El Ministerio del Interior ha “paralizado cautelarmente” una investigación científica que, desde 2016, ha aplicado una estimulación eléctrica cerebral a 41 presos violentos, 15 de ellos homicidas, para estudiar su agresividad, según ha confirmado a EL PAÍS un portavoz de Instituciones Penitenciarias. El experimento, realizado en las cárceles de Huelva y Córdoba, consiste en suministrar una leve corriente de 1,5 miliamperios en la frente de los reclusos y evaluar antes y después sentimientos como la hostilidad y la rabia.

Raquel Martín, una psicóloga de 25 años, lleva desde 2016 encontrándose en estas prisiones españolas con hombres condenados por asesinato y robos con violencia. Primero, la investigadora se interesa por los delitos por los que están en la cárcel y realiza un cuestionario de 40 puntos. Los reclusos deben responder si son falsas o verdaderas afirmaciones como “Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona” o “Algunas veces me siento como un barril de pólvora a punto de estallar”.

Después, Martín coloca electrodos en el cráneo de los reclusos y, durante media hora, procede a la llamada estimulación transcraneal con corriente directa, con el objetivo de activar su corteza prefrontal, un área del cerebro potencialmente relacionada con la agresividad. Son tres sesiones durante tres días. Al terminar, vuelve a hacer las mismas 40 preguntas.

Imágenes del estudio realizado en las prisiones de Huelva y Córdoba. Molero et al.

“Antes de la estimulación eléctrica, los presos suelen responder de manera muy violenta. Dicen que si se la hacen, se la pagan. Después de las tres sesiones, se sienten relajados y muchos dicen notar una especie de paz interior”, explica Martín. La investigación es su tesis doctoral. Los primeros resultados se publicaron en enero en la revista especializada Neuroscience y fueron divulgados ayer en la revista británica New Scientist. Esta tarde, Instituciones Penitenciarias ha paralizado la segunda fase hasta recibir un informe solicitado a la subdirección general de Sanidad Penitenciaria. El permiso para realizar el estudio se concedió con el PP en el poder, subrayan las fuentes de Interior.

El estudio está coordinado por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Molero muestra su sorpresa ante la paralización cautelar, ya que la segunda fase ya había sido aprobada por las autoridades penitenciarias el 22 de enero de 2019 y se iba a empezar a llevar a cabo este mismo mes en la cárcel de Huelva.

La psicóloga Raquel Martín.
La psicóloga Raquel Martín.

“La estimulación eléctrica tiene un potencial de uso muy alto”, explica el psicólogo. Sus resultados muestran caídas de hasta un 37% en sentimientos como la agresividad física. Los presos se apuntaron al experimento de manera voluntaria y no registraron efectos adversos relevantes. Un grupo de control, que fue sometido a un paripé de estimulación eléctrica, no mostró una reducción de la agresividad.

“La estimulación transcraneal con corriente directa es una técnica no invasiva, portátil, barata y sencilla. Si hay evidencia científica de que funciona, sería cuestión de regular su uso”, defiende Molero. Estudios recientes han mostrado su potencial como tratamiento de trastornos como la ansiedad y la depresión.

El neurocientífico alemán Michael Nitsche también ha participado en los trabajos en las cárceles españolas. “En mi opinión, el resultado más interesante de este estudio es que sugiere una contribución del control prefrontal en, al menos, la agresividad subjetiva, por lo que mejora nuestra comprensión básica de los mecanismos de percepción de la agresión y, quizá, también del control neuronal del comportamiento agresivo”, apunta el científico, del Centro de Investigación Leibniz, en Dortmund. “Futuros estudios dirán si esta percepción de una disminución de la agresividad se corresponde con una reducción real de la conducta agresiva”, advierte. En España, de momento, estas investigaciones están pendientes de la decisión de Instituciones Penitenciarias.




Fuente: El país

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