“Ángel Rodríguez Leal, Serafín Holgado de Antonio, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, María Dolores González Ruiz, Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Ramos Pardo, Miguel Sarabia Gil”. Ante la cámara, Alejandro Ruiz-Huerta repasa despacio, con cuidado, pero con voz serena, los nombres de los compañeros que fueron asesinados o que, como él, cayeron gravemente heridos a balazos en el despacho de abogados laboralistas de Atocha, el 24 de enero de 1977. Él era entonces un joven letrado que quedó malherido por las balas de dos pistoleros ultraderechistas y salvó la vida por “puro azar”.

El testimonio de Ruiz-Huerta, profesor de Derecho Constitucional jubilado, y único superviviente vivo de la matanza, es uno de los momentos más emotivos del documental La Defensa por la Libertad, de Pilar Pérez Solano. La película, que se presenta en la Seminci de Valladolid, que arranca esta semana, recupera la memoria de abogados que, con el Derecho como arma, fueron capaces de unir sus fuerzas para ayudar a convertir España en un Estado democrático. La cinta repasa episodios olvidados, como el Congreso de la Abogacía de León, de 1970, en el que los letrados jóvenes antifranquistas se aliaron con otros mayores para avanzar en las libertades. También revisita hitos de la lucha por los derechos fundamentales como el proceso 1001, de 1973, en el que el extinto Tribunal de Orden Público condenó a toda la cúpula del sindicato Comisiones Obreras, detenida cuando estaba reunida en junio de 1972 en un convento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). En la defensa de los sindicalistas participó un plantel de letrados de diversas ideologías —comunistas, liberales, monárquicos—, algo que visto desde 2019 suena a derecho-ficción.

EL PAÍS reunió el pasado 10 de octubre a cuatro de los abogados que participaron en el documental: Antonio Garrigues-Walker, Francisca Sauquillo, Cristina Almeida y el propio Ruiz-Huerta. El objetivo del encuentro: proyectarse hacia el futuro y revisar el estado de los derechos y libertades y los desafíos de la España actual.

Hay que blindar el estado del bienestar en la Constitución

Cristina Almeida

Pensando en las generaciones más jóvenes, los juristas veteranos —entre 72 y 85 años— no pierden el tiempo en nostalgias. Todos ellos alertan sobre el retroceso en derechos que se creían consolidados, y en la aparición de fenómenos sociales que inevitablemente tienen su traducción en forma de nuevos derechos.

La laboralista Almeida destaca enseguida la necesidad de “blindar en la Constitución el Estado del bienestar”, de modo que derechos que la Ley Fundamental reconoce como programáticos, como las pensiones o la vivienda, entren en el núcleo duro de derechos fundamentales, de modo que puedan ser exigidos ante un juez. “Luego están los derechos políticos, que se tienen que interpretar progresivamente y cada vez se interpretan más regresivamente, por ejemplo, la ley mordaza”, denuncia.

Ruiz-Huerta, vinculado al PCE, recuerda que “el 80% de los trabajos que ejercerá la gente dentro de medio siglo no existen todavía”, y ahonda en la necesidad de regular el derecho de huelga, que se rige por leyes anteriores a la propia Constitución, señala. Y hace hincapié en otro tipo de derechos, que la doctrina llama de “tercera generación”, como el derecho al medio ambiente. “No se trata del derecho al medio ambiente genérico que ahora está en la Constitución, sino de obligarnos a un compromiso a todos los ciudadanos y ciudadanas tremendo, porque igual no tenemos futuro”.

El liberal Garrigues-Walker coincide en su preocupación ambiental: “¿Hace 50 años quién hablaba de ello? Es un derecho que se ha generado y cada vez con más urgencia. No es una broma; es que realmente nos está matando”. Y a renglón seguido añade el problema de las desigualdades económicas “que afectan a la sostenibilidad, a la convivencia social y civil… tenemos que impedir que nos quiten derechos que tenemos adquiridos y generar nuevos derechos, porque eso afecta a la libertad democrática. La gente cree que los derechos son inamovibles”, alerta.

En la charla salen rápidamente otras inquietudes punteras como las nuevas tecnologías, las redes sociales, la neurociencia, la manipulación genética. “El derecho no puede ponerse delante de la tecnología, la tecnología no pide permiso, avanza”, recuerda Garrigues, que pone el acento sobre el deterioro de derechos como la privacidad, la no manipulación de datos personales, o el “derecho a la verdad”.

Es importante que los abogados evitemos tensionar con el ‘procés’

Francisca Sauquillo

En el documental de Pilar Pérez Solano -ganadora del Goya en 2014 por Las maestras de la república-, Cristina Almeida recuerda cómo, con 23 años, al visitar como abogada a un preso, el director de la prisión no la dejó entrar, y cuando ella fue a poner una denuncia, en el juzgado le dijeron que, al estar casada, su marido debía representarla. “Estábamos deseando pasar a la libertad; luego se formula en la Constitución, por los padres por cierto, no por las madres, que tiene muchos padres pero ninguna madre”, ironiza.

La mujer, tema de interés general

El derecho constitucional al medio ambiente debe potenciarse

Alejandro Ruiz-Huerta

Francisca Sauquillo destaca el nuevo papel de la mujer: “Ha pasado de la esfera de lo privado a la esfera pública, pero no por ostentar cargos de representación, que también, sino porque el tema de las violaciones ahora es de carácter público, no privado como era antes; los malos tratos, también. Y eso es muy importante porque significa que es de interés general de la sociedad”.

Más allá de la inmediatez de las elecciones del 10 de noviembre y del desafío independentista catalán, Ruiz-Huerta subraya la ausencia de un pacto educativo. Garrigues había asistido el día anterior a la inauguración de una exposición sobre el centenario del Instituto-Escuela en la Fundación Giner de los Ríos. Él y Almeida coincidían en lo “revolucionario” de los métodos de la Institución Libre de Enseñanza. “Ha habido un abandono de la educación, un desprecio, y tenemos que preparar gente para ser hombres y mujeres libres, luego que estén preparados para buscar su porvenir”, afirma Almeida.

Este grupo de letrados ha estado, cada uno desde su posición, implicado en la política española posterior a la Transición. Ahora observan con inquietud el deterioro del debate político y la incapacidad demostrada por los líderes actuales de los partidos para lograr acuerdos. “En la calidad democrática las formas no son un tema menor. El respeto al otro, el evitar los insultos, los agravios, las descalificaciones, el saber respetar un diálogo eficaz y civilizado, a mí me parece muy importante”, afirma Garrigues.

“Es importante no tensionar”, señala Sauquillo cuando el inevitable procés sale en la charla. Y Garrigues completa su razonamiento: “Y hay que reconocer que el diálogo es difícil, la gente lo intenta cinco minutos y lo deja, hay que dialogar un rato… y cuando se acaba el diálogo seguir dialogando. Ese es solo el principio”.




Fuente: El Pais

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