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Francia cuestiona la necesidad de la ley contra las ‘fake news’ de Macron | Internacional


El texto legal ya no habla de “fake news”, ni siquiera de “falsa información”. La propuesta de ley que ha comenzado a ser debatida este jueves en la Asamblea Nacional francesa propone luchar “contra la manipulación de la información”. Y, tal como estipuló el presidente francés, Emmanuel Macron, se limita a los periodos electorales. Pese a las reformulaciones y las restricciones, los cuestionamientos a la necesidad de esta normativa no han dejado de crecer en una Francia que teme que una mayor regulación pueda afectar a la libertad de expresión.

La ley, que Macron anunció a comienzos de año, busca combatir un mal que han sufrido numerosas democracias en los últimos tiempos: la injerencia extranjera, especialmente de Rusia, y la propaganda, sobre todo en periodos electorales. Todo ello con el trasfondo del Brexit, las elecciones estadounidenses de 2016 y hasta las presidenciales francesas de hace un año, cuando la campaña de Macron fue víctima de varias fake news y filtraciones. Para ello el texto, que ha recibido ya múltiples enmiendas —incluido el cambio de “falsa información” a “manipulación de la información”— propone exigir una mayor transparencia a las plataformas digitales en periodos electorales. Además, prevé que un juez pueda detener de manera urgente la difusión de informaciones falsas y proporciona medios para interrumpir la difusión de servicios de televisión controlados o influidos por un Estado extranjero, algo de lo que Macron ha acusado directamente a las cadenas rusas RT y Sputnik.

Alemania y Francia, los únicos en Europa que legislan contra las ‘fake news’

Aunque buena parte de las naciones europeas han manifestado su gran preocupación por las fake news (noticias falsas), hasta el momento solo Alemania y Francia han elaborado —o están en ello— leyes para combatir las falsas informaciones y manipulaciones que, coinciden muchos gobiernos, amenazan las democracias. Reino Unido se ha limitado a crear una unidad especial de comunicación para “combatir la desinformación”, mientras que Italia ha decidido delegar este combate en la Policía Postal, la encargada de luchar contra el crimen en Internet y que será la encargada de estudiar —y verificar— las denuncias que hagan los ciudadanos sobre informaciones sospechosas. Unas medidas van más en sintonía con la Comisión Europea, que tras analizar la situación decidió no apostar por una legislación contra las fake news sino adoptar un “código de buena conducta”.

La normativa ha sido duramente criticada por toda la oposición, de izquierda a derecha.

“Cuando el poder comienza a definir lo que es la verdad, la democracia está en peligro”, ha advertido el diputado de Los Republicanos Eric Ciotti. “Si mañana cuestionamos las cifras de desempleo, ¿será considerado una fake news? ¿Dónde está el cursor entre la verdad oficial y la libertad de expresión?”.

“La ley de la prensa puede ser mejorada. Pero la forma en que la ley sobre las fake news ha sido concebida es peligrosa, puesto que puede servir de base a una verdadera censura política”, ha declarado la ultraderechista Marine Le Pen, acusada durante la campaña de lanzar ella misma noticias falsas sobre Macron. Desde el otro lado del espectro político, el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, considera que el único objetivo de este texto es “dotar al poder de la libertad de designar, a su gusto, a los mentirosos a los que podrá impedir inmediatamente la palabra”.

Las críticas también han llovido desde los medios de comunicación, que consideran suficientes las leyes ya existentes al respecto, incluida una que data de 1881.

La nueva normativa es “ineficaz y potencialmente peligrosa porque entramos en algo que podría conducir a la censura”, dijo a la Agencia France Presse Vincent Lanier, del Sindicato Nacional de Periodistas. El organismo aprobó en marzo una moción por unanimidad que denunciaba como “liberticida” una ley que “amenaza la libertad de informar y la libertad de expresión”. En un duro editorial, el director de Le Monde, Jérôme Fenoglio, tampoco dejaba lugar a dudas este jueves de su opinión desde su titular: “La confianza en la información no se decreta”, sostiene el periódico francés, para el que se trata de una ley “inútil” que no soluciona el verdadero problema de la sociedad actual, “la desconfianza creciente de los pueblos ante sus instituciones”.

Unos recelos que el Gobierno dice no compartir ni comprender. El portavoz del Ejecutivo, Benjamin Griveaux, afirmó que la ley permitirá “ejercer mejor la democracia” y es una normativa “garante y protectora de las libertades fundamentales”. Y la ministra de Cultura, Françoise Nyssen, defendió ante los legisladores lo que calificó como un texto “equilibrado” que “completa el arsenal jurídico francés mientras mantiene las salvaguardas necesarias para la protección de las libertades”.




Fuente: El país

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