La Cumbre del Clima que se celebra en Madrid —que debería terminar hoy viernes— sigue atascada en las negociaciones sobre cómo se debe poner en marcha el Acuerdo de París, firmado en 2015 y cuyos planes de recorte están previstos para la década que comienza en apenas 15 días. Dos grandes puntos son los que generan el estancamiento de las discusiones de los representantes de los casi 200 países reunidos en esta cita bajo el paraguas de la ONU: cómo instar a los Gobiernos a presentar planes de recorte de gases de efecto invernadero más duros que los que tienen previsto aplicar ahora y cómo deben articularse los futuros mercados de intercambio de derechos de emisiones de dióxido de carbono (CO2). En ambos puntos que atascaban el final de la COP25 —como se denomina esta cita internacional— están muy presentes las herencias del Protocolo de Kioto y las promesas de financiación que los países desarrollados han hecho durante años a los Estados más pobres para ayudarles a adaptarse a los impactos del calentamiento global.

La presidencia de esta COP25, que ocupa Chile, intenta buscar vías intermedias para desbloquear la negociación, como dejar el desarrollo de la parte más técnica y conflictiva de los mercados de carbono para más adelante, como explica Andrés Landerretche, coordinador de la Presidencia de la cumbre.

El Acuerdo de París, que sustituirá a Kioto, obliga a sus firmantes a intentar que el calentamiento se quede dentro de unos límites no catastróficos. Y, partiendo del conocimiento científico, establece el objetivo de que el incremento medio de la temperatura no supere los dos grados respecto al nivel preindustrial y, en la medida de lo posible, 1,5. Para lograrlo, todos los firmantes del Acuerdo de París deben presentar planes de recorte de emisiones. Pero los que hay ahora llevarán a un incremento de la temperatura de al menos 3,2 grados. Por eso el propio Acuerdo de París obliga a que se revisen al alza los planes nacionales de recorte de emisiones.

La ONU y un grupo de Estados —entre los que figuran los países insulares y la Unión Europea— abogan por que ya en 2020 se presenten las revisiones de esos planes. Y 84 países, entre los que están Alemania, Francia, Reino Unido y España, se han comprometido ya a hacerlo así. Pero el problema no son los que están, sino los que faltan; ni EE UU, ni China, ni India ni Rusia se han sumado a esa iniciativa, impulsada por la presidencia de la COP25. Además, algunos de estos grandes emisores —juntos acumulan casi el 55% de todos los gases de efecto invernadero que expulsa la economía mundial— no quieren que se haga ningún llamamiento a que los países aumenten sus planes de recorte en 2020 en el texto final de la cumbre. A esos grandes emisores se les unen otros países en desarrollo, como los africanos, que insisten en que se debe analizar lo que han hecho hasta ahora los desarrollados y no solo en materia de mitigación (recortes), sino también en adaptación. Es decir, exigen que se revise si los Estados ricos han cumplido con sus promesas de ayudar económicamente a los países en desarrollo a adaptarse a un cambio climático.

El otro gran punto de atasco es el artículo 6, el que hace referencia a los mercados de intercambio de derechos de emisiones de CO2. Con el Protocolo de Kioto se generaron millones de unidades de carbono, que se emplean para compensar las emisiones. Por ejemplo, un país (o una empresa) que tiene que compensar el CO2 que emite acude a los mercados existentes y adquiere esas unidades. El problema, como explica el ministro de Medio Ambiente de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, es que en muchos casos no ha existido una verdadera verificación sobre los proyectos que había detrás de esas unidades —por ejemplo, de reforestación—. Algunos países que acumulan muchas unidades, como Brasil, Australia o India, pretenden que se puedan seguir utilizando con el Acuerdo de Kioto. El otro punto de bloqueo en este artículo es el de cómo evitar la doble contabilidad: que una misma unidad no se pueda contabilizar en el país que la genera y en el que la compra.

Equilibrismo

La presidencia de la COP25 intenta encontrar un equilibro en la negociación para contentar a todas las partes. Por ejemplo, incluyendo alguna referencia en la decisión final de la cumbre a la necesidad de revisar los esfuerzos que han hecho los países desarrollados en financiación a cambio de que ese texto también haga un llamamiento a que los países presenten planes de recorte de emisiones más duros en 2020, según señalaron fuentes de la negociación. Lo mismo ocurriría con los mercados de carbono, cuya parte más técnica se dejaría para que se desarrollase durante 2020. Su regulación es importante porque a partir de la próxima década la aviación y la navegación internacional deberán compensar sus emisiones con esas unidades.




Fuente: El Pais

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