El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a FCC por presuntamente pagar mordidas de hasta 82 millones de euros para conseguir adjudicaciones en Panamá. Los delitos de los que se acusa a la constructora son corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de comisiones para hacerse con el proyecto de construcción de varias líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de la capital del país

Según explica Moreno en un auto conocido este miércoles, los hechos se iniciaron a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht, por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015. Esta mercantil se sirvió de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones.

En el caso de FCC, el juez incluye en su escrito el relato de la Fiscalía Anticorrupción que describe cómo sus tres mercantiles investigadas constituyeron un consorcio con la multinacional Odebrechtliderado por la brasileña, para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá, la 1 y la 2.

Los indicios de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas, revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron, según relata la fiscalía en su escrito, un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio.

FCC pagó comisiones a las sociedades de un abogado llamado Mauricio Cort, ciudadano español y panameño, para asegurarse las adjudicaciones, según el relato de la Fiscalía Anticorrupción. Cort actuaría como testaferro y desviaría el dinero a los destinatarios últimos, que eran empleados y dirigentes políticos panameños. El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht, que ya han declarado en el juzgado como investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

Testaferro de confianza

Las empresas de Cort eran, según ese relato, instrumentales, en su mayoría off shore, y se dedicaban a mover el dinero entre distintas cuentas bancarias en Suiza y en el banco andorrano BPA. Esas cuentas estaban a su vez a nombre de un testaferro de confianza de Cort. Según adelantó EL PAÍS, la Policía de Andorra lleva tiempo indagando si el contrato que firmó FCC con el abogado Cort en 2010 ocultaba un esquema de pago de sobornos para hacerse con adjudicaciones públicas por valor de 434 millones de euros en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.

El pasado mes de enero, la investigación judicial recibió las informaciones de una Comisión Rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Esta incluía el aviso realizado por un banco de Lugano, que advertía de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados. Según advertía el banco, gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas.

En mayo y junio, la multinacional española FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados. FCC aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado, por un importe de 82.768.849 euros entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados, según la compañía, y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

Después de analizar toda la documentación que obra en la causa el juez considera que existen indicios de que las tres mercantiles de FCC han podido participar en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S. A., FCC Construcción Centroamérica S. A. y Construcciones Hospitalarias S. A. Estas tres mercantiles disponen de cinco días para designar un representante, así como abogado y procurador.




Fuente: El Pais

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