue sospechoso desde el primer momento. Cuando la Policía Nacional comenzó a investigar el suicidio de V. R. el pasado sábado tras la difusión de varios vídeos sexuales en los que ella aparecía, este hombre, la expareja de la fallecida, se colocó en el centro de sus pesquisas. Tras varios días de indagaciones policiales, el exnovio se entregó este jueves, a las cuatro de la tarde, en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, una localidad al este de Madrid. De forma inmediata, el Instituto Armado se puso en contacto con la Policía Nacional, que lleva la investigación, y el detenido pasó a estar bajo su tutela, en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Esos archivos —cinco, según fuentes cercanas al caso— provocaron en esta mujer de 32 años una situación de “presión” y “angustia” que no duró solo unos días. Esas mismas fuentes apuntan a “muchas” semanas soportando el acoso y las humillaciones por esos vídeos, grabados hace cinco años, conservados por su expareja durante todo este tiempo y que acabaron en los móviles de compañeros y compañeras de trabajo, en la planta de automóviles Iveco de San Blas-Canillejas, en Madrid.

Suscitaron comentarios, bromas, miradas, silencios, risas y cuchicheos que la semana pasada empezaron a multiplicarse. La cuñada de la mujer fallecida, que trabajaba en la misma empresa, terminó por enterarse de que circulaba este material en la planta de trabajo. El marido de V. R. también. Y la situación que se generó precipitó el suicidio de la mujer el sábado, en su casa, en Alcalá de Henares, al noreste de Madrid.

Este jueves, el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto «diligencias previas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.7 del CP)», después de que la policía le remitiera atestado con las pesquisas realizadas hasta ese momento. El juzgado que ahora tiene que determinar quién envió los vídeos, quién los compartió y hasta cuántos dispositivos llegaron ha sido el encargado del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo la muerte y ha decretado el secreto de las actuaciones. La Fiscalía también ha abierto diligencias este miércoles y la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado igualmente una investigación de oficio.

En la empresa de la fallecida, con una plantilla de 2.500 trabajadores y más de 374.000 metros cuadrados de extensión, las versiones sobre qué ocurrió y cómo ocurrió son dispares. Un empleado apunta: “Aquí cada uno dirá lo que sabe, si no sabe, lo que cree, y si no, lo que ha oído por ahí. La única verdad es que eso corrió por algunos móviles, no se sabe por cuántos, y que la última semana sí que hubo corrillos y se extendió más toda esta historia”. Otro trabajador, veterano, dice que “es imposible” que todos conocieran los hechos: “Somos muchísimos y este sitio es enorme. Muchos se enteraron el lunes de toda la historia, cuando ya había ocurrido todo”. Otro, que lleva pocos años en la empresa, cuenta que la conocía “de lejos” y que a él ese material nunca le llegó: “Tampoco creo que ahora, después de la que se ha montado, haya quien reconozca que lo tuvo o que lo vio”.

V.R. era una de las más de 500 empleadas de la plantilla de Iveco en Madrid, que tiene un 23% de mujeres. Comenzó siendo carretillera y después cambió a la sección de ejes y puentes, donde estaba desde hacía unos años. Era madre de un bebé que aún no ha cumplido su primer año y de un niño de cuatro. Desde el lunes la plantilla de Iveco se ha pronunciado a través de distintos medios y con distintas voces. Para dar el pésame a la familia y transmitir su «solidaridad». También para declarar que muchos creen que en mayor o menor medida “la responsabilidad es de todos”. Y, desde ayer miércoles, varios grupos de trabajadores piden en redes sociales y en otras intervenciones públicas que no se generalicen las acusaciones contra la plantilla.

Este miércoles, a través de la plataforma Stop Haters, una veintena de trabajadores, en su mayoría hombres, emitió un comunicado en el que aseguran que en una empresa de esas dimensiones no todos conocían a la mujer ni vieron ni recibieron los vídeos. “Es cierto que a mediados de la semana pasada el asunto era conocido por la gran mayoría, pero era algo que estaba en manos del [departamento de] recursos humanos y del comité de empresa, por lo tanto esperábamos una solución que permitiera a nuestra compañera una mejor situación y la erradicación de la difusión de los vídeos”, dice la nota, en la que afirman que no todos son “culpables” ni todos son “cómplices” y piden que se deje de “criminalizar a la plantilla”.

Olvido Hormigos y el cambio en el Código Penal

El 5 de septiembre de 2012, la localidad toledana de Los Yébenes estaba invadida por periodistas, cámaras y micrófonos. Iba a tener lugar el Pleno del Ayuntamiento en el que una de sus ediles, la socialista Olvido Hormigos, iba a dimitir por un vídeo íntimo que, según ella misma contó, “en dos horas había visto todo el pueblo”. No lo hizo. “Hay cosas mucho peores en política y al fin y al cabo, lo que yo he hecho no es ningún delito. ¿En qué he perjudicado yo a nadie? Soy una víctima”. Aquello precipitó un cambio en el Código Penal y el Gobierno anunció entonces un nuevo artículo en la legislación para castigar la “divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, incluso si se han obtenido con consentimiento de la víctima”. Ese nuevo artículo, el 197.7, entró en vigor el 1 de julio de 2015.




Fuente: El Pais

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