La Comunidad de Madrid oculta la identidad de las residencias de mayores multadas en los últimos cinco años con 167 expedientes, algunas por graves sanciones como no tener autorización, no prestar adecuada alimentación o higiene o no disponer el personal de la titulación adecuada. ¿El motivo? No dañar “el buen nombre comercial de la empresa o su prestigio, afectando a su proyección pública”. La seguridad de los mayores en las residencias de Madrid preocupa desde que en abril la cadena Ser publicó un vídeo de maltratos en un centro de la capital. La Comunidad se ha negado repetidamente desde entonces a facilitar la identidad de empresas sancionadas.

En una solicitud de acceso a la información, la consejería de Políticas Sociales y Familia negó el derecho a conocer la identidad de las empresas sancionadas en los últimos cinco años, como había solicitado este periódico. [Consulte aquí la resolución de la Comunidad]. A juicio de la Comunidad de Madrid, la reputación de las empresas es un valor que impide la publicación de las infracciones a pesar de que esta es una demanda de los usuarios y de parte del sector que pone el ejemplo de otros países. En su respuesta notificada ayer a este diario, la Comunidad aporta una lista de 167 empresas sancionadas en el último lustro sin revelar su nombre. La cuantía de las sanciones asciende a tres millones de euros, según la resolución contra la que cabe recurso ante el Consejo de Transparencia.

Los defensores de la transparencia creen que la salud pública y los derechos de los consumidores deben prevalecer. También aducen que la opacidad perjudica al buen funcionamiento del sector porque muchas empresas se quejan de arbitrariedad en las inspecciones. Las sanciones son publicadas en otros países avanzados pero en España, donde la cultura de la transparencia es más reciente, solo se han conocido en casos puntuales la identidad de los sancionados en casos de salud pública.

La Comunidad de Madrid oculta el nombre de las residencias de ancianos sancionadas

Los resultados de las inspecciones de sanidad en bares y restaurantes de Barcelona fueron publicados por primera vez en 2016 gracias a una petición de información mediante la Ley de Transparencia de Cataluña hecha por este diario.

“En otros países como Estados Unidos o Reino Unido se publica el resultado de cualquier inspección que tenga que ver con la salud pública como hospitales, residencias o restaurantes”, dice Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una ONG que promueve la transparencia.

En EEUU las familias pueden consultar en la web donde cada residencia es valorada por la administración con un rango de cinco estrellas. Josep de Martí, gerente del portal más popular del sector, Inforesidencias, dice que el estadounidense es un buen ejemplo de transparencia.

De Martí ha fomentado en su web que las empresas publiquen voluntariamente las actas de inspección, pero en el caso de Madrid la propia Comunidad ordenó que fueran retiradas por ir contra la protección de datos. En su web hay datos de inspecciones en residencias de Barcelona o Valencia. “Creo que la Comunidad de Madrid está preocupada por no ponerse en evidencia, ya que si fueran comparables las actas de inspección podría generar agravios comparativos”, dice de Martí.

Riesgos para la salud

La ley 11/2002, que regula a las residencias en Madrid, no prohíbe la publicación de las sanciones. De hecho la norma permite “por razones de ejemplaridad” publicar en el boletín oficial el nombre de las empresas sancionadas, algo que la Comunidad hizo en el caso del centro donde fue grabado el vídeo de maltratos, la residencia Los Nogales de Hortaleza, para la que propuso una multa de 600.000 euros.

La Comunidad entiende que la ley autonómica supone una limitación del acceso a la información pública, un joven derecho regulado en la ley estatal 19/2013, sobre el que aún no hay un cuerpo sólido de jurisprudencia. El Consejo de Transparencia que creó esa ley estatal aún no se ha pronunciado sobre si se deben publicar los nombres de empresas en casos de sanciones no publicados en boletines oficiales, según Access Info.

En su contestación, la Comunidad se apoya en la sentencia de la Audiencia Nacional 71/2016, de 2 de febrero de 2017, que denegó el derecho a conocer la identidad de los beneficiados por la amnistía fiscal de 2012. Pero según Access Info, es muy distinto el caso de las residencias ya que entran en juego derechos como la integridad de las personas. “Es muy importante conocer qué empresas están gestionando mal los centros de ancianos”, dice Darbishire.

Las 167 sanciones impuestas entre 2014 y 2018 fueron motivadas por 223 infracciones, 26 leves, 165 graves y 32 muy graves. Las residencias son multadas por motivos como riesgos para la salud, escasez de personal o falta de cuidado y vigilancia.

Personas indefensas

El sector de las residencias vive una fuerte expansión impulsado por el envejecimiento demográfico y un cambio cultural por el que las familias han dejado de ver con malos ojos que sus mayores residan en estos centros. A pesar de ese cambio, cada vez más familias expresan sus suspicacias sobre el trato a los mayores. La escasez de personal es una queja recurrente. Además se han conocido casos de maltrato o malas condiciones higiénicas.

En Madrid había en abril 473 residencias para mayores, según la Comunidad. Es un mercado muy fragmentado en el que participan cooperativas, congregaciones religiosas, las administraciones, empresas familiares y grandes grupos internacionales, que están ganando terreno.

Miguel Vázquez, presidente de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), dice que la opacidad rodea la gestión de las residencias en Madrid. “Los usuarios deberían poder conocer las sanciones para saber a dónde llevan a sus familiares, porque aquí estamos hablando de personas indefensas”, dice Vázquez.

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Fuente: El Pais

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