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La Administración no puede perder la partida de la economía colaborativa | Innovación


El diálogo sobre qué es o qué no es economía colaborativa es ya un debate caduco. Llegado el momento de tomar decisiones, no es tan importante el qué sino el cómo. Si las administraciones públicas quieren afrontar el reto que supone la nueva economía digital y de plataformas, deben dejar de discutir sobre conceptos abstractos y bajar al terreno de juego: las empresas digitales están despertando, los operadores tradicionales rugen, los poderes públicos están asustados. ¿Ha llegado la revolución digital de mano de las nuevas plataformas? ¿Cambiará este nuevo modelo la forma en la que compartimos, consumimos, trabajamos y, en el fondo, vivimos?

Cuatro de cada diez empresas españolas de consumo colaborativo son catalanas”

La economía colaborativa es, desde el punto de vista más inclusivo, un concepto paraguas en el que se engloban todas aquellas nuevas realidades empresariales y sociales surgidas a partir de la irrupción de la tecnología digital y las plataformas tecnológicas. Los ciudadanos, dentro de este nuevo marco digital, pueden ofrecer o intercambiar servicios y recursos infrautilizados mediante una plataforma o comunidad de usuarios, que conecta oferta y demanda. Esta interacción, nueva en su forma pero no en su fondo, genera unos modelos de prestación de servicios y actividades la mayoría de ellos ya existentes, pero a una escala nunca vista. Este nuevo contexto puede facilitar la desintermediación así como rivalizar con los operadores tradicionales.

El cambio social y económico puede producirse, y viene de la mano del ciudadano, pues este se transforma en un agente productor. No es el trabajador profesional clásico al que estamos todos acostumbrados: es un ciudadano empoderado. Aunque las plataformas se han llevado la mayor parte del protagonismo, no debemos olvidar que esta nueva ola pivota alrededor de las personas.

Cataluña, tradicional polo de atracción para emprendedores y tendencias innovadoras, no ha quedado al margen de estas nuevas iniciativas. Todo lo contrario: cuatro de cada diez empresas españolas de consumo colaborativo son catalanas, según un ranking elaborado por Relendo. En este contexto, el Govern de la Generalitat sabía que no podía quedarse atrás. Las instituciones más emblemáticas de la Unión Europea se habían pronunciado, y ciudades como Amsterdam o Londres empezaban a posicionarse a favor de estas nuevas tendencias.

A través de un Acuerdo de Gobierno de abril de 2016, Cataluña tomó partido y se inclinó por apoyar estas nuevas tendencias de forma totalmente novedosa a escala española y, por qué no decirlo, también a escala regional europea. La Generalitat impulsó la creación de una Comisión Interdepartamental para el desarrollo de la economía colaborativa en su territorio. Poco más de un año después, el pasado 5 de septiembre, el Govern aprobó el informe de la Comisión Interdepartamental de la Economía Colaborativa: Propuestas para un buen encaje de la economía colaborativa y de plataformas en Catalunya. Este documento es el resultado del trabajo de diversos departamentos y unidades de la Generalitat, todos ellos implicados para abordar el encaje de la economía colaborativa y de plataformas en Cataluña, y así aprovechar todo su potencial. El objetivo es alcanzar un marco estable para el desarrollo de estas nuevas iniciativas garantizando una competencia leal y el respeto a los derechos de los consumidores y de los trabajadores, así como hacer difusión de los retos y oportunidades que representa este nuevo fenómeno.

El objetivo es alcanzar un marco estable para el desarrollo de estas nuevas iniciativas garantizando una competencia leal y el respeto a los derechos de los consumidores y de los trabajadores”

El informe contiene una caracterización de la economía colaborativa y ofrece argumentos sobre por qué es imprescindible adaptar el terreno para permitir el desarrollo de esta economía. Para cumplir con esta necesidad, se acuerda una revisión de todas las normativas sectoriales para adaptarlas al nuevo entorno y se avanzan medidas para aquellos ámbitos en los que la economía colaborativa tiene un impacto más relevante: el de la vivienda y turismo y el del transporte y movilidad. También se proponen medidas de actuación en ámbitos transversales (como el fiscal o el laboral) con el fin de garantizar que la economía colaborativa y de plataformas se integren en la actividad económica garantizando una competencia leal. El informe promueve la aprobación de un Código de buenas prácticas de las plataformas de economía colaborativa, e impulsa la firma de acuerdos de colaboración con las plataformas tecnológicas.

El aspecto más relevante y a la vez más propositivo del informe es su catálogo de propuestas. 24 propuestas divididas en 7 ejes de actuación culminan el trabajo de la Comisión Interdepartamental. Estas propuestas, como todo el contenido del informe, han sido pactadas entreun gran abanico de unidades de la Generalitat, además de haber sido consensuadas con expertos, instituciones, asociaciones y empresas de muy diversa índole. Cada departamento sabe cuáles son sus responsabilidades y las ha asumido. Todos ellos están dispuestos a llevarlas a cabo; el compromiso con el proyecto es real.

De hecho, son varias las iniciativas que ya se han tomado en esta dirección. La Dirección General de Turismo ha introducido modificaciones en su Proyecto de Decreto de Reglamento del Turismo de Catalunya: el concepto – hasta ahora abstracto e indeterminado – del homesharing (o vivienda compartida), situado en un vacío legal, estará regulado bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. La Dirección General de Tributos se ha puesto también manos a la obra: en breve publicará una guía que facilitará enormemente a este nuevo colectivo de ciudadanos productores la declaración de sus impuestos y, a la vez, está implementando nuevas figuras jurídicas que permitan una colaboración efectiva con las plataformas para la recogida del impuesto turístico.

Resumiendo, la voluntad última de la Generalitat de Cataluña a través de la aprobación del citado informe es proporcionar un marco de regulación estable y lo suficientemente amplio para que todos los operadores y usuarios puedan beneficiarse de estas nuevas realidades. El tan difícil y perseguido level the playing field es el objetivo.El progreso ha llegado, la tecnología digital está aquí. El campo es enorme, es inútil intentar ponerle vallas, la verdadera misión es velar por que éste sea fértil para todo aquél que quiera sembrar en él.

Anna Merino Castelló es jefa del Área de Competencia y Regulación del departamento de la vicepresidencia de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya.




Fuente: El país

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