En foto, protesta contra el cierre del Parlamento, este jueves en Londres. En vídeo, Rees-Mogg habla sobre el ‘no acuerdo’. FOTO: AFP / VÍDEO: REUTERS

El equipo del primer ministro británico, Boris Johnson, se debate ahora entre el uso de la ironía y la defensa de la legalidad de su decisión para contrarrestar el clamor en contra de la suspensión del Parlamento, ordenada el miércoles por la reina Isabel II a petición del ejecutivo conservador.

El furibundo euroescéptico y hoy ministro de Relaciones con el Parlamento, Jacob Rees-Mogg, se ha empleado a fondo durante toda la mañana en atender a los medios de comunicación y descalificar como una «nube de algodón azucarado» las protestas de todos aquellos que se han referido a la maniobra de Johnson como un «escándalo constitucional» (entre otros, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow; el exministro de Economía, Phil Hammond; el exabogado general del Estado, Dominic Grieve, o la ministra principal de Escocia, Nicole Sturgeon). «Que cambien el Gobierno o que cambien la ley», ha retado Rees-Mogg a todos los que se oponen a un Brexit sin acuerdo, y que dejen de «rechinar los dientes» y muestren algo de «valentía y agallas».

Downing Street ha contado a su favor desde el primer minuto con la falta de coordinación entre la amalgama de intereses contrarios a Johnson: los laboristas contra los liberales demócratas, los conservadores contrarios a un Brexit salvaje contra los compañeros de filas que solo desean que la salida de la UE se haga de un modo ordenado o los conservadores en general contra cualquier solución liderada por un político tan poco popular como el líder de la oposición, Jeremy Corbyn.

Pero la conmoción desatada en todo el país con una maniobra destinada a cerrar la voz del Parlamento, la piedra angular del orden político británico, ha pillado desprevenido al Gobierno. Algo más de un millón de ciudadanos han firmado ya una petición para que se eche atrás la decisión de cerrar el periodo de sesiones y dejar Westminster inactivo durante cinco largas semanas, en un momento crucial para el país: el 31 de octubre es la fecha fijada —en forma de ley para el Brexit, y si nada cambia, el Reino Unido abandonará la UE de forma automática y sin ningún tipo de acuerdo con Bruselas.

El asunto ha llegado ya a los tribunales a través de una doble vía. Los nacionalistas escoceses han pedido una revisión judicial de la orden de suspensión del Parlamento de Johnson, y lo mismo ha hecho la conocida empresaria Gina Miller, que en su momento logró una gran victoria legal al forzar al Gobierno a someter al Parlamento la decisión de poner en marcha el proceso de salida de la UE. Pero muchos expertos dudan que los jueces británicos estén dispuestos a cuestionar una de las escasas prerrogativas reales de las que aún dispone Isabel II, como es precisamente la posibilidad de concluir el periodo de sesiones. Lo que sí podrían cuestionar, según los medios británicos, es el consejo o petición que Johnson le hizo a la monarca. 

Estrategias

Así que los esfuerzos políticos por frenar la estrategia de Johnson se centran sobre todo en diseñar una estrategia parlamentaria que pueda ser rápida y eficaz. Los diputados apenas dispondrán de una semana, a partir del próximo martes, para intentar desplegar un golpe de efecto. Y, de momento, la apuesta más clara consiste en provocar un debate de emergencia (bajo el amparo parlamentario de la llamada Orden Permanente 24) para pedir a Bruselas más tiempo para activar el Brexit más allá del 31 de octubre y, además, que tenga fuerza legal. En condiciones normales, podría haber tiempo suficiente. Pero del mismo modo que la oposición explora todos los artilugios legales a su alcance para torcer el brazo al Gobierno, también está en ello el equipo de Johnson.

Ya se han aireado en los medios británicos estrategias tan retorcidas como paralizar el proceso legislativo, en uso del filibusterismo (alargar eternamente los debates de acuerdo con las normas parlamentarias) cuando el texto llegue a la Cámara de los Lores. O retrasar sine die la petición de sanción real de cualquier resolución, un último paso que corresponde al Gobierno y sin el cual la ley no entra en vigor.

Johnson está convencido de que tiene la sartén por el mango, y de que con su maniobra ha logrado descolocar a la oposición. En el peor de los casos, si la nueva sorpresa fuera una moción de censura que lograra retirar al Gobierno la confianza del Parlamento, el primer ministro encarrilaría la situación hacia unas elecciones generales que está convencido de poder ganar.

Y hasta ahora, a la espera de que el contraataque se termine de perfilar, Johnson solo tiene que aguantar el chaparrón de críticas y algún inconveniente menor como la dimisión de Ruth Davidson. La líder de los conservadores en Escocia ha anunciado este jueves su dimisión, pero ni siquiera ha querido vincularla a la decisión de Johnson de suspender el Parlamento, e incluso ha dado un margen de confianza al primer ministro para intentar lograr la revisión del acuerdo con Bruselas que su predecesora, Theresa May, no llegó a obtener.




Fuente: El Pais

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