El Departamento de Justicia de Estados Unidos retoma las ejecuciones en casos federales casi dos décadas después. El fiscal general, William Barr, ha ordenado este jueves a la Oficina de Prisiones que proceda a aplicar la pena capital a cinco presos condenados por asesinato, con el método de la inyección letal y utilizando una única droga, el polémico pentobarbital.

La última vez que se dio una orden similar fue en 2003. Barr ha señalado que de esta manera se “llevará la justicia a las víctimas de los crímenes más horribles”. El fiscal general de Estados Unidos ha explicado que algunos de ellos “torturaron y violaron” a niños y ancianos. La Oficina de Prisiones ha fijado en paralelo las fechas en las que se procederá a ejecutar a los cincos presos, que se encuentran en el corredor de la muerte por asesinato.

El Departamento de Justicia ha recordado que las dos cámaras del Congreso le autorizan “expresamente” a recurrir a las ejecuciones en casos federales y que la legislación penal está firmada por los presidentes de EE UU contra “los peores criminales”. También ha justificado el cambio en los protocolos explicando que los cinco presos que serán ejecutados fueron declarados culpables por un jurado en un juicio justo.

“Se lo debemos a las víctimas y a los familiares”, ha insistido Barr. Uno de los presos que será ejecutado bajo la nueva orden es el supremacista blanco Daniel Lewis Lee, que mató a una familia de tres, incluida una niña de ocho años. Otro es Lezmond Mitchell, que asesinó a una anciana y su nieta. Wesley Ira Purkey violó y mató a una adolescente antes desmembrar su cuerpo y quemarlo.

El cuarto condenado a muerte es Alfred Bourgeois, quien torturó física y mentalmente a su hija de solo dos años de edad, de la que abusó sexualmente antes de matarla a golpes. La lista la completa Dustin Lee Honken, que acabó con la vida de cinco personas, incluidas dos niñas de 10 y seis años de edad. Barr ha subrayado que cada uno de ellos cometieron sus crímenes contras las personas “más vulnerables de la sociedad”.

Las ejecuciones tendrán lugar en el penal de Terre Haute, en Indiana, entre diciembre de este año y enero de 2020. El Departamento de Justicia ha señalado que no hay impedimentos legales para seguir adelante. El protocolo federal que se seguirá en estos casos es muy similar a los que se utilizan en Georgia, Misuri y Texas. El pentobarbital se utilizó en más de 200 ejecuciones desde 2010.

“El Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley», ha concluido el fiscal general, al tiempo que explica que al ordenar las ejecuciones se podrá así avanzar «con la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”. La pena de muerte en EE UU la suelen aplicar solo los Estados más conservadores del país pese a que el Tribunal Supremo la restituyó en 1976.

Las ejecuciones a nivel federal son muy raras y se podría decir que desde 2003 hubo una moratoria informal. El Departamento de Justicia inició además durante la presidencia del demócrata Barack Obama una revisión de los protocolos que se estaban siguiendo al aplicar el método de la inyección letal, a raíz de una desastrosa ejecución en 2014 en Oklahoma que reavivó el debate de sobre la pena de muerte.

La Administración que preside ahora Donald Trump da por concluida ese examen y opta seguir adelante con las ejecuciones federales. Hasta la fecha solo se ejecutó a tres presos federales desde 1988. La más reciente fue la de Louis Jones, tras ser condenado por el secuestro, la violación y el asesinato de una mujer. La pena de muerte podría convertirse en uno de los temas de cara a las presidenciales.




Fuente: El país

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