Uno de los fenómenos más contradictorios del tiempo político actual es la desconexión entre algunas de las causas económicas de los movimientos extremistas y las propuestas políticas de los movimientos políticos que parecen tener éxito capitalizando este descontento. Si el problema de las zonas rurales es la creciente falta de oportunidades laborales y el deterioro de sus servicios públicos, ¿cómo es posible que triunfen quienes proponen dificultar la provisión pública de servicios a través de rebajas de impuestos o impedir que la inmigración imprima dinamismo a unos mercados laborales estructuralmente envejecidos?

Esta discrepancia entre demandas y soluciones revela que la crisis política no se debe solo a un déficit de propuestas, sino que está causada también por un problema más profundo de confianza: una parte de la ciudadanía no cree que las instituciones democráticas tomen decisiones que tengan en cuenta sus intereses.

Recobrar la confianza de los ciudadanos es por tanto tan prioritario como poner en marcha políticas públicas que corrijan los desequilibrios existentes. No es una tarea fácil. Los partidos —el eslabón principal a través del cual las democracias agregan las demandas y las transforman en decisiones colectivas— están muy debilitados. Se han vuelto frágiles hacia dentro —son incapaces de disciplinar y moldear las preferencias de sus simpatizantes— y hacia fuera se enfrentan a múltiples obstáculos para poner en marcha sus políticas cuando acceden al poder. ¿Y si estamos tensionando demasiado en exceso a los partidos, exigiéndoles respuestas a retos para los que no están preparados? ¿No sería deseable descargarles de algunas tareas para que no estemos permanentemente frustrados con ellos?

Algunos países se están atreviendo a experimentar con nuevas formas de participación democrática que no pasan por los partidos. En Irlanda se han convocado varias asambleas ciudadanas con miembros seleccionados por sorteo cuyas propuestas han desembocado en reformas constitucionales. En Francia, Macron ha convocado una convención ciudadana sobre el clima compuesta por 150 personas, también seleccionadas al azar, que tienen el mandato de hacer una propuesta socialmente justa para reducir las emisiones de carbono en la próxima década.

Si la solución a la crisis de la democracia pasa por mostrar a los ciudadanos que su voz será tenida en cuenta, habrá que ser imaginativos.

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Fuente: El Pais

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