“Se trata de un chico de 18 años de origen marroquí que se encuentra internado en el centro de menores de Oria. Está diagnosticado de TDHA (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), consumo de sustancias y trastorno de Adaptación ansioso-depresivo”, describe el informe al que tuvo acceso EL PAÍS. Según su historial, y según confirman fuentes próximas a la investigación, “es policonsumidor de tóxicos desde los 10 años de edad y cuenta con cuadros de agresividad y necesidad de protocolo de prevención de suicidio”, aunque, según señala el mismo informe, “en el centro existe un estricto control sobre el acceso de sustancias de abuso y descartan que haya podido consumir recientemente”.

Se llamaba Ilyas T., según confirma el padre de uno de sus compañeros del centro. Provenía de Cádiz, cuyo juzgado de menores dictaminó su ingreso en ese centro, confirman fuentes próximas al caso. Ese lunes, según el relato trasladado por el padre de uno de sus compañeros, “la discusión comenzó porque se estaba haciendo un tatuaje en un brazo” de manera rudimentaria e hiriéndose. Al llamarle la atención reaccionó, supuestamente, de manera violenta y le fue aplicado el “protocolo de contención”. Eran las 15.00 horas.

La autopsia, aparte de señalar “signos asfixiaicos generales muy evidentes con livideces extensas de color azul oscuro [compatibles con la asfixia, según los forenses consultados]”, refleja: “Presencia de múltiples heridas cortantes cicatrizadas autoproducidas en dorso de brazo y antebrazo izquierdo”, lo que coincidiría con ese relato de los hechos que precedieron a la muerte.

Muerte grabada en vídeo

La aplicación del protocolo de contención, que deja al chico atado de pies y manos sobre su cama, boca abajo, con los brazos y piernas en cruz y con un cinturón abdominal y otro a modo de bandolera, queda grabada en un vídeo porque hay una cámara sin sonido en su habitación: “Se le ve en prono [boca abajo], con la cabeza apoyada en almohada y colchón y se le ejerce presión con una rodilla en la escápula izquierda y con una mano en la espalda, aparte de sujetarle la cabeza (da la impresión que está aprisionada contra la almohada y el colchón)”; describe el informe. “Para colocarle las bridas se sientan en las extremidades inferiores y le hacen presión sobre zona lumbar; a los 10 minutos de este proceso, cuando está sujeto de pies y manos, deja de moverse y continúan poniéndole el cinturón abdominal, ya sin resistencia y sin percatarse de que le chico ha perdido la conciencia (se van quitando de encima poco a poco porque ya no hace fuerza)”. A los 15 minutos, al ver que seguía inmóvil, llamaron al médico. “Después de pensárselo un poco, [el médico] se acerca y llama al chico, que no responde, le toma los pulsos y comienza RCP (reanimación cardiopulmonar)”, explica el informe que está en poder del juzgado.

Por último, ese primer análisis forense refiere “pulmones con edema [líquido], congestivos y equimosis de Tardieu”, hematomas subpleurales que se encuentran en las asfixias mecánicas. “Tardieu las creyó propias de la sofocación, pero se encuentran también en otras variedades de asfixia”, señalan los manuales médicos.

En los días sucesivos a la muerte de Ilyas, la Junta de Andalucía aludió a un posible infarto. La explicación aportada el pasado día 3 por el vicepresidente autonómico, Juan Marín, aludía a un proceso de convulsiones que, tras los intentos del personal por auxiliarle, desembocó en una parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, el informe señala un “corazón aparentemente normal con dilatación de ambos ventrículos, tricúspide [una válvula cardiaca] muy fina y sonrosada”. No obstante, serán los informes toxicológicos los que determinarán definitivamente la causa del fallecimiento.

La asociación sin ánimo de lucro Ginso, que gestiona este y otros centros de menores y que ha acumulado quejas y denuncias —incluso la muerte de otro chico de 18 años en el centro de Brea de Tajo (Madrid) en 2011—, remiten desde hace más de una semana cualquier explicación a la Junta de Andalucía. Ni su presidente, Alfredo Santos, ni su vicepresidente, Enrique Tuñón, han dado la más mínima explicación: “Ellos no están y además no se nos permite decir nada, os remitimos a la Junta de Andalucía”, responde la telefonista del centro. Ambos fueron condecorados en 2015 con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de la Policía Nacional “por su valiosa colaboración en la seguridad ciudadana”.

En el centro de Oria, rodeado de vallas metálicas, una de las empleadas que empieza su turno rechaza cualquier comentario sobre la muerte de Ilyas, pero se compromete a trasladar la petición al director del centro. Pero Manuel Madrid Saavedra delega en la misma trabajadora su negativa a hablar sobre el suceso y ni siquiera se acerca a la puerta. El hermetismo es total, también en la Consejería de Justicia: “El asunto está en proceso de investigación”. Ilyas pasaba por ser un interno nada conflictivo, según uno de sus compañeros.




Fuente: El Pais

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