Pablo Iglesias, este jueves, en el Congreso de los Diputados. ANDREA COMAS

Pablo Iglesias ha comparecido este jueves por primera vez como vicepresidente en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados. Lo ha hecho a petición propia, para informar sobre las líneas generales de trabajo en su departamento, con competencia en dependencia, familia e infancia y Agenda 2030. «Que tenga que venir un relator de la ONU a la cuarta economía de la Unión Europea es para que todos sintamos vergüenza y nos pongamos a trabajar», ha lamentado, en referencia al informe que Philip Alston hizo público la semana pasada en el que se alertaba de las altas cifras de pobreza en España —más de un cuarto de la población está en riesgo de pobreza o exclusión—. El vicepresidente segundo del Gobierno ha apostado por aumentar el gasto social y mejorar la eficacia redistributiva para reducir la vulnerabilidad. 

Iglesias ha desgranado los objetivos fundamentales de su vicepresidencia, ya recogidos en el programa de gobierno adoptado entre el PSOE y Unidas Podemos. Entre ellos, el desarrollo de un ingreso mínimo vital. «Alston dijo que uno de los principales problemas era la insuficiencia de los programas de rentas mínimas. Será una prioridad absoluta de este Gobierno implementar una prestación pública estatal», ha afirmado Iglesias, quien ha constatado «desequilibrios» entre las comunidades autónomas. También ha reiterado que la primera ley que impulsará su vicepresidencia será la de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, algo que ha reclamado reiteradamente la ONU. El pasado lunes, en una entrevista en La Sexta, Iglesias se comprometió a sacarla adelante «más en unas semanas que en unos meses».

El vicepresidente ha prometido reforzar el «cuarto pilar del Estado de bienestar» a través de la aprobación de una ley marco de servicios sociales y de un «plan de choque» en dependencia. Ha recalcado que se compromete a reducir las listas de espera en un 75% esta legislatura. Se ha referido a ellas como una «vergüenza», con unas 260.000 personas esperando a recibir una prestación o servicio al que tienen derecho. Ha criticado que aún no se han revertido los recortes de 2012 y ha citado los fallidos presupuestos del año pasado, en los que se preveía una inyección de más de 800 millones de euros para el sistema. Iglesias ha prometido también una ley de diversidad familiar que proteja a las diferentes estructuras de familia, entre ellas las numerosas y las acogedoras; un impulso a medidas de apoyo a la adopción de familias LGTBI, a través de la filiación de mujeres lesbianas, y la protección jurídica a formas de convivencia estable fuera del matrimonio. 

Al hablar de la Agenda 2030, el vicepresidente ha asegurado que esta adquiere un «rango inédito» en el Gobierno, al tener estatus de secretaría de Estado. «La pasada década fue totalmente desperdiciada en lo que a Agenda 2030 se refiere. Hubo recortes en los servicios públicos y libertades cada vez más minadas», ha dicho Iglesias. La vicepresidencia tiene como objetivo lograr un «gran acuerdo de país para impulsar de forma activa y real» esta agenda y para que «no sea una mera declaración de buenas intenciones, sino que se traduzca en acciones ejecutivas». Un acuerdo que sea «lo más amplio posible, que cuente con la sociedad civil y con todos los actores con los que se puedan construir grandes políticas estratégicas». Y ha agradecido la labor de los «movimientos sociales, que han hecho más por la Agenda 2030 que la propia Administración». 

Presupuestos «coherentes»

Así que, ante este panorama, ha defendido unos Presupuestos Generales del Estado «coherentes». Iglesias ha afirmado que el Gobierno tomará medidas en educación para priorizar el sistema público —»en el momento en que un Gobierno deja de hacerlo, deja de ser democrático»— ; también lo hará respecto al derecho a la vivienda, «principal motivo de exclusión en España»; al mercado de trabajo, en un país con un «13% de trabajadores pobres», y al sistema fiscal, «que cuenta con amplios márgenes de mejora para apoyar las políticas de reducción de pobreza». 

También ha anunciado, en el marco de la nueva dirección general de Bienestar Animal, una ley de protección animal que incluya tanto a las especies domésticas como salvajes. Para evitar, ha dicho,»escenas indignantes» como la del cazador que dibujó las letras V, O, X en el suelo con 50 conejos muertos. Al mismo tiempo, ha anunciado planes de actuación que permitan a las comunidades autónomas «llegar al sacrificio cero» (no matar a los animales que acaban en los refugios) y «lograr el equilibrio entre el abandono de animales domésticos y las adopciones». Esta dirección general revisará leyes estatales como la de animales potencialmente peligrosos.   

«Vivimos en una democracia limitada por los poderes económicos. En un sistema que tiene limitaciones. A partir de ahí hay dos opciones: enfrentar de manera directa y frontal ese sistema o reconocer que la correlación de fuerzas implica estrategias diferentes, reformistas», ha dicho en su réplica tras las intervenciones de los portavoces parlamentarios de la CUP, EH-Bildu, Junts per Catalunya, Ciudadanos, PNV, ERC, Unidas Podemos, Vox, PP y PSOE. «Entendemos que desde dentro se pueden cambiar algunas cosas. Eso implica tragar sapos también. Algunos habrá que tragar y a otros no estaremos dispuestos», ha añadido. «Mi objetivo fundamental es aprovechar la ocasión histórica que supone este Gobierno de coalición». «Ojalá nos podamos poner de acuerdo en esto. Porque en realidad lo que estamos debatiendo aquí es cómo los derechos sociales se convierten en un asunto central en la negociación que todos los partidos políticos tendrán que hacer en los Presupuestos Generales del Estado», ha proseguido, para lograr «que haya un poco menos de injusticia».




Fuente: El Pais

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