Isaac Martín Barbero, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad, y responsable ejecutivo de Avalmadrid, ha reconocido este miércoles que la entidad ha cometido errores en la aprobación de avales y que se enfrenta a un problema de credibilidad. El Banco de España estudia sancionar a esta sociedad de garantía recíproca por evaluar mal cientos de operaciones, y por facilitar el acceso al crédito de compañías vinculadas con miembros de su consejo, o con familiares de estos. En paralelo, la Asamblea se dispone a investigar los avales concedidos entre 2007 y 2018, lo que incluiría el que recibió en 2011 una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso, hoy presidenta regional, que nunca fue devuelto en su totalidad. 

«Tenemos un problema de credibilidad, un problema de expectativas, un problema a la hora de gestionar el riesgo mejor, y un problema de motivación de los trabajadores que se han visto afectados por unos hechos que no favorecen la capacidad de trabajo», ha reconocido el viceconsejero durante una comparecencia en la Cámara regional. «Los errores que se han cometido son errores minoritarios, enmendables e incluso capitalizables», ha añadido. Y ha advertido: «Los números son malos. El peor mes de la historia reciente es septiembre. Es difícil que lleguen clientes cuando se proyecta una sombra sobre lo que se hace o se discute si Avalmadrid va a seguir existiendo». 

Películas de cine que no tuvieron éxito. Compañías para alquilar coches de lujo. Un club de tenis privado en una urbanización en una de las zonas más caras de Madrid. Las empresas de los expresidentes de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de CEIM, Arturo Fernández… el Banco de España detectó 46 operaciones en la que la revisión de riesgos para conceder el aval no se ejecutó adecuadamente, 64 en las que el seguimiento fue defectuoso y 52 en las que no se aportó información de cómo recuperar el préstamo. Tras abrir un proceso sancionador, el ente fiscalizador también se encontró con la polémica del aval concedido en 2011 a una empresa participada por el padre de Díaz Ayuso, y pidió información al respecto, como adelantó EL PAÍS. Y el terremoto se vio acrecentado al conocerse que Avalmadrid había estado vendiendo el cobro de operaciones fallidas a empresas especializadas que ganaban un 30% del dinero recuperado presionando a los deudores.

El escándalo consecuente, y la investigación del presunto carácter político y discrecional de cientos de operaciones de Avalmadrid, han provocado fuertes tensiones internas en la entidad, que se dedica a facilitar el acceso al crédito de pymes, autónomos y empresas. Una tarea que ha supuesto movilizar miles de millones de euros desde los años 80 del siglo XX, y de la que hoy dependen 80.000 puestos de trabajo en la región. 

Así, Martín Barbero ha reconocido que alguno de los socios protectores del ente (entre los que se encuentran diversos bancos o la patronal madrileña) se estarían planteando abandonar su consejo. Ha insinuado, también, que no descarta promover una remodelación estructural que deje el ente en manos de los empresarios, eliminando así la posibilidad de que los políticos influyan en sus actividades. Y ha rematado: «Hay que hacer correcciones en el rumbo». 

La investigación de lo ocurrido ocupará a la Cámara en los próximos meses. La mesa de la comisión parlamentaria creada para fiscalizar los avales concedidos entre 2007 y 2018 ha pedido que se habiliten 13 sesiones, y que las primeras comparecencias se celebren el 28 de noviembre. Tras aliarse el PP y Cs para bloquear las declaraciones de Díaz Ayuso y otros expresidentes regionales del PP, los partidos de izquierda pedirán que se reconsidere esa decisión. Primero, en la Mesa de la Cámara. Y luego, si no tienen éxito, ante el Tribunal Constitucional. Una muestra de lo mucho que hay en juego en la investigación de Avalmadrid: los partidos no solo buscan esclarecer si se hizo algo mal, también quieren saber si hubo responsabilidades políticas en esas decisiones. 

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Fuente: El Pais

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